La presencia policial vuelve a incrementarse en las calles de toda España. Las primeras madrugadas del toque de queda han ofrecido imágenes de ciudades desiertas, marcadas por los controles dirigidos a detectar cualquier vulneración del nuevo estado de alarma, el cuarto de la historia de la democracia y el segundo a nivel nacional en siete meses. Del anterior afloran ahora datos que permiten dibujar el mapa de las multas y detenciones practicadas en cada una de las provincias.

Las cifras aparecen en un documento enviado por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había formulado una consulta sobre el número de sanciones registradas durante el primer estado de alarma, que finalizó el pasado 21 de junio. El representante abertzale había solicitado una pormenorizada relación de las propuestas de sanción y detenciones realizadas por los cuerpos de Policía Municipal en todo el Estado.

En su respuesta, Interior alegó que no disponía de esa información "en los términos solicitados", por lo que en su lugar ofreció un listado de las multas y detenciones practicadas por los distintos cuerpos policiales, así como otra tabla con los datos discriminados por provincias.

De esta manera, el documento señala que durante el primer estado de alarma decretado por el Gobierno hubo 1.142.127 propuestas de sanción y 9.173 detenciones. En materia de multas, 424.182 fueron impuestas por las distintas Policías Locales, mientras que 337.866 correspondieron a la Guardia Civil y 286.980 a la Policía Nacional. Los Mossos registraron 75.460, seguidos por la Ertzaintza con 13.454 y la Policía Foral de Navarra con 3.367. Cierra la lista el Cuerpo General de la Policía Canaria, con 818 sanciones.

En cuanto a detenciones por incumplimientos del estado de alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado practicaron 5.286 –de las cuales 4.016 corresponden a la Policía Nacional y 1.270 a la Guardia Civil– y las Policías Locales otras 2.817. Los Mossos realizaron 712 detenciones y la Ertzaintza 330, mientras que la Policía Foral de Navarra estuvo a cargo de 27 y la Policía Canaria de una. 

Más de 26.000 multas en Almería

La información remitida por Interior permite establecer también la tasa de propuestas de sanción y detenciones registradas en las distintas provincias. De esta manera, los cálculos realizados en base a esas cifras indican que Almería, con un total de 26.256 multas, registra un índice de 3.662 sanciones cada 100.000 habitantes. La media de todo el país fue de 2.428 expedientes cada 100.000. 

Detrás del territorio almeriense está Alacant, cuyas 66.724 sanciones suponen una tasa de 3.589 cada 100.000 habitantes. Luego figura València, con un índice de 3.332. En total, 23 provincias españolas superan la media nacional en materia de multas. Además, Ceuta registró 9.472 sanciones, equivalentes a una tasa de 11.172 cada 100.000, mientras que en el caso de Melilla, con 4.199 propuestas de multa, el índice es de 4.855. 

Las sanciones por los incumplimientos del estado de alarma que entonces afloraron por toda España y que ahora vuelven a estar en vigor oscilan desde los 60 euros hasta los 600.000 euros para los casos más graves. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, sirve de marco para la aplicación de estas multas, que durante el primer confinamiento llegaron a marcar un récord europeo: las sanciones aplicadas en los primeros 10 días por los distintos cuerpos policiales llegaron a triplicar a las impuestas en Italia en un mes. 

Las propuestas de sanción más habituales en el primer estado de alarma rondaron los 100 euros, lo que arrojaría una recaudación de 114.212.700 euros. Esta estimación, no obstante, parece estar lejos de cumplirse: Interior no ha confirmado cuántas de estas multas se han tramitado finalmente, mientras que distintos juristas y expertos pusieron en duda la viabilidad de algunas de esas sanciones. 

Casi 3.000 detenciones en Barcelona

En cuanto a las detenciones, hubo 19 provincias que se ubicaron por encima de la media nacional (19,5 cada 100.000 habitantes). Seis de ellas –Barcelona, Alacant, La Rioja, Albacete, Gipuzkoa y Cantabria– se ubicaron bastante por encima de esa cifra. En el caso de la provincia de Barcelona, con 2.933 detenciones, se llegó a 51 detenciones cada 100.000 habitantes, mientras que en Alacant el índice fue de 43 y en La Rioja llegó a 42. 

Las actuaciones policiales en el marco del estado de alarma no estuvieron exentas de polémica. Según denunciaron organizaciones como Amnistía Internacional, SOS Racismo o Rights International Spain (RIS), durante esos 90 días hubo diferentes casos de racismo policial. En un informe enviado a Naciones Unidas, RIS documentó "más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias".