El Gobierno tendrá que llevar al Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley que aprobó el pasado martes para su convalidación. No habrá problema para conseguir el respaldo de la Cámara. Al menos, es lo que confirman a Público la gran mayoría de los grupos parlamentarios y lo que se deduce de las palabras de otros. Todos ellos sitúan como prioridad que las ayudas lleguen a los territorios afectados de forma contundente y apartan las intrigas políticas. De hecho, el sentir general es que Pedro Sánchez deberá aprobar más decretos y no solo el que ya ha salido del Consejo de Ministros.

El primer paquete de ayudas aprobado cuenta con unos fondos de 10.600 millones de euros en los que se engloban acciones para dar una respuesta urgente a las consecuencias de la DANA, para reconstruir las zonas afectadas y para dotar al territorio de unas infraestructuras óptimas para que no vuelva a ocurrir un desastre similar en el futuro.

El decreto tendrá que convalidarse en el Congreso en los próximos 30 días, tal y como obliga la Constitución. Por el momento, no se ha incluido en el orden del día del Pleno de la semana que viene, pero se espera que sí aparezca en el de la siguiente.

De todas formas, en el Gobierno saben que con este decreto no será suficiente y Sánchez tiene en mente aprobar más. También ahí encontrará la mano tendida de formaciones del arco parlamentario más que suficientes. En principio, incluso del Partido Popular (PP), que ha dicho que se podrá contar con sus votos para sacar adelante paquetes de ayudas. Es la misma postura que mantienen otras fuerzas que habitualmente no apoyan al Gobierno en el Congreso como Unión del Pueblo Navarro (UPN). Vox es una incógnita, toda vez que ni siquiera acudió a las reuniones que programó Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a principios de semana para informar del plan de acción sobre la DANA.

Hay que tener en cuenta, también, que varios partidos han hecho llegar al Gobierno una serie de propuestas que consideran beneficiosas para la reconstrucción de los territorios afectados y para ayudar a resurgir a las personas damnificadas. Por lo tanto, una vez se convalide el primer decreto aprobado por el Ejecutivo, estas formaciones apretarán para que en los eventuales siguientes paquetes puedan verse reflejadas también sus medidas. 

Es el caso de Esquerra Republicana (ERC) o Podemos. Ambas fuerzas han elaborado sendos documentos con propuestas y, aunque subrayan que sus votos siempre servirán para aportar soluciones a la catástrofe y en ningún caso serán un impedimento, también apuntan que quieren que las medidas que han extendido al Ejecutivo se tengan en cuenta. Junts per Catalunya, como es habitual, no se ha pronunciado. 

La formación que dirige Ione Belarra propuso al Ejecutivo, entre otras cosas, suspender los alquileres e hipotecas a las personas cuya casa haya quedado dañada tras la DANA, condonar totalmente la hipotecas de las viviendas devastadas, intervenir los precios de los alimentos para hacer más llevadero un período muy duro económicamente o multar a las empresas "que pusieron en riesgo" a los trabajadores.

Fuentes del partido deslizan que vieron a Bolaños receptivo en cuanto a las medidas hipotecarias. Esperan, por tanto, que esa predisposición se vea reflejada en futuros paquetes. 

Algo parecido ocurre con ERC. Entre sus propuestas destacan el blindaje de la prestación por desempleo a las personas que viven en los territorios afectados por la DANA; la prohibición de los despidos causados directa o indirectamente por la catástrofe natural; asegurar que las personas que entren en un ERTE mantengan el trabajo durante, al menos, 24 meses; traspasar a las autonomías un fondo para la reubicación de las mujeres que pueden sufrir violencia de género o adaptar el marco impositivo a la emergencia climática.

Muchas de ellas son medidas en materia laboral para potenciar las ya anunciadas por el Ministerio de Trabajo, como por ejemplo que los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo no pierdan derechos ni salario o que las personas que se hayan ausentado de su puesto por la DANA tengan permisos retribuidos no recuperables.

Una cosa son las ayudas y otra, los Presupuestos

Todas las fuentes consultadas por este medio de entre las fuerzas que componen el hemiciclo inciden en que su convicción para apoyar los decretos de ayudas es total. En cambio, echan el freno de mano en lo referente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sánchez afirmó el martes que aprobar las cuentas públicas es más importante tras la DANA. Es algo a lo que varias fuentes encuentran sentido. Un diputado de EH Bildu desliza que "lo que dice Sánchez puede tener lógica", pero, completa, "no sé si va a tener efecto en los del «no»".

Pero, en general, las palabras del presidente han causado rechazo. Voces de ERC o Podemos aseveran que, independientemente de que los Presupuestos deban tener en cuenta la reconstrucción de los territorios afectados del País Valencià y Castilla-La Mancha, la negociación deberá centrarse en los requisitos que los partidos ya habían puesto con anterioridad. Es lo mismo que ocurre con, por ejemplo, Coalición Canaria, que solo aprobará las cuentas públicas si incluyen la dotación económica necesaria para cubrir los gastos ocasionados por la erupción del volcán de La Palma.

El PP, por su parte, llegó a acusar al Ejecutivo de "chantaje". Desde el Gobierno, salieron al paso remarcando que las ayudas vía decreto no corren peligro ―un decreto ya se ha aprobado y muy posiblemente llegarán más―, pero se mantienen en la posición de que los Presupuestos tendrán que ampliarse por motivo de la DANA. La propia Yolanda Díaz, líder de Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, aseguró que el desastre tendrá "impacto" en las cuentas. Por ello, pidió "responsabilidad" a todos los grupos.