Varios testigos del caso de las presuntas facturas falsas de la UGT-Andalucía afirmaron que toda la Ejecutiva Regional cobraba sobresueldos de entre 900 y 3.000 euros mensuales pagados en parte con fondos de la Consejería de Empleo, y que el descuento que exigían a sus proveedores era conocido como 'canon revolucionario'.

Estos datos se han conocido al levantarse el secreto del sumario, al que ha tenido aceso Efe, sobre el caso que mantiene imputados en el juzgado de instrucción 9 de Sevilla al extesorero de la UGT-A Federido Fresneda, a dos responsables de la contabilidad del sindicato y a 13 empresarios 'de confianza' que presuntamente se prestaron a emitir facturas falsas que luego el sindicato entregaba a la Junta para justificar las subvenciones para formación.

José Miguel G.R., empleado en el Departamento de Justificación, declaró a la Guardia Civil que todos los miembros de la Ejecutiva Regional cobraban, además de sus retribuciones, un sobresueldo de entre 900 y 3.000 euros al mes, que se cargaban en parte a un programa de Organizaciones Sindicales subvencionado por la Consejería de Empleo.

El ex secretario general Manuel Pastrana, que ocupó el cargo entre 1998 y el 2013, cobró durante un tiempo 3.000 euros, pero además tenía 'coche con chófer, el alquiler de su vivienda y una VISA Oro a su disposición', según Germán Damián D.S., responsable de Formación en la Ejecutiva andaluza entre el 2005 y el 2009.

El propio Fresneda y Ana Pérez Luna, exsecretaria de la Mujer, tenían un sobresueldo de 1.500 euros, según José Miguel G.R.

'Toda la Ejecutiva' conocía como 'canon revolucionario' el llamado 'rappel' o descuento que la UGT-A conseguía de sus proveedores pero que luego no reflejaba en las facturas que presentaba a la Junta para justificar las subvenciones, según este testigo.

'Fresneda no hacía nada sin la aprobación de Manuel Pastrana'Entre otros aspectos, aseguró estar 'convencido' de que Fresneda no hacía nada 'sin la aprobación de Manuel Pastrana'.

Un trabajador del Departamento de Administración de la UGT-A, Roberto Alejandro M.C., declaró a la Guardia Civil que el encargado de hacer las auditorías preceptivas para justificar ante la Junta las subvenciones 'firmaba los informes sin realizar ninguna comprobación o revisión'.

La Guardia Civil, según el atestado al que ha tenido acceso Efe, mantiene que las subvenciones de la Junta se habían convertido en una 'vía alternativa de financiación' de la UGT-A, quien pagaba con los fondos de formación el cien por cien de sus gastos estructurales como agua o luz y casi el cien por cien de sus gastos de personal.

Entre otros 'artificios', el atestado recoge como 'otra fuente de financiación' las pólizas de seguro que cubrían las acciones formativas, que se contrataban siempre con ASP, propiedad del sindicato, empresa que 'siempre devolvía el 50% del importe de la póliza a UGT' y posteriormente otro porcentaje adicional si el contrato vencía sin incidentes.

Por otra parte, existía la 'práctica habitual' de que fundaciones y entidades vinculadas a la UGT-A como FUDEPA, SORALPE o la Fundación Esculapio emitieran facturas por consultoría o alquileres.

La UGT-A disponía de un programa informático propio, llamado Spyro, para gestionar el 'bote' conseguido con los descuentos e 'integrar ambas realidades, la contable y la presentada ante la Junta', lo que según la Guardia Civil 'refleja lo institucionalizado del sistema'.

El 'bote', según el atestado, llegó a crecer 'de manera espectacular' de forma que 'escandalizaba a todo el mundo'.

La Guardia Civil recoge en su informe numerosos correos electrónicos en los que María Dolores Sánchez Montaño, responsable de Compras de la UGT-A, imputada en el caso, comunica a sus proveedores que deben cambiar el concepto de las facturas y en uno de ellos pide que no figuren 'fechas, nombres ni el concepto Organización Sindical' sino 'Actividades Sindicales Preventivas'.

En numerosos correos, los responsables de la UGT-A encargaban billetes de avión, tren y hoteles a sus proveedores 'contra el saldo que tenemos a nuestro favor'.