La Justicia andorrana ha absuelto este miércoles a Vanessa Mendoza, activista de los derechos humanos y presidenta de la organización feminista Stop Violències, acusada por el Gobierno del Principado de "desprestigio de las instituciones" por exponer ante la ONU la situación de las mujeres en Andorra, privadas del derecho al aborto. 

La activista se enfrentaba al cargo de desprestigio de las instituciones, existente en la legislación andorrana, y la Fiscalía le pedía 12.000 euros de multa. 

La absolución de la activista, que planteó su preocupación por la prohibición total del aborto en una reunión de la ONU, es "una victoria importante", ha manifestado Amnistía Internacional. 

En una declaración pública conjunta, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos, Women's Link Worldwide y Front Line Defenders celebran la decisión de absolver a Vanessa Mendoza y recuerdan a las autoridades que la activista "no debe sufrir más intimidación ni represalias por llevar a cabo su importante y legítimo trabajo en favor de los derechos humanos". 

El aborto prohibido en Andorra

El caso de Vanessa Mendoza, juzgada el pasado mes de diciembre en el Principado de Andorra, ha sacado a la luz una realidad desconocida por una gran parte de la población de la Unión Europea: que Andorra no permite el aborto en ningún supuesto. De hecho, el aborto está penado con cárcel tanto para las mujeres como para las personas que los practiquen.

A finales de 2019, Mendoza expuso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU esta realidad en Andorra, unida a otras vulneraciones de derechos de las mujeres que ocurren en aquel Estado.

La respuesta del primer ministro andorrano, Xavier Espot, fue una denuncia contra la activista por tres delitos: dos de calumnias y uno de desprestigio de las instituciones. La presión internacional provocó que el Gobierno de Andorra retirara los cargos por calumnias, que hubieran implicado pena de prisión. 

"La absolución respalda el derecho a la libertad de expresión de Vanessa Mendoza Cortés y afirma la legitimidad de los esfuerzos de todos aquellos que defienden los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, Vanessa Mendoza Cortés ha pagado un alto precio por defender los derechos humanos. Ha soportado un proceso judicial injusto y prolongado que ha durado más de cuatro años. Esto ha afectado a su crucial labor y a la de la organización que representa", consta en el comunicado conjunto de las organizaciones antes mencionadas. 

Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos, Women's Link Worldwide y Front Line Defenders inciden en pedir a Andorra respeto para la labor de la activista absuelta: "Pedimos a las autoridades andorranas que reconozcan públicamente la legitimidad de la labor de derechos humanos llevada a cabo por Vanessa Mendoza Cortés. Las autoridades deben tomar medidas concretas para garantizar que ella y otras activistas pueden defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Andorra, incluido el derecho al aborto legal y seguro, sin intimidación ni temor a represalias". 

Las expertas que han apoyado y han seguido el proceso contra Mendoza subrayan que "los esfuerzos concertados para deslegitimar su trabajo en favor de los derechos sexuales y reproductivos siguen una pauta mundial de intimidación, ataques y estigmatización de las personas que defienden el derecho al aborto".