El Tribunal de Cuentas revocó este miércoles la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su Junta de Gobierno por la venta de dieciocho promociones de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.

La decisión de anular la pena correspondió a dos consejeros elegidos a propuesta del PP: Margarita Mariscal de Gente, ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar, y José Manuel Suárez Robledano , presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Ambos han librado a Botella y a sus ediles de  pagar 23 millones de multa por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas al fondo buitre Blackstone por un precio inferior al del mercado en 2013.

Felipe García, designado por el PSOE, emitió en un voto particular que mantiene que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento. Entiende que para fijar el precio se debió contar con al menos tres tasaciones porque ve la "inexistencia de un precio fundado y falto de tasación".

Tras conocer el fallo, la portavoz socialista de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, aseguró que Mariscal de Gante debería haberse abstenido en el fallo a favor de Botella por su vinculación con el entorno del expresidente José María Aznar, marido de la exalcaldesa.

El argumento del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas revierte así el fallo inicial dictado el pasado 27 de diciembre, que cifraba en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS por entender que se hizo a un precio inferior al valor mínimo posible.

La sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa municipal (que se mostraba disconforme con el precio máximo de la venta de los inmuebles y el criterio utilizado para determinar el daño al patrimonio público) y estima las alegaciones presentadas por todos los concejales que estaban condenados, a lo que se adhirió el Ministerio Fiscal.

El Tribunal de Cuentas considera, bajo el criterio de Suárez (ponente) y Mariscal de Gante, que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar "negligencia grave" a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera "impugnada en ningún modo".

Alude también a la existencia de informes (el más relevante el de Intervención Municipal, aunque también otros de instancias no municipales), que "no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra".

Botella no intervino directamente, según el fallo

El órgano fiscalizador entiende que Botella y su equipo "no intervinieron directamente en las operaciones" que desembocaron en las ventas del inmueble, que fueron gestionadas y verificadas por el exconsejero delegado (en alusión a Fermín Oslé) que había recibido el mandato de administrar y concluir la venta.

"La conducta desplegada por los antiguos miembros de la Junta de Gobierno municipal en los hechos objeto de las actuaciones no fue la causa directa de que se produjera el perjuicio a los fondos municipales, por lo que su cualidad de personas legitimadas pasivamente para imputarles, en este procedimiento de reintegro por alcance, una responsabilidad contable directa, no se ha producido en este caso sometido a enjuiciamiento", razona el fallo.

"Situación crítica de la EMVS" y "desplome" financiero

El Tribunal de Cuentas concluye que en 2012 la EMVS "enfrentaba una situación crítica" y que no se debe olvidar "cuáles eran las condiciones generales del mercado", marcadas por un "desplome" del mercado financiero que se mostraba también "reacio" a refinanciar créditos inmobiliarios. 

"Los precios de la vivienda acumulaban años de continuas caídas. La EMVS había sacado a subastas decenas de pisos en 2011 y 2012, pero dicho procedimiento demostró ser ineficaz, puesto que las ofertas fueron bajas y escasas", argumenta la sentencia

La portavoz socialista de Desarrollo Urbano

La portavoz socialista de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, cree que la consejera debería haberse abstenido en el fallo a favor de Ana Botella por su vinculación con el entorno del expresidente José María Aznar, marido de la exalcaldesa.

"Lamentamos esta sentencia, a pesar de que la esperábamos, teniendo en cuenta que la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas está presidida por una exministra de Aznar, Margarita Mariscal de Gante, que creemos que debería haberse abstenido de participar en la deliberación y fallo de esta sentencia", ha declarado Mercedes González.

La edil sostiene que se tenía que haber abstenido "no sólo porque fue ministra de Aznar, marido de Ana Botella, sino también por su reconocida amistad con un consejero del Tribunal de Cuentas llamado Manuel Aznar, cuñado de Ana Botella".

Los hechos declarados en la sentencia "están más que probados y son incuestionables", según González. "Declaraba el alcance contable y el perjuicio patrimonial por más de 120 millones de euros y por eso pedimos a la EMVS, que es la única que puede recurrir, como a la Fiscalía, que vayan al Supremo para recurrir en casación ya que es el máximo garante del Estado de Derecho en este país".

"Es un perjuicio que creemos que el Ayuntamiento debe recurrir, esté quien esté y gobierne quien gobierne, ya que se ha hecho muchísimo daño a la ciudadanía y hay que resarcir el daño", concluyó la portavoz socialista de Desarrollo Urbano.