Llega la efeméride más importante para el movimiento independentista. En el epicentro de la tardor calenta [otoño caliente], el 1 de octubre: una de las experiencias de organización popular que ha llevado más lejos el desafío contra el Estado en los últimos 40 años. La fecha del referéndum fue un punto de inflexión en el estado anímico del soberanismo, que ha visto como la ilusión de hacer efectiva la República proclamada el 27 de octubre se ha ido desdibujando poco a poco entre la implacable oposición del ejecutivo central y la ambigüedad de un gobierno catalán que se paró a la línea de meta. La calle, con obstinado compromiso, pasó de poner el cuerpo a recibir la porra. Un año después del 1 de octubre, la política catalana respira otros aires.

La organización del referéndum ha pasado factura a las posiciones de los partidos independentistas, que llegan a este aniversario con una rebaja discursiva respecto a las posiciones de ruptura de octubre. Los golpes recibidos en el frente judicial y las expectativas generadas por la entrada de Pedro Sánchez a la Moncloa han devuelto tanto a ERC como a los postconvergentes a la casilla de salida: referéndum pactado con el Estado y diálogo bilateral. Nada que ver con las adjetivaciones que se atribuían al primero de octubre a las puertas de su celebración, cuando desde la Generalitat se aseguraba que los resultados se harían efectivos a pesar de que esto implicara una confrontación directa con el Estado, siempre con la no-violencia como frontera.

"Si llega una suspensión o inhabilitación del TC, que no es competente en esta esfera del derecho a nivel internacional, no nos detendrá, nosotros proseguiremos", decía la secretaria general de ERC ahora al exilio, Marta Rovira, a principios de septiembre del año pasado, haciendo referencia al derecho a la autodeterminación. A pesar de que los republicanos siempre han insistido que su escenario ideal era lo del diálogo con el Estado, estos días se hace difícil situarlos en tesituras de desobediencia tales como las que defendían hace doce meses. ERC apuesta por la necesidad de ensanchar la base, de ralentizar los ritmos: "Si el 1-O es una lección de país, el 3-O es el horizonte", decía Rovira hace unos días al diario El 9 nou. “Nunca seremos independientes por la vía de la insurgencia. Pero ellos nunca conseguirán que pertenezcamos a España por una vía que no sea democrática", opinaba en una entrevista en el semanario El Temps el diputado en el Congreso, Joan Tardà. Distancias marcadas con la desobediencia y fuego lento para abrir espacios desde la bilateralidad.

En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, apostaba por el referéndum acordado con el Estado sin complejos a la conferencia de inicio de curso político. Lejos queda la determinación del ejecutivo de Carles Puigdemont, quién llegó a llevar a votación la declaración de independencia al Parlamento el 27 de octubre, el mismo día que el Senado aprobaba la aplicación del artículo 155. La estética de aquel acontecimiento, que quedó sin efecto después del exilio de Puigdemont y el resto de consejeros, conecta con el vestido retórico con el que la postconvergencia complementa su apuesta actual. Este mismo domingo, durante el acto oficial en conmemoración al 1 de octubre, Torra ha reivindicado el espíritu de desobediencia del 1-O: "Habiendo perdido el miedo, ser capaces de dar el paso que hicimos de un acto de desobediencia civil como pocos se han hecho en la historia de Europa. Esto es el que tenemos por delante y lo podemos hacer", ha dicho. Puigdemont, durante el acto de presentación del enésimo espacio político creado por exconvergentes, la Crida Nacional per la República del pasado julio, no renunciaba ni una coma a la estrategia de la desobediencia: "Sabemos que es un camino difícil, pero queremos continuar recorriéndolo con las mismas herramientas que nos han traído hasta aquí. Porque funcionan, son las mejores, y son las que tenemos en nuestras manos". Pero detrás la épica, el objeto de este gobierno sigue pasando por Madrid.

En la otra cara de la moneda, el 1 de octubre deja un bipartidismo español más polarizado que nunca en cuanto al eje nacional. Por un banda, un PSOE que se ha acercado a la Generalitat haciendo malabares para rebajar tensiones sin renunciar a la línea infranqueable del referéndum por la independencia. Por la otra, el PP de Pablo Casado, que se acerca a los discursos aznaristas y apuesta por la oposición más dura contra el independentismo. Un año después, Pedro Sánchez deja pasar este primero de octubre sin hacer demasiado ruido. Los socialistas mantienen la defensa de la bilateralidad dentro del marco constitucional y el Estatuto de autonomía sin que esta necesite de posiciones grandilocuentes en cuanto a las movilizaciones de la sociedad civil. Bajo la alfombra de la "normalidad institucional" que defienden haber conseguido, se acumulan las demandas del independentismo, los aniversarios a la calle y un juicio por los presos que se llevará el protagonismo de este curso.

La sociedad civil protagoniza el 1-O

Los movimientos en política institucional de este año –ya sean por un proceso de aprendizaje o por renuncias políticas– han generado un impacto evidente en la sociedad civil. La sensación de sacrificio y de entrega durante la organización del referéndum ha evolucionado en frustración al ver que, un año después, los costes de aquella experiencia de desobediencia masiva están más presentes que el rédito conseguido. La masa de gente que ha continuado movilizada -pasando por encima de la persecución de activistas de los Comités en Defensa de la República (CDR) y el encarcelamiento de los dos líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- se siendo poco acompañada por unos partidos políticos que, además, protagonizan disputas por el liderazgo dentro del bloque. Muestra de ello han estado las diferencias causadas por la suspensión de diputados o por la presentación de una polémica moción en el Congreso entre el PDeCAT i el PSOE que finalmente no llegó a puerto.

Así lo expresaba la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, este 11 de septiembre: "No derrocháis las victorias que hemos conseguido", decía ante el millón de personas concentradas a la Avenida Diagonal. Dardo envenenado hacia representantes institucionales. Por el contrario, su actual homólogo en Òmnium Cultural, Marcel Mauri, intentaba prevenir a la ciudadanía partidaria del 'tenim pressa' [tenemos prisa] contra la desmovilización: “Esto quizás no será ni rápido ni fácil”.

Este domingo, los municipios catalanes se han llenado de actas organizados por los vecinos en cada centro de votación. En los titulares, vuelven a salir los nombres de pequeños centros urbanos y de los barrios que fueron los protagonistas durante aquella jornada, ya sea por la brutalidad policial o por las astucias de los vecinos y vecinas que escondían urnas a ascensores, misas y cementerios. Son, entre otros muchos, los de Dosrius (Maresme), Sant Joan de Vilatorrada (Bages), Callús (Bages), Sant Carles de la Ràpita (Montisà), o Sant Julià de Ramis (Gironès), municipio donde tenía que votar Puigdemont y que mañana acogerá de manera excepcional el Consejo Ejecutivo del gobierno catalán, además de puntos de votación referenciales como la IES Pau Claris, la Escuela Mediterránea o la IES Jaume Balmes, de Barcelona.

Toca abrir el cajón de la memoria y recuperar unas imágenes que quedaron grabadas a la retina de independentistas y no independentistas; una celebración agridulce entre la victoria y la impotencia de la denuncia no atendida. Se prevé que la asistencia a la manifestación "Recuperamos el 1-O" sea masiva, que arrancará a las 18:30h del lunes en la plaza Catalunya de Barcelona y culminará ante el Parlamento, en el parque de la Ciutadella. De las efemérides del independentismo, esta será, sin duda, la que pondrá en el centro de manera más evidente la base sobre la cual se hizo posible el referéndum, la gente.