"La ley es lo mío [resolución contra la dispensa judicial] hasta que el Tribunal de Apelación diga lo contrario, si es que lo dice". Así de tajante articuló su discurso el juez Nicklin el pasado 29 de marzo en la sala 76 del Tribunal Superior de Londres.

Lo suyo, es decir, la aplicación de la ley británica tal como está ahora, es que Juan Carlos I no goza de inmunidad para ser juzgado de los tres presuntos delitos de los que le acusa su examante porque se produjeron en su capacidad de ciudadano privado en lugar de su función de jefe de Estado.

En la misma vista "operativa" y pública el juez facultó a los abogados del rey a que pidieran permiso para recurrir su sentencia del 24 de marzo ante el Tribunal de Apelación. Nicklin les dio una segunda oportunidad a cumplir antes del pasado 30 de mayo, plazo que agotaron los abogados para el recurso que está ahora pendiente.

El juez les dijo también que las diligencias siguen su curso y que el calendario continúa con una cita el día uno de julio para resolver otros dos obstáculos, ajenos a la inmunidad, que han levantado los letrados del emérito: el rey fue informado, presuntamente de forma irregular, por WhatsApp, de la demanda de Corinna Larsen contra él, y la compatibilidad de los cargos de acoso a la legislación británica.

Respecto al WhatsApp, la acusación adujo que el recibo de la demanda no pudo ser inscrito en la Zarzuela en diciembre de 2020. "Su ropero y sus pertenencias están en el Palacio de la Zarzuela desde mayo de 1962, aunque él ahora viva en Abu Dabi", constatan los letrados reales.

Según las fechas que marcó el juez el 29 de marzo, el juicio se celebrará después del verano o hacia octubre, una vez resueltos los temas preliminares en el mes de julio. La resolución del Tribunal de Apelación sobre la inmunidad, en segunda oportunidad, no requiere vista presencial ni pública, se inserta en el ámbito de lo que los abogados británicos tildan de "administrativo" o comunicaciones entre ellos. El juez o par de jueces designados informarán por escrito a las partes de la decisión.

"Los permisos para apelar en segundas oportunidades no suelen concederse si no conllevan nuevas argumentaciones o razones que no se hayan escrutado en la vista del Tribunal Supremo, pero no debo adelantarme a lo que todavía no está decidido por la parte competente", detalla a Público una fuente de la abogacía inglesa sobre la demanda registrada oficialmente en la División Civil del Tribunal Supremo con la referencia o número QB-2020-004165. 

El juez advirtió a los abogados de ambas partes al concederles la segunda oportunidad para apelar su sentencia que no quiere "hacer viajes repetitivos al Tribunal de Apelación ni en seis o nueve meses ni en un año". "Quiero evitar repetir siempre lo mismo", manifestó Nicklin al avisar de que, si no hay nuevas razones "de ley", la inmunidad soberana ha sido decidida en su instancia.

Las diferencias, en el fondo de los argumentos, radican en que los abogados de Juan Carlos consideran que tiene inmunidad de por vida, mientras que los de Corinna y el juez aducen que no sólo perdió la inmunidad al abdicar, sino que como jefe de Estado disponía de doble capacidad de actuación, privada y oficial, y la inmunidad sólo atendía a la última. El juez ilustró la duplicidad con el ejemplo de que "si el rey se enrabia y mata al jardinero, ¿es un acto oficial de Estado?".

La pertenencia de Juan Carlos a la institucional Casa Real (no a la familia biológica) tampoco queda acreditada, según la regla de dependencia económica. Felipe VI le retiró los 193.000 euros anuales de asignación oficial después de excluirlo de la vida pública y de actos oficiales.

La discutida vinculación del emérito a la Casa Real y los asuntos preliminares citados antes, no son los únicos flecos que cuelgan en este proceso que los abogados del rey prolongan para evitar que su cliente tenga que responder a preguntas como por qué le regaló 65 millones de euros (supuestamente a resultas de la construcción del AVE a la Meca) a su amante o de dónde procedía el dinero que ella se negó a devolverle cuando finalizó la relación amorosa entre ambos.

Por su parte, Corinna tiene previsto hacer caja a costa del ex jefe del Estado español, puesto que si gana el juicio pedirá compensaciones por varios motivos. Uno se basa en el cargo de difamación, y pérdida de ingresos, no especificados con cifra exacta en la demanda civil, pero calculados en una entrevista a Financial Times en "decenas de millones de euros".

A tenor de ella, Juan Carlos la difamó a la familia real de Arabia Saudí, al sultán de Omán, a los multimillonarios Pepe Fanjul, Wafic Said y otros, que dejaron de utilizarla como comisionista reduciendo así el caudal de sus ingresos de dinero.

Los abogados del rey emérito, socios o colaboradores en la firma Clifford Chance, de larga historia en las finanzas de Londres y precios desorbitados, forman un equipo encabezado por sir Daniel Bethlehem, que ha intentado justificar, sin suerte, que Juan Carlos es inmune a ser procesado en Inglaterra y Gales (Escocia dispone de competencias en Justicia). Con Bethlehem defienden al rey emérito Philippa Webb, Belinda McRae, Ben Silverstone y Jeremy Kosky entre otros letrados y procuradores. Algunos de ellos, con tarifas de cifras de cuatro dígitos (sin decimales) por hora de trabajo.

En tiempos de inflación galopante en Reino Unido y titulares de aumento de pobreza y de desigualdades sociales, el dinero no parece ser límite alguno en este litigio iniciado por Corinna contra el que fue jefe de Estado español desde 1975 hasta 2014.

El juez o dos jueces, que se han de pronunciar próximamente, sobre la inmunidad del rey emérito, tendrán que sintetizar el papel de Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Investigación (CNI), al que la comisionista acusa también de vigilancia ilegal en sus domicilios de Mónaco y la casa de campo en el condado inglés de Shropshire; en el primero apareció encima de la mesilla de noche un libro sobre la muerte accidental de Diana, princesa de Gales, y en el segundo se perforó un agujero en forma de bala en el cristal de una ventana mientras ella dormía en el interior de la casa, según aduce la examante. ¿Actuaba Roldán y el CNI en su capacidad oficial o como favor privado entre amigos? De nuevo, la dualidad.

Los abogados del rey emérito mantienen silencio sobre el caso a día de hoy. Remiten a los comunicados previos. Sobre la sentencia del 24 de marzo dicen que "Su Majestad está decepcionado". Tras la vista del 29 de marzo que dibuja el camino hacia el juicio, afirman que "Su Majestad está muy decepcionado".

La decepción de Juan Carlos aumentó mucho en cinco días, mientras ellos disputan no sólo la inmunidad del rey, el WhatsApp o el papel de Félix Sanz Roldán, sino la jurisdicción inglesa para juzgar actos de presunto acoso, algunos cometidos en el extranjero e incluso cuestionan la autoridad judicial para juzgar a ciudadanos extranjeros de la índole de una nacionalizada danesa, nacida en Alemania, con residencia fiscal en Mónaco, y domicilios en Inglaterra contra otro ciudadano extranjero, ex jefe de Estado, residente o transeúnte en Abu Dabi, y de avanzada edad.

Y mientras agotan los plazos y recurren a todos los medios judiciales, van sumando a la factura millonaria que hace de este pleito, otro del estilo del de los oligarcas rusos Berezovski contra Abramovich, que batieron récords históricos en pagar facturas de abogados. El perdedor, Berezovski, falleció, arruinado, de sospechosa muerte repentina antes de entrar en la cárcel.

El juez Nicklin parece determinado a llevar al emérito al banquillo para rendir cuentas de las tres acusaciones de su examante. Una diferencia respecto a la suerte seguida por Juan Carlos I en España, donde la Fiscalía le reconoce trece delitos fiscales de los que se libra por tres razones: prescripción, por antigüedad; inmunidad, mientras era jefe de Estado; y regularización tardía, desde 2014 hasta la última declaración de Hacienda. Para el rey, el número tres, de la suerte en España, de la desdicha en Inglaterra.