Dos semanas después de su primera derrota parlamentaria, con el fracaso del real decreto para ayudar a las corporaciones locales ante la crisis del coronavirus, el Gobierno ha vuelto a cosechar una sonora negativa con regusto a advertencia.

Cuatro de los cinco integrantes de la Junta de Portavoces de la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP), han rubricado este miércoles un comunicado en el que manifiestan su "posición en contra" del borrador del nuevo real decreto -avanzado por Público este martes-, elaborado por el Ministerio de Hacienda, por considerarlo "completamente insuficiente". 

Sólo el PSOE, uno de los dos partidos del Gobierno, al que pertecen la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha evitado sumarse.

También el grupo municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns, que en la votación del real decreto en la FEMP se abstuvo, y después votó a favor en el Congreso -tras negociar in extremis-, se ha sumado a este texto, en el que además exigen un "diálogo real" con el Ejecutivo. 

Tras el varapalo parlamentario, Montero ha pasado de negarse a presentar un nuevo real decreto a cambiar de tercio y anunciar un nuevo borrador en sólo tres días, si bien desde entonces no ha habido una reunión física o virtual con los grupos representados en la cúpula de la FEMP. De hecho, la Junta de Portavoces ha acordado este miércoles que desarrollará una propuesta "que complemente" el decreto de Hacienda.

"Hoy la ministra sabe que le estamos pidiendo una interlocución", asegura a este diario Pedro del Cura, portavoz de IU-Podemos-Comuns y alcalde de Rivas Vaciamadrid. Del Cura denuncia el "chantaje" de Montero a los ayuntamientos, que "necesitan" recursos para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica vinculada a la pandemia; que les haya remitido un nuevo "decreto unilateral", y que los alcaldes tengan que enterarse "por la prensa" de sus ofertas, en lugar de poder negociar. 

"Tiene la opción" de que su aprobación en el Congreso sea "un paseo militar", apunta, ya que "la mayoría de la FEMP" respalda este comunicado. "Veo con envidia que la ministra de Trabajo [Yolanda Díaz] haya anunciado varios acuerdos con sindicatos y patronales, y la ministra de Hacienda ni siquiera esté dispuesta a sentarse", apostilla. "Queremos que Caballero lidere este proceso, no hay interés en esquinarlo o ningunearlo, pero que haya diálogo, y que no desaparezcan del decreto medidas a las que Hacienda se había comprometido", zanja. 

De hecho, Hacienda asegura que, para elegir los contenidos a incluir en el nuevo borrador, ha buscado aquellos que generasen un mayor consenso. Del Cura y el resto de portavoces exigen, por contra, que recupere las ayudas directas -el fondo de 5.000 millones y un fondo de transportes-, además de permitir que los ayuntamientos puedan disponer libremente de sus remanentes, "destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades".

Además, esta no es la primera advertencia que recibe Hacienda esta semana; al comunicado de IU-Podemos-Comunes, el lunes, le siguió el manifiesto de una treintena de alcaldes el propio martes. La retórica en ambos textos es distinta, pero las críticas van enfocadas en la misma dirección, y las reclamaciones son similares.

En cualquier caso, el comunicado concluye que el acuerdo debe "lograrse de forma inmediata, puesto que los plazos administrativos y de ejecución efectiva de medidas están al límite y porque nuestros vecinos necesitan las ayudas ahora mismo". "Vamos fatal de tiempo", advierte el alcalde de Rivas.