MADRID.- El Ayuntamiento de Cáceres, gobernado con mayoría absoluta por Elena Nevado (Partido Popular), ha instado a los propietarios de los edificios que conservan simbología franquista a retirar estos vestigios de sus fachadas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El Ayuntamiento también ha propuesto que, cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas, se elabore un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, para su conservación.

Así se desprende del acuerdo alcanzado el pasado 12 de marzo por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cáceres, al que ha tenido acceso Público, que no determina el plazo del que disponen los vecinos para retirar los escudos franquistas aunque sí señala que será "un plazo razonable". 

La iniciativa del Ayuntamiento de Cáceres se debe a la denuncia penal que el pasado 11 de febrero el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, presentó contra 38 alcaldes españoles, entre ellos la regidora de Madrid Ana Botella, por un supuesto delito de desobediencia por vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología franquista.

"El Ayuntamiento de Cáceres ha sido el primero en dar una respuesta favorable, aunque algo volátil, a nuestra denuncia", señala a este periódico el abogado Eduardo Ranz, que califica esta decisión como "muy positiva" aunque también muestra prudencia ya que aún "queda por concretar el plazo que tienen las comunidades de vecinos para que cumplan la orden". 

Queja no admitida en el Defensor del Pueblo

Las denuncias del abogado estuvieron acompañadas de una queja formulada ante el Defensor del Pueblo en la que informaba de la presencia de al menos sesenta vestigios de la Guerra Civil y la dictadura en los 38 municipios denunciados. Sin embargo, la queja no ha sido admitida a trámite debido a defectos de forma. 

No obstante, la respuesta del Defensor del Pueblo considera "valiosa" la "pormenorizada reseña de más de sesenta vestigios" y estudiará la posibilidad de remitirla de oficio a la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica.