Pegasus no existía, pero tampoco hacía falta. Durante al menos 30 años, los cuerpos policiales españoles practicaron todo tipo de seguimientos y escuchas ilegales contra la izquierda abertzale, tanto dentro como fuera del País Vasco. La lucha antiterrorista trazada por los sucesivos gobiernos incluyó estas prácticas, que se convirtieron en moneda corriente: no ha habido dirigente independentista que no conociera, de una forma u otra, este tipo de persecución.

El último día de marzo de 1986 deparó un terremoto en la sede de Herri Batasuna (HB) en Vitoria-Gasteiz. Unos técnicos de telefonía que realizaban trabajos en el interior del local notaron que algo iba mal. El pastel quedó al descubierto cuando retiraron las lámparas fluorescentes del techo: los cables de las líneas telefónicas estaban conectados al piso de arriba. 

Poco después, el registro realizado por orden judicial comprobó que en dicha vivienda había un sistema de grabación dirigido a controlar a los dirigentes abertzales que se reunían en esa sede política.

 "HB era una fuerza política legal y con una alta representación electoral. Lo que confirmamos entonces fue que el CESID nos controlaba", afirma a Público el veterano militante abertzale Tasio Erkizia.

La Audiencia de Álava condenó a los  ex directores generales del CESID –ahora convertido en CNI– Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón Fernández a tres años de prisión por este caso, mientras que los agentes Mario Cantero y Francisco Buján recibieron sendas penas de dos años y seis meses de prisión.

En abril de 2004, el Tribunal Supremo absolvió a Manglano, Calderón y Buján, mientras que mantuvo la pena contra Cantero, identificado como el agente que grabó las conversaciones. Al año siguiente, el Gobierno lo indultó.

"Justo enfrente de la sede de Gasteiz, en un bloque de casas, había una cámara situada en el primer piso que enfocaba hacia nuestra oficina. Todos éramos conscientes de esa cámara, pero el problema era que el espionaje se hacía en realidad desde el piso de arriba", relata a Público el dirigente independentista Rufi Etxeberria.

En la izquierda abertzale recuerdan también otros casos sonados, como el día de 1995 en el que Joxe Mari Olarra, otro conocido político independentista, encontró a dos personas manipulando el interior de su coche en Donostia. "Yo estaba ese día con Olarra. Recuerdo que les perseguimos unos 300 y casi pillo a uno de ellos. Eran dos tipos jóvenes. Hubo una denuncia, pero se archivó", recuerda Erkizia.

Sin control

Los casos de espionaje conocidos ahora contra políticos catalanes y vascos no sorprenden a Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno de Juan José Ibarretxe y actual portavoz de la red ciudadana Sare. "El CNI y la Guardia Civil siempre han actuado como un poder en sí mismo, no han tenido ningún tipo de control político y han actuado con una libertad absoluta", apunta.

El excoronel Alberto Perote, jefe operativo del Gabinete de escuchas del CESID, reconoció hace algunos años que Azkarraga estuvo entre los dirigentes espiados por los servicios secretos. "Incluso alardean de haberlo hecho, lo que demuestra la manga ancha con la que han actuado", afirma el exconsejero.

"Puedo dar fe"

Los seguimientos se volvieron constantes contra los dirigentes de la izquierda independentista que entre 2009 y 2012 pilotaron el proceso que condujo a la apuesta por las vías exclusivamente políticas. "Puedo dar fe de seguimientos físicos continuados contra quienes dinamizamos ese proceso de cambio de estrategia y reestructuración de la izquierda abertzale", afirma Rufi Etxeberria.

En noviembre de 2013, portavoces de la organización juvenil Ernai dieron una rueda de prensa en la que enseñaron una cámara que había sido hallada frente a la sede de Donostia. Al igual que en casos anteriores, no hubo ningún tipo de aclaración oficial al respecto.  

"La política de seguimientos físicos ha sido habitual: ha habido múltiples denuncias de miembros de estructuras políticas de la izquierda abertzale al respecto", subraya Etxeberria, quien sitúa esas prácticas en el marco de "una política de acoso y derribo en la que cabía todo".