El rechazo del Congreso a aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado presentada por el Gobierno este pasado martes, ha dejado la legislatura en un callejón sin salida y una convocatoria electoral que Pedro Sánchez desveló este viernes: 28 de abril de 2019.

La devolución de la ley de presupuestos al Gobierno, no sólo da al traste con los "presupuestos más progresistas de la historia" (tal como los definió el ejecutivo), y con más gasto social de la última década, sino que, además, el adelanto electoral para el mes de abril da al traste con un nutrido grupo de medidas y proyectos relativos a la igualdad y protección de las mujeres, los niños y los colectivos LGTBI. La mayoría de ellos quedarán en aguas de borrajas, puesto que los trámites parlamentarios de una legislatura no se pueden guardar para la siguiente.

En este punto están iniciativas parlamentarias tan importantes como el proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género, la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (más conocida como ley de igualdad LGTBI), el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal en lo referente a los delitos de la libertad sexual, el anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, e iniciativas en favor de la igualdad como la Ley de Igualdad Laboral o la de permisos de paternidad iguales e intransferibles.

Sólo una de las medidas se salvará finalmente de la quema: la proposición de Ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, que está prevista su aprobación final en el pleno del Congreso del próximo 21 de febrero. Si las elecciones se hubieran convocado para el día 14 de abril, como se había barajado, esta medida hubiera quedado también encallada. 

Si bien cada una de estas iniciativas se encuentra en una fase diferente de tramitación, ninguna de ellas podría ser aprobada si las elecciones se fijaran para el próximo 14 de abril, una fechas filtrada a la agencia Efe por parte del ejecutivo sólo un día antes del debate parlamentario de los presupuestos. 

Pensiones para huérfanos de violencia de género

Esta ley impulsada por el Partido Socialista es, de todo el grupo, la que está más avanzada en su trámite Parlamentario. Tras ser aprobada por el Congreso por unanimidad en noviembre de 2018, pasó al Senado, donde se realizaron algunas modificaciones que retrasaron su regreso al Congreso para su aprobación definitiva. 

El pasado 7 de febrero, el Senado dio luz verde a este proyecto de ley, al que sólo le falta volver al Congreso para su aprobación final. "No creemos que vaya a tener ningún problema para volver a ser aprobado por unanimidad en el Congreso", afirma Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres. La única duda, afirma es que si la convocatoria electoral hubiera sido el 11 o incluso el 14 de abril, como se había anunciado, no hubiera podido entrar de vuelta en el Congreso, porque éste se habría disuelto antes de que se celebre el pleno.

La ley electoral estipula que entre la disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones tienen que transcurrir 54 días, por lo que la disolución del Congreso está fijada para el prócimo día 5 de marzo.

"Ha sido un trámite de dos años de trabajo y aplazamientos para conseguir introducir una sencilla modificación en la ley de la Seguridad Social", explica Soleto. Este "pequeño" cambio legal, supondría que menores huérfanos por la violencia de género pasarían a percibir una prestación mínima de 600 euros en lugar de los 140 que reciben ahora, incluso si sus madres no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos (500 días en los últimos cinco años). 

Esta iniciativa verá finalmente la luz si el Congreso aprueba el próximo jueves las modificaciones que se realizaron en el trámite del Senado, lo que no parece que vaya a suponer problemas, tal como explica tanto Soleto, como Ángeles Álvarez, diputada socialista y miembro del patronato de la Fundación Soledad Cazaorla, que gestiona becas para huérfanos de las víctimas de violencia de género. 

Ley de Igualdad LGTBI

Esta proposición de ley comenzó su tramitación parlamentaria en mayo de 2017, presentada por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Desde hace un año y medio está en discusión en la Comisión de Igualdad del Congreso, avanzando muy lentamente, tal como denunció recientemente la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). En la actualidad se estima que la comisión ha acordado el 50% de su articulado.

Uge Sangil, presidenta de la FELGTB es pesimista al afirmar que "con elecciones en el mes de abril, no da tiempo a aprobarla, porque tienen que terminar de verse las enmiendas en la comisión, pasar a votación, posteriormente ser votada en el Congreso, verse en el Senado (donde puede estar hasta dos meses) y vuelta al Congreso. Así que los tiempos no dan. Sólo se podría aprobar si las elecciones se hubieran convocado en otoño, porque lo que estaba previsto es que se pudiera aprobar en junio o julio, coincidiendo con el Orgullo".

Pero no sólo quedaría pendiente esta norma, sino también la modificación de la ley 3/2007 del cambio de registro civil, "que era muy sencilla que está casi a punto", afirma Sangil. Unas elecciones en abril mantendrán la patologización de las personas trans, que es lo que la reforma de esta norma iba a subsanar.

Sangil arremete contra los políticos al afirma que siente “pesar y enfado, porque esta ley podría haber estado aprobada hace un año y la ineficacia de la Comisión de Igualdad, la lentitud, las paradas y la falta de rigor en el trabajo de los políticos han dejado que esta ley se muera y que sigamos perpetuando la discriminación hacia las personas LGTBI. Seguimos teniendo a las personas binarias no reconocidas, a las trans perseguidas...”, afirma Sangil a Público.

"Después de cinco años de trabajo hemos sido víctimas de políticos que priorizan otros intereses distintos a los de la sociedad y al bien común a la hora de aprobar los presupuesto. Esta ley de igualdad LGTBI iba a ser una medida preventiva para evitar la discriminación se ha quedado en saco roto", concluye Sangil.

Medidas no tan urgentes contra la violencia de género

También se encuentra en discusión en la Comisión de Igualdad del Congreso el proyecto de ley de medidas urgentes para la aplicación del pacto de Estado contra la violencia de género, que es otro de los proyectos que peligra por un adelanto inminente de las elecciones generales.

El atasco de este órgano, motivado por la cantidad y complejidad de los temas que tiene sobre la mesa, obligó a la Comisión a intensificar los esfuerzos y a convocar sesiones de trabajo dobles en enero y febrero, cuando la comisión no tiene reuniones habituales. Este miércoles, sin embargo, la sesión fue suspendida por problemas de agenda de los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos, tal como informa Alexis Romero, lo que podría interpretarse como una decisión de tirar la toalla ante una inminente convocatoria electoral. Diversas fuentes aseguran que, si las elecciones se anticipan al mes de abril o incluso mayo, el proyecto de ley tendría tiempo de ser aprobado. 

Diversas fuentes aseguran que, si con elecciones en el mes abril, el proyecto de ley no tiene tiempo de ser aprobado. Entre las medidas que están sobre la mesa de la Comisión de Igualdad están algunas de las que precisan de modificaciones legales, como devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia machista; permitir que los menores puedan recibir asistencia psicológica con el permiso de un único progenitor; y agilizar la acreditación de las víctimas sin necesidad de sentencia judicial para que éstas reciban ayudas.

El 'no es no' se queda fuera del Código Penal

El adelanto de elecciones para el 28 de abril supone también un grave retaso a otra de las medidas que el Gobierno quería priorizar: la modificación del Código Penal en lo referente a la libertad sexual. Tras las protestas y manifestaciones por la sentencia de La Manada, el anterior Gobierno del PP inició las consultas con expertos para saber si era preciso una reforma del Código Penal, que clarificara estos delitos. Un grupo de expertos juristas realizó una serie de recomendaciones que el Gobierno comenzó a incorporar en un anteproyecto de ley. 

Entre las medidas propuesta y que se han filtrado a la prensa, figura la intención de eliminar el supuesto de abuso sexual, y dejar un tipo único de delito bajo la denominación de agresiones sexuales si no existe consentimiento de la víctima, y violación en los casos en los que exista penetración sin consentimiento.
El proyecto también eliminaba penas de multa y endurecía las de prisión para este tipo de agresores.

El hecho de que esta propuesta no haya siquiera iniciado los tramites parlamentarios, supone que verá la luz ante un adelanto electoral y deberá ser asumida el Gobierno que surja de las elecciones.

La infancia se queda sin ley contra la violencia

Desde hace cerca de seis años, las organizaciones de derechos de la infancia han comenzado a trabajar en una ley específica contra la violencia en la infancia, una petición hecha a España por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en 2010.

En 2017 el conjunto de organizaciones consiguieron que el Congreso comprometiera al Gobierno a presentar una proposición de ley en septiembre de 2017. Tras varios retrasos, la ley comenzó a tomar forma con el anterior Gobierno del PP y fue asumida por el actual ejecutivo socialista como una prioridad, tal como comenta Carmela del Moral, de Save the Children, una de las organizaciones más activas en su puesta en marcha.

En la actualidad el texto tiene la forma de anteproyecto de ley del Gobierno, pero no ha iniciado su trámite parlamentario. "Ahora el texto está en manos del Gobierno que esperaba presentarlo al Congreso hacia mediados de abril. Si realmente se hubiese calificado de urgencia por parte del ejecutivo, los plazos se hubiesen reducido mucho en todos los trámites y hubiera entrado ante en el Congreso", afirma del Moral.

Ente algunos de los temas clave que contiene la ley, esta experta resalta la necesidad de formación de los profesionales que trabaja con infancia detectar caso de violencia y poder actuar; la adaptación del sistema judicial para que no se convierta en una fuente de violencia hacia los niños y niñas; la puesta en marcha de protocolos de actuación ante violencia y salvaguarda infantil en cualquier espacio; y ampliar el plazo de prescripción de los delitos cometidos contra los menores. 

Lo más importante, resalta del Moral, es la perdida de oportunidad de sacar la cuestión de la violencia contra la infancia al debate público, que no se trata del ambito privado, sino que son sujetos de derecho que necesitan protección y ser tenidos en cuenta y escuchados. 

Aunque esta ley no llegue a ser una realidad en el corto plazo y el adelanto electoral signifique meses o años añadidos de trámites, esta experta afirma tener esperanza de que "no se haga política con la violencia hacia la infancia, que es un derecho humano. Que venga el gobierno que venga, haya unidad en torno a esto".

Leyes para la igualdad que se quedan en proyectos

Otras dos iniciativas legislativas encaminadas a alcanzar al igualdad y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, se quedarán también en proyectos inacabados. La Ley de Igualdad Laboral presentada por el PSOE en octubre pasado y que incorporaba, entre otras cosas, multas para empresas que impidan el derecho a la conciliación o que renuncien en tomar medidas en pos de la conciliación. También la ley de permisos parentales iguales e intrasferibles, propuesta en junio del año pasado por Unidos Podemos e impulsada por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), se quedará en vilo ante el adelanto electoral. Esta ley suponía, entre otras cosas, incrementar a 16 semanas los permisos de los padres (igualándolos a los de las madres), que fueran remunerados al 100% e intransferibles.