El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete miembros de su gobierno a pagar casi 23 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado en 2013, en plena crisis económica.

Concretamente, Ana Botella y su equipo vendieron 1860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a los fondos bruite por 128,5 millones, cuando podría haber ingresado más de 151 millones, según el Tribunal de Cuentas, tal y como ha avanzado la Cadena Ser.

El organismo público declara responsables contables directos de la venta a la exalcaldesa Ana Botella y a todos los concejales del equipo de gobierno en aquel entonces que además formaban parte de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. Junto a ellos, ha sido condenado el que fuera máximo responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo: Fermín Oslé.

Todos ellos deberán asumir el pago solidario de casi 23 millones de euros para restituir el daño patrimonial causado al Ayuntamiento de Madrid.

El Tribunal de Cuentas considera que la venta de estas viviendas se realizó por debajo del precio de mercado y culpa a los citados responsables políticos de "incurrir en una negligencia grave" al "no impedir" el "perjuicio en el patrimonio público".  "La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público", dice el informe que habla, además, de "falta de transparencia" y "opacidad" en toda la operación.

El informe da por hecho, por ejemplo, que el fondo Blackstone tuvo información privilegiada y que el Gobierno de Botella pagó dos millones de euros a una empresa sin que se haya probado su participación en la compraventa.

Asimismo, denuncia que el Ayuntamiento no abriese un procedimiento con publicidad para que hubiera más ofertas y que no realizara una tasación fiable de los inmuebles que vendió. De hecho, el procedimiento de venta duró apenas 14 días.

La condena, informa eldiario.es, también da por hecho además que “la empresa municipal de la vivienda en Madrid no entró en una mala situación financiera por la crisis económica sino por su mala gestión” y recuerda que tanto la Intervención municipal como la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento ofrecieron “soluciones alternativas a la enajenación de las viviendas”.

Los acusados recurrirán

Fuentes de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento consultadas por Europa Press han avanzado que recurrirán una sentencia que no comparten. Según dicen, esta Junta no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas a que se refiere la decisión del Tribunal de Cuentas, sino que únicamente, en su condición de Junta General de Accionistas de la citada mercantil, ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado.un recurso. 

Incumple varios artículos de la Ley

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2016 ya denunció que la venta de estas viviendas públicas se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".

El organismo madrileño concluía que la venta incumplió la normativa interna y  varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), así como los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".

El Ayuntamiento estudia volver a pedir la nulidad

El Ayuntamiento de Madrid estudia la apertura de un nuevo proceso judicial para pedir la nulidad de la venta de viviendas públicas en 2013 a la vista de la sentencia en la que el Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa Ana Botella y seis ediles a pagar 22,7 millones por esta enajenación.

La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha explicado en rueda de prensa que sería la segunda vez que se inicia este proceso, pues el anterior tuvo que archivarse porque un informe del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, vinculante, se posicionó en contra, y espera que esta posición cambie a la vista del fallo.

Además, el Ejecutivo de Manuela Carmena se plantea recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas pues considera que perjuicio al erario es mayor al cifrado por el fallo, de 27,5 millones de euros, aunque celebra que el Tribunal considere que la forma en la que se enajenaron las viviendas fue ilegal al no contar con publicidad y hacerse por debajo del valor contable y el precio de mercado.