La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) ha hecho llegar a la jueza que investiga los crímenes del franquismo un escrito en el que pide ser reconocida en la causa como Amicus Curiae, expresión latina que literalmente significa 'amigos del tribunal', y que consiste en una presentación de una tercera parte en torno a un proceso a fin de expresar su opinión y realizar aportes de trascendencia.

'Se trata de apoyar la actividad que está desarrollando el juzgado', ha explicado Matilde Scaletzky, una de las dos delegadas nombradas por la AABA para seguir el curso de la causa. 'Este proceso es importante porque se debate la violación de derechos humanos durante 40 años en España, el cual no ha tenido ninguna parte de crítica por parte de los sectores que detentan el poder en ese país'.

Scaletzky ha recordado cómo las víctimas del franquismo han tenido que querellarse en Argentina para obtener justicia, 'del mismo modo que nosotros fuimos a España para que se juzgara la dictadura argentina', resaltó. 'Desde su origen en 1934, la AABA nunca ha dejado de defender las libertades públicas, y así seguiremos haciéndolo'.

La Asociación ha presentado su escrito este martes ante la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa. 'Las políticas del franquismo y su metodología dieron como resultado la desaparición de alrededor de 300.000 personas, la existencia de 140.000 tumbas sin identificación [y] la existencia de alrededor de 30.000 niños robados a sus madres', manifiesta el texto.

Los abogados critican a l Gobierno del PP por seguir 'enfrentando a España con los organismos internacionales'La AABA destaca cómo 'la conducta del franquismo se mantuvo, con escasas modificaciones durante todo su Gobierno', pero cuyas consecuencias 'duelen todavía hoy, porque no ha habido nada que reparara lo acontecido: no se buscó la verdad, por lo tanto no hubo justicia, y en consecuencia no hubo, tampoco, reparación'.

Los abogados no dudan en criticar al actual Gobierno español por seguir 'enfrentando a España con los organismos internacionales' y 'por el incumplimiento de los pactos suscriptos por el país'. Recuerdan que las peticiones de extradición por parte de Argentina del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas, fueron rechazadas por la Audiencia Nacional al considerarse crímenes prescritos por aplicación de la Ley de Amnistía.

Desde el origen de la causa en 2010, 'son escasas las manifestaciones de la Judicatura [española] que indiquen algún cambio', subrayan en su escrito. 'Para el sector político que detenta el poder no ha pasado nada, 'de eso no se habla', y eso trae como consecuencia que un amplio sector del pueblo español realmente ignore lo acontecido'.

El abogado Máximo Castex, representante en Argentina de las víctimas del franquismo, celebró el Amicus Curiae de la AABA puesto que es el primero de este tipo que se incorpora a la causa. 'Esta presentación llega en el momento más álgido', destacó. 'Acabamos de recibir una requisitoria fiscal de más de 300 páginas que además de avalar todo lo que se ha hecho en estos cuatro años, se suma a las peticiones de la querella con respecto a las situaciones procesales de los imputados'.

El fiscal federal Ramiro González elevó la semana pasada un dictamen a la jueza Servini de Cubría en el que pedía la indagatoria de quince exfuncionarios franquistas, incluidos cinco exministros. Era la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Argentina se expresaba en relación a la causa.

'Para las víctimas ésta es una gran noticia', sostuvo Castex. Con el dictamen del fiscal, efectivamente, todas las víctimas que hasta ahora habían presentado sus denuncias en los consulados argentinos en España han pasado a ser formalmente parte de la causa. 'Gracias a eso, la Fiscalía ha podido individualizar más de 4.500 víctimas'.

Esto implica un salto cualitativo y cuantitativo en la investigación que Servini de Cubría tendrá en cuenta. 'Hasta ahora, los que presentaban esas denuncias en los consulados engrosaban la causa, pero al no estar como parte querellante con un patrocinio legal [un abogado], no podían formar parte del objeto procesal de investigación', aclaró Castex. 'Ahora estas víctimas tienen un representante, que es el fiscal. Al haber sido incluidas ahora en su requerimiento, pasan a formar parte del mismo'.

Castex recalcó, por último, que ahora son dos las partes acusatorias (la privada y la del fiscal) pidiéndole a la jueza la resolución de las indagatorias y otras medidos de prueba. 'Espero que a final de año podamos tener novedades en ese sentido', vaticinó.

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes dos de los querellantes originales de la causa, Darío Rivas y Adriana Fernández. Esta última aprovechó la ocasión para alertar del inminente cierre del laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que se encuentra en el campus de Ponferrada (León).

'Hay cuatro voluntarios que trabajan con restos exhumados de fosas de la Guerra Civil pero están a punto de agotar sus prestaciones por desempleo y no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo', denunció Fernández. 'Gracias a ellos pudimos exhumar los restos de mi abuelo, pero la Asociación lleva tres años sin recibir un subsidio. Si no consiguen ayudas, no les quedará más remedio que cerrar en enero'.