La propuesta de Yolanda Díaz de poner límites a los precios de los alimentos no es nueva. El PSOE afirma que es de "dudosa legalidad" y el PP considera que generaría desabastecimiento. Sin embargo, las organizaciones de agricultores y consumidores ya plantearon la medida en 2008.

La situación en junio de dicho año guarda algunas similitudes con el actual alza de precios de los alimentos: entre este ascenso destacaban los limones, con un 63,73% o el aceite de girasol, con un 45,64%.

En junio de 2022, el INE evidenciaba la subida de precios: la fruta, un 19,3% de media con respecto al año pasado; las carne de vacuno, un 13,1%; la porcina, el un 8,6%; un 11,2% la carne de ovino y los pescados frescos y congelados, más del 10%. 

Frente a esta perspectiva, en plena crisis en 2008, la organización agraria COAG y las asociaciones de consumidores UCE y Ceaccu consideraron que el Gobierno debía de intervenir para controlar la "alarmante" inflación y exigían desarrollar el artículo 13 de la ley de Comercio. Estas asociaciones presentaron a los grupos parlamentarios una proposición no de ley sobre márgenes comerciales, que quedó aprobada en el Congreso de los Diputados en septiembre de dicho año. 

Precisamente en este punto vuelve a incidir COAG en la actualidad, al afirmar en una reciente conversación con Público: "Nos parece bien que se controle la cadena y que se pongan herramientas para que no haya precios abusivos, pero siempre y cuando se salvaguarden los márgenes de beneficio de los productores".

¿Qué permite el artículo 13 de la ley de Comercio?

La ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista habla en su artículo 13 de la posibilidad de limitar precios. Si bien estipula que "los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados", deja claro que el Gobierno "previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos".

Para ello, deberán darse alguno de los siguientes supuestos: tratarse de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas; ser bienes producidos o comercializados en régimen de monopolio o mediante concesión administrativa; hacerlo como medida complementaria de las políticas de regulación de producciones o de subvenciones u otras ayudas a empresas o sectores específicos y excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva, existan obstáculos graves al funcionamiento del mercado o se produzcan situaciones de desabastecimiento.