SEVILLA.- La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga el caso de los ERE, un escrito en el que solicita imputar a 26 personas, entre ellas el exministro Manuel Pimentel, por el pago de 300.000 euros de la Junta de Andalucía a trabajadores de la empresa Taller de Libros.

En el escrito de la Fiscalía se afirma que en la concesión de esta subvención, acordada en 2009 entre la Junta y la empresa que dirigía el exministro de Trabajo con el PP entre 1999 y 2000, "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido", lo que podría ser causa de "nulidad de pleno derecho".

Según la Fiscalía, "no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo", cuyos sistemas para determinar la empresa elegida como los importes son "totalmente discrecionales".

Además, no hay "publicidad, concurrencia y objetividad" para esta subvención y tampoco se ha acreditado su carácter excepcional, según la Fiscalía, que reprocha a la Junta la concesión de estas ayudas de forma habitual y reiterada durante más de diez años.

"Sorprendido"

El exministro de Trabajo Manuel Pimentel se ha mostrado hoy "sorprendido" porque la Fiscalía Anticorrupción solicite su imputación en el caso de los ERE, y ha defendido que cumplió con la "estricta legalidad" durante la crisis de la empresa cuyo consejo de administración presidía, Taller de Libros.

Pimentel ha subrayado que no había "nada ilegal ni oscuro" por parte suya ni de los "trabajadores honrados", a los que la Fiscalía también pide imputar, y ha enmarcado sus reuniones con responsables de la Junta de Andalucía en las habituales de cualquier gestor para defender a su empresa.

El exministro ha enfatizado que, cuando presidió el consejo de administración de Taller de Libros y ante el concurso de acreedores de la compañía, los trabajadores pidieron una ayuda que siempre consideraron "legal" a la Junta de Andalucía y que finalmente se les concedió.

Además, ha indicado que no tenía ninguna relación con la otra empresa a la que alude en su escrito la Fiscalía, Graficomo SA, que en 2005 se liquidó con un plan que incluía la enajenación unitaria a favor de Taller de Libros y a la que la Junta había concedido una ayuda por un millón de euros.

La petición de imputación "está traída por los pelos", ha criticado Pimentel, que ha reiterado el hecho de que no tiene "nada que ocultar" en su labor al frente de la empresa Taller de Libros.