La brutalidad policial que estos días hace temblar las calles de las principales ciudades colombianas ha resonado en las oficinas del Gobierno español. Este miércoles, Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido por escrito al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez para reclamar que frene las autorizaciones de exportación de armamento a ese país, uno de los principales clientes latinoamericanos de la industria militar española. 

En su carta, AI advierte sobre las vulneraciones a los derechos humanos que se registran estos días en Colombia al calor de las protestas contra la reforma tributaria impulsada por el Gobierno que encabeza Iván Duque. El Ejecutivo colombiano ha llegado a movilizar al Ejército para reprimir las movilizaciones que se producen desde hace una semana y en las que han muerto ya una treintena de manifestantes. 

Por tales motivos, AI ha pedido al Ejecutivo español la suspensión urgente del "suministro de armas letales al Ejército y la Policía de Colombia que puedan usarse para reprimir las manifestaciones hasta que se haga justicia". Según datos de esta organización, "desde 2010 España ha exportado armas a Colombia por valor de casi 190 millones de euros, incluidas armas pequeñas y ligeras, munición y blindados". 

En un video elaborado en las últimas horas, AI denuncia además el empleo de armamento letal contra manifestantes. En una de las imágenes se puede ver incluso cómo un agente apunta con su arma de mano semiautomática contra las personas que participaban en una protesta el pasado domingo en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. 

Esas pruebas recogidas por AI y verificadas por su Cuerpo de Verificación Digital también aparecen citadas en la nota que esa organización de derechos humanos ha remitido al ministerio de Comercio "para alertar a la junta Interministerial que regula las ventas de armas".

"Profunda preocupación"

"AI ha hecho pública la evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones", señaló a Público Alberto Estévez, portavoz de AI sobre comercio de armas. En tal sentido, indicó que Amnistía "siente una profunda preocupación por las autorizaciones y exportaciones de determinadas categorías de armas que corren el riesgo de ser utilizadas en la represión de las manifestaciones".

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esta organización de derechos humanos, señaló por su parte que "las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas". "Asimismo, deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura", indicó en un comunicado. 

"Dolor e indignación"

Mientras tanto, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género ha dado a conocer una declaración en la que muestran su "preocupación, dolor e indignación" ante los "ataques contra la población civil, la prensa y las distintas formas de violencia contra las mujeres en esta coyuntura".

"Creemos en la libertad de expresión como un aporte a la construcción y el fortalecimiento de la democracia, así como el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y equilibrada. Rechazamos todas las prácticas violentas, discursos de odio y la censura que ponen en riesgo el Estado social de derecho", subrayó. Del mismo modo, la Red llamó a los medios de comunicación y periodistas a evitar la "estigmatización de la protesta social".