Cuando un Gobierno se sostiene en un pacto entre dos fuerzas políticas rivales, el ecuador de la legislatura suele marcar un antes y un después en sus relaciones: los discursos se endurecen, las estrategias cambian en previsión de un adelanto electoral y se sustituye la palabra negociación por otras más gruesas, como ultimátum. Así lo hizo Izquierda Unida (IU) a mitad del mandato anterior, cuando compartió gabinete con el PSOE andaluz, y así tiene previsto hacerlo en los próximos días Ciudadanos, el nuevo socio de los socialistas.

Lo habitual es que el partido pequeño de la coalición de Gobierno dé muestras de impaciencia por el retraso en la ejecución de los compromisos adoptados en el arranque de legislatura, que aumente su presión sobre el socio grande y que empiece a exigirle soluciones con más rotundidad. La formación naranja, al contrario que IU, no forma parte del Consejo de Gobierno de Susana Díaz, pero sostiene igualmente a su Ejecutivo desde la bancada de la oposición.

Ciudadanos ha pactado con el PSOE una misma agenda política, ha apoyado dos presupuestos autonómicos y ha garantizado la estabilidad del Ejecutivo andaluz incluso cuando la presidenta estuvo más ausente, volcada en las primarias por el control de su partido. Ahora, la formación de Albert Rivera amaga con retirarle ese apoyo si en el plazo de dos meses Díaz no cumple una exigencia muy concreta: que los próximos Presupuestos Autonómicos para 2018 incluyan la bonificación de las herencias de hasta un millón de euros.

Se trata de una medida pensada para el beneficio de un estrato social muy específico (menos de un 7% de andaluces paga esta tasa), un sector de cierto poder adquisitivo e ideológicamente más próximo a los postulados de la derecha. De hecho, la promesa de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones -que es lo que en la práctica supone bonificar al 99% las herencias más altas- es un caballo de batalla que PP y Ciudadanos vienen disputándose desde principios de la legislatura. El partido naranja ha elegido el momento idóneo para apretar las tuercas al PSOE andaluz, no sólo porque se acaba de superar el ecuador del mandato, sino porque ambos socios tienen que pactar el anteproyecto de ley de los Presupuestos para 2018 antes del 31 de octubre.

Durante los próximos dos meses, los nueve diputados naranjas harán gala de tener la sartén del Gobierno de Susana Díaz por el mango y se les oirá mucha contundencia, mucha determinación y mucho ultimátum. La primera reunión entre PSOE, Ciudadanos y la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá lugar el próximo martes, y el portavoz naranja, Juan Marín, no está dispuesto a quedarse sentado mucho tiempo si no se aborda “prioritariamente” la eliminación del impuesto de Sucesiones. “Si no se empieza por ahí, no habrá nada que negociar. Nos levantamos de la mesa y que se busquen a otro aliado”, dice, apelando a ese gesto simbólico que en política significa “dar por rota la negociación”.

El año pasado Ciudadanos ya logró ampliar la exención fiscal para herencias de hasta 250.000 euros (hasta entonces sólo estaban libres de pagar aquellos que recibían una donación de hasta 175.000 euros), y este curso quiere dar el golpe definitivo de gracia a este impuesto, convencido de que serán los últimos presupuestos autonómicos que negocien con el PSOE en este mandato. Si lo logran, podrán presumir de haber coartado la agenda política del Gobierno socialista y de haber cumplido lo prometido con sus electores (y los del PP). Y si no lo logran, habrá quedado escrito el relato para justificar un posible adelanto electoral.

Adelanto electoral, ¿riesgo o artificio?

Esta música, claro, tiene mucho de artificio político. Ciudadanos, la cuarta fuerza del Parlamento andaluz, se reconoce como llave imprescindible para la gobernabilidad de Andalucía, y su discurso pivota entre la responsabilidad institucional y el azote del Gobierno. No ocupar sillones en el gabinete de Susana Díaz les permite a los naranjas más flexibilidad de la que tuvo IU para compaginar el doble rol de socios y oposición. Marín asegura que le están marcando la agenda a la Junta de Andalucía, mientras que el resto de fuerzas rivales acusa a la formación naranja de entreguismo ciego, y de ser la muleta de la presidenta andaluza más debilitada de la historia. “La situación no es comparable a la de 2015”, dicen fuentes del Gobierno, que admiten que hace dos años el adelanto electoral benefició a Susana Díaz, pero ahora no estaría tan claro.

Con artificio o sin él (ahora está de moda llamarlo postureo), también es cierto que esta música de ultimátum entre socios suele anticipar una ruptura del pacto y elecciones anticipadas. En diciembre de 2014, superado el ecuador de la pasada legislatura, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, convocó por sorpresa un referéndum vinculante dentro de su partido para que la militancia eligiera entre la continuidad de IU en el Gobierno de coalición o la ruptura del pacto con el PSOE.

La consulta se programó para seis meses después, y Maíllo avisó a Susana Díaz de que no se celebraría si en ese plazo el Gobierno aceleraba la agenda política y aprobaba cinco leyes prioritarias para IU: la ley integral de agricultura, la ley de banca pública, la ley de renta básica, la reforma de la ley de igualdad y contra la violencia de género y, una norma no incluida en el pacto: el decreto de suministros vitales, para “garantizar que no haya ninguna familia sin agua y sin luz”. Todo un ultimátum. Susana Díaz cogió el documento de IU, hizo una bola de papel con él, anunció la ruptura del pacto de Gobierno y convocó elecciones anticipadas, un año antes de lo previsto.

El órdago de Maíllo tuvo un error de cálculo: cuando lanzó sus exigencias, IU ya había apoyado los Presupuestos Autonómicos para 2015, garantizando al Gobierno un año más de estabilidad, de modo que Díaz no necesitaba seguir amarrada a sus socios, ni tenía por qué cumplir su lista de demandas. A día de hoy, ninguna de las cinco leyes que la coalición de izquierdas exigió al PSOE en 2014 está en vigor, aunque algunas fueron incorporadas al programa electoral de los socialistas aquel año y sí se están tramitando.

Izquierda Unida, que pasó de 12 a cinco diputados en aquellas elecciones de 2015, se lamenta que el Gobierno andaluz haya pasado de debatir sobre una ley de banca pública que garantice créditos a pymes y respalde la economía social, a barajar “la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que grava sobre todo a los más ricos”. Para los socialistas, el cambio de socio también ha supuesto, según IU, un desplazamiento a la derecha en las prioridades políticas de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo de Díaz, sin embargo, defiende que sus presupuestos “siempre son de izquierdas”, ahora que gobiernan junto a Ciudadanos y antes cuando lo hacían con la formación de Maíllo.

La presidenta andaluza justificó el adelanto electoral en la supuesta “radicalización” de la nueva dirección de IU, señaló directamente al nuevo líder federal, Alberto Garzón, y le acusó de estar promoviendo ya la confluencia con Podemos con objeto de desplazar al PSOE del poder. Díaz zanjó dos años de Gobierno de izquierdas asegurando que no aceptaría ni “órdagos ni ultimátum” de sus socios. La oposición hizo otra lectura: la presidenta andaluza había precipitado los comicios para evitar que Podemos se hiciera más fuerte -por entonces ni siquiera estaban creadas las estructuras del partido en las comunidades-, y porque necesitaba legitimarse en las urnas en Andalucía antes de dar el salto a Madrid para sustituir a un inexperto Pedro Sánchez al frente de la secretaría general del PSOE.

Es poco probable que Díaz despache el órdago de sus nuevos socios como lo hizo en 2015 con IU. El PSOE reconoce haber gobernado más cómodamente con Ciudadanos de lo que lo hizo con los comunistas, sobre todo porque aquellos se sentaron en el Consejo de Gobierno, y los naranjas ni gestionan departamentos ni manejan información de primera mano.

Hay en el Ejecutivo andaluz quien teme que el adelanto electoral en Cataluña, tras el frustrado referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, precipite los acontecimientos de la política nacional, y termine por arrastrar a Andalucía. Pero la hipótesis de unas elecciones conjuntas es residual. Susana Díaz y su equipo -singularmente el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios- han sabido alimentar buenas relaciones con Ciudadanos, conviviendo dos años de mandato sin apenas sobresaltos. Ellos fueron quienes desbloquearon la investidura de la presidenta andaluza, y prácticamente son los únicos con los que los socialistas se entienden en un Parlamento muy fragmentado donde, sin embargo, la polaridad entre la derecha y la izquierda es total.

Sin Ciudadanos, es difícil imaginar un Gobierno del PSOE sostenido por otra fuerza. El año pasado por estas fechas, Podemos e IU tendieron la mano a Susana Díaz para que cambiase de aliado político, ofreciéndole su apoyo a los Presupuestos Autonómicos a cambio de que virase las prioridades del gasto hacia la izquierda. La presidenta no les tomó en serio. Podemos equipara al PSOE andaluz con el PP, y Susana Díaz cree que el partido de Teresa Rodríguez comparte la misma obsesión que la derecha: destruir a los socialistas.