Gorras, camisetas, libros, presentaciones en Nueva York, Milán, Munich... y una “relación de arquitectos que da miedo”: así es como describe Javier Rodríguez Fernández algunos de los excesos del proyecto megalómano de la Ciudad de la Justicia, que pretendía unificar todas las sedes judiciales de Madrid en Valdebebas, y para el que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González gastaron 130 millones de euros, de los que han ‘desaparecido’ por completo cerca de 105 millones.

Rodríguez fue apoderado de la sociedad gestora, Campus de la Justicia, entre octubre de 2011 y febrero de 2013, por lo que estuvo bajo las órdenes de los consejeros de presidencia Regina Plañiol y Salvador Victoria, imputado por su supuesta vinculación con la trama corrupta Púnica.

De hecho, Rodríguez señala a los responsables políticos del costoso fiasco de la administración Aguirre, y asegura que “la única irregularidad [de la sociedad] era no aprobar las cuentas” en plazo, cosa que ocurrió en todos los ejercicios, menos en el de su primer año de actividad. “Para hacer un proceso de liquidación hay que firmar las cuentas”, señalaba este martes el apoderado, insistiendo en que intentó avanzar en el proceso de liquidación -que no fue efectiva hasta 2015-, pero después de las elecciones de 2011 “nadie quería saber del Campus de la Justicia, todo el mundo se ponía de perfil”. “Me cansé de dar con los nudillos en las puertas para que se agilizase su disolución”, afirmaba durante su comparecencia ante la comisión de estudio del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, en el parlamento autonómico.

"Me cansé de dar con los nudillos en las puertas para que se agilizase su disolución"

Rodríguez recuerda que en 2008 , cuando se paralizan los proyectos, “allí nadie quiere saber nada, no hay liderazgo” ni “compromiso político” para sacar adelante el proyecto o acometer su liquidación. El apoderado, ingeniero de caminos de profesión, critica los errores en la “tipología de los edificios” –el único existente de la docena proyectados es redondo y está “sobredimensionado”-, pero también la contratación de una mayoría de profesionales junior , la excesiva rotación en los cargos de responsabilidad y otras tantas aristas del proyecto.

Denuncia que el PP le tuvo “tres años en un chiscón sin trabajo ni nada”, hasta su cese, y critica que el proyecto estaba mal planteado también en lo económico. "Faltaba un plan general, se aportaban recursos cada poco tiempo. No era manera de llevar una sociedad de esa envergadura”, sostenía Rodríguez este martes.

Los datos arrojados por la comisión de estudio promovida por Podemos le dan la razón: la sesión anterior permitió destapar que el Gobierno de Aguirre inyectó 8,2 millones en la sociedad en 2012, a pesar de que había decidido su disolución un año antes. Y esta es sólo una de las irregularidades detectadas, apenas la punta del iceberg de uno de los casos más sonados de despilfarro de dinero público en los últimos años, en la que se mezcla el pago de 10,7 millones de euros al arquitecto Normal Foster por un proyecto que nunca se edificó con las "guerras internas" del PP, que según PSOE o Podemos también utilizaron la Ciudad de la Justicia como arena de combate para estas trifulcas. "Hagan las comparecencias de todos los que puedan porque entre todos nos acercaremos a la verdad", zanjaba Rodríguez al cierre de su intervención.

"La comisión va a poner de manifiesto que probablemente los niveles de deuda de la Comunidad de Madrid tienen que ver con el despilfarro, y quizás con la corrupción", sostenía este martes el portavoz de Podemos en la comisión de estudio, Eduardo Gutiérrez. El diputado recuerda el "despilfarro" denunciado por Rodríguez, y advierte que será necesario esclarecer qué entidades contrataron con esta sociedad 100% pública. "Podría ocurrir que nos encontráramos con empresas que contratan con Gürtel o Púnica", advierte.

El número dos de Cifuentes, sobre la documentación: "Si algo se ha perdido, se habrá perdido ya"

El primer compareciente en la sesión de este martes era Ángel Garrido, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de Cristina Cifuentes. Y, mientras Rodríguez se mostraba concreto y preciso, Garrido lanzaba varios balones fuera.

El número dos de Cifuentes no se ha aproximado siquiera a la autocrítica, y tampoco se ha atrevido a garantizar que no se haya 'extraviado' documentación sobre el proyecto, sólo que desde hoy no va a ocurrir: "Si algo se ha perdido, se habrá perdido ya".

En esta línea, Garrido ha insistido en que la documentación ocupa "100 metros lineales" de espacio, y alega que por ello no ha podido dar respuesta a todas las preguntas. "No creo que se atreva usted a venir sin todos los papeles [dice, citando las palabras del portavoz de Podemos]: Pues sí, me he atrevido". "Si no, hubiera tenido que venir con un tráiler", responde.

"Las cuentas que tenemos son las que vamos a entregar, primero al Consejo de Gobierno y luego a la Cámara de Cuentas", apunta, antes de pasar la pelota al los socialistas. Cree que el discurso de su portavoz en la comisión, Mercedes Gallizo, es propio del "viejo PSOE", y ante las preguntas sobre si el PP no tenía conocimiento sobre lo que ocurría en Campus de Justicia, Garrido se limita a devolver el golpe: "¿No se enteró nadie en el PSOE?".

De hecho, el hombre fuerte de Cifuentes ha dedicado parte de su turno de respuesta a a cargar contra PSOE y Podemos, resaltando el "espíritu colaborador" que a su juicio comparten. "¿Son ustedes el mismo partido? Veo que sí", afirmaba, llegando incluso a hablar sobre la "telepatía" que considera existe entre ambas fuerzas. Sin embargo, al hablar de los 105 millones de euros de dinero público 'desaparecidos', Garrido no ha demostrado la misma elocuencia.