Después de la crisis causada por la ruptura del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el PSOE de Andalucía, a cuenta del desacuerdo a la hora de cumplir con la eliminación de los aforamientos y otros puntos del pacto, un cierto (e irreal) orden ha regresado a la política andaluza. Hay quien piensa que se trata sencillamente de la calma que precede a la tormenta. La realidad es que todos los partidos están en alerta máxima y andan afinando sus instrumentos electorales a la espera de la decisión que tome la presidenta Susana Díaz, ahora que se ha quedado en minoría, al respecto de la fecha de las elecciones, sobre la que no suelta prenda.

La semana en Andalucía arrancó con una noticia de fondo, el regreso de Andalucía a las Comunidades más pobres, a las que la UE les dedica especial atención en términos económicos, y con los efectos colaterales del despeje de Pedro Sánchez, quien dispuesto a acabar con el ruido y la furia en que andaba metida la política española a cuenta de másteres y tesis doctorales, ubicó en primera línea de debate los aforamientos de los políticos, un asunto cuya reforma requiere de una reforma constitucional y, por tanto, en un Congreso con tantos actores decisivos, polémico en sí mismo.

El aforamiento de diputados y miembros del Gobierno había sido precisamente uno de los temas elegidos por Ciudadanos para liquidar el pacto con el PSOE y poder confrontar con ellos, durante este tramo final de la legislatura y en la campaña, en el terreno de la regeneración democrática. Sin embargo, Juan Marín, el presidente de Ciudadanos, poco después del anuncio de Sánchez, manifestó que el acuerdo seguía roto porque este asunto, el de los aforamientos, era solo uno más de los temas que el PSOE andaluz se negaba a cumplir.

Así, Marín enumeró la puesta en marcha de la oficina contra el fraude y la corrupción, la eliminación de las puertas giratorias en la administración y la reforma de la ley electoral en Andalucía, todos ellos asuntos incluidos en el documento que llevó a la Ejecutiva Nacional que decidió, “ante los incumplimientos del PSOE”, liquidar el acuerdo. “No es solo cuestión de eliminar los aforamientos, sino que hay muchas cuestiones que el PSOE-A debería cumplir y no lo hace”, dijo Marín, metido ya en su papel de oposición, el mismo lunes.

Con ello, dejaba la escena política andaluza tal cual estaba. Con cuatro partidos en la oposición y uno, en minoría, en el Gobierno. Al PSOE le ha bastado con decir que lo que ha hecho Sánchez era justo lo que ellos querían -trabajar antes el tema en Madrid y solo después hacerlo en Andalucía- para zafarse de la presión de la oposición, que trataba de ahondar en supuestas discrepancias al respecto entre Sánchez y Díaz.

Presupuestos rechazados

Así, a la espera de la presentación del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía, en los que trabaja desde antes del verano el Gobierno de Díaz, el Parlamento de Andalucía verá en su próximo Pleno, que se celebrará la semana que viene, tres leyes, la Ley de Igualdad, uno de los proyectos estrella del PSOE y del Gobierno andaluz, la Ley de Cambio Climático y la Ley Audiovisual de Andalucía.
Y este viernes se constituye, con el consentimiento de todos, incluido finalmente el del PSOE, la -muy anhelada por la oposición- comisión de investigación sobre la gestión en la extinta Faffe, una fundación pública en la que, en las etapas anteriores al Gobierno de Díaz, se descubrieron gastos de miles de euros con tarjetas de la Junta de Andalucía en un prostíbulo, un escándalo de primera categoría y una cuestión que investiga también la justicia.

Por tanto, en el próximo Pleno se podrá comprobar, en las votaciones de esas tres leyes y en los discursos, el grado de armonía o bien, el grado de ruido y bronca en que anda, en este punto, en su último periodo de sesiones, la legislatura andaluza.

“Estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos con el objetivo de su aprobación, igual que en años anteriores. Es nuestra obligación como gobierno serio y responsable”, dijo el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, este martes. Sin embargo, esos presupuestos, en este momento, tienen nulas posibilidades de ser aprobados.

Ciudadanos ya ha dicho que esta vez no le aprueba, como a lo largo de toda la legislatura, al Gobierno el presupuesto. Podemos e IU dicen que ellos están dispuestos a aprobar las cuentas, pero el PSOE no se lo cree (y tampoco parece muy dispuesto a hacer sacrificios, como ya ha comprobado Ciudadanos, en este momento). Y el PP, pues. Eso. Es el PP. No hay nadie que piense que le vaya a dar nada al PSOE. Esta es la situación real de la legislatura: Ningún partido quiere llegar demasiado cerca del vecino -todos quieren ir en solitario, con su proyecto, a los comicios- a las elecciones, que serán el próximo mes de marzo, salvo que se produzca un adelanto de unos meses que permita arrancar antes la legislatura y por tanto, también antes la negociación de unas nuevas cuentas. Aprobar nada menos que un presupuesto con el partido del Gobierno justo a las puertas de unas elecciones no parece que vaya a dar réditos en forma de votos a nadie. Ni tampoco al propio PSOE.