La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los integrantes de Equipo Económico, el despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006 (y del que se desvinculó dos años más tarde) por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las Cámaras de Comercio, han informado fuentes fiscales.

La querella se ha presentado en los juzgados ordinarios de instrucción de Madrid y está pendiente de turnarse al órgano que debe decidir sobre su admisión o no a trámite.

La querella de la Fiscalía contra Equipo Económico se dirige contra 7 personas (entre ellos,  un hermano del ministro, Ricardo, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel) y el propio despacho como persona jurídica por los supuestos delitos de: prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados, según confirman fuentes de la Fiscalía, informa Julia Pérez.

La querella se ha presentado en los juzgados ordinarios de instrucción de Madrid y está pendiente de turnarse al órgano que debe decidir sobre su admisión o no a trámite.

Este despacho, un conocido lobby madrileño, fue creada por Montoro a su salida del gobierno de Aznar en el 2006, junto a numerosos colaboradores del ministerio de Hacienda de entonces, entre los que destacan Ricardo Martínez Rico (presidente ejecutivo de la firma, y ex secretario de Estado de Presupuestos), Salvador Ruiz Gallud (director del área fiscal del despacho, y  ex director general de la Agencia Tributaria); Francisco Piedras Camacho (responsable del área económico-financiera de la firma, y exdirector del gabinete de la Secretaría de Estado), y Manuel de Vicente-Tutor (responsable del área regulatoria del despacho, y ex jefe del gabinete Técnico de la Agencia Tributaria). Entonces se llamaba Montoro y Asociados.

Montoro se desvinculó del despacho cuando en 2008 se reincorporó a la política activa. En su momento, el ahora ministro señaló que cuando abandonó el despacho que había fundado dos años, la consultora no había contratado con ninguna administración.

Investigados desde 2014

Anticorrupción mantenía unas diligencias de investigación abiertas sobre la actividad de esta consultora por un posible delito de vulneración de la Ley de Contratos del Estado relacionado con un contrato que el Consejo Superior de la Cámara de Comercio le habría adjudicado sin pasar por los trámites que marca la Ley. 

La investigación de Anticorrupción se inició en enero de 2014, para averiguar por qué se adjudicó ese contrato sin sacarlo a concurso público, ya que la ley establece que las adjudicaciones no pueden ser directas a partir de los 12.000 euros, y el precio inicial del contrato fue de 216.000 euros que posteriormente se rebajaron a 90.000.

El contrato firmado por Equipo Económico establecía la elaboración de un documento que sirviera como borrador para la ley de Cámaras de Comercio que se empezó a tramitar en el año 2012, aunque no se aprobó hasta dos años después. Este documento analizaba el impacto que tendría esta nueva ley sobre las cámaras de comercio, sus funciones, modelo de negocio y naturaleza jurídica.

La Cámara y Equipo Económico no han sido notificados

La Cámara de Comercio de España y la Equipo Económico han asegurado que no han recibido notificación alguna de la Fiscalía Anticorrupción sobre la querella, según Efe.

Fuentes de la Cámara de Comercio de España han asegurado que desde que tomó posesión el nuevo equipo de esta institución en junio de 2015, como consecuencia de la reforma del sistema cameral, no se ha recibido ninguna notificación ni requerimiento de información sobre el caso que es objeto de la querella.

Igualmente, desde Equipo Económico han asegurado que tampoco han recibido notificación de la querella contra su presidente, Ricardo Martínez Rico, y socios directivos, y que tampoco han tenido noticias de la Fiscalía Anticorrupción desde que se inició la investigación hace más de dos años y sus responsables fueron a declarar y aportaron la documentación solicitada.

Cuando salió a la luz la existencia de esta investigación en marzo de 2015, Equipo Económico dijo que se había ajustado a los requerimientos fijados por el cliente para la celebración del contrato, mientras que el Consejo Superior de las Cámaras dijo que la adjudicación había sido legal, porque esta institución se regía por el derecho privado.