La Abogacía del Estado, acusación particular en el caso Nóos en representación de la Agencia Tributaria (AEAT) acusa a la infanta Cristina de 'venir disfrutando' de los bienes con los que su marido, Iñaki Urdangarin, 'se ha lucrado' al presuntamente haber defraudado a Hacienda hasta un total de 337.138 euros en 2007 y 2008.

Por ello, en el escrito de calificación que presentó este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, la acusación particularo reclama de Cristina de Borbón que haga frente al pago de 168.571 euros como partícipe a título lucrativo de los efectos de los dos delitos fiscales supuestamente cometidos por su esposo.

Se trata de la mitad del dinero defraudado en las cuotas del IRPF de Urdangarin durante los anteriores ejercicios, y que se concretan en 182.005 euros en 2007 y 155.138 en 2008. S

Según sostienen las acusaciones, Urdangarin se sirvió de la mercantil Aizoon, de la que es copropietario al 50% junto a la infanta, como instrumento para llevar a cabo esta actuación delictiva.

La Abogacía también reclama una fianza de responsabilidad civil a Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, en su caso por un total de 221.484 euros, la mitad de la cuota que su esposo habría defraudado en el impuesto de sociedades en 2007 -442.968 euros.

La AEAT justifica su petición en que los fondos fueron destinados a 'servicios y suministros que repercutían en beneficio de ambas cónyuges', al tiempo que, incide, 'han venido distrutando de los bienes con los que amnbos acusados se han lucrado, participando de esta forma de los efectos de los delitos contra la Hacienda Pública objeto de este escrito'.

En el caso de Urdangarín y de su exsocio, la Abogacía reclama tres años y medio de cárcel para cada uno de los acusados por los supuestos delitos fiscales en que incurrieron, además de hacer frente a las cuotas dejadas de pagar a Hacienda.

La AEAT pide de esta forma que el juez instructor José Castro abra juicio oral contra Urdangarín y Torres, pero no contra sus esposas.

En lo que al marido de la infanta se refiere, Hacienda basa sus acusaciones en las retribuciones que percibió procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor y que, sin embargo, eran facturadas a través de Aizoon como rendimientos de actividades económicas, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.

En concreto, las empresas de las que cobró Urdangarin, cuyas retribuciones facturó a través de Aizoon y que según la AEAT deben ser consideradas rentas de Urdangarin e integrarse en su IRPF, son Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde.

Sus responsables han sido interrogados como testigos, a lo largo de la instrucción del caso Nóos, por parte de Castro.

Hacienda recalca que, para defraudar, el duque utilizó un concepto distinto en la descripción de los servicios facturados que no estaba sujeto a retención, y se sirvió de Aizoon como 'tapadera' para cobrar las asesorías como si se tratara de rendimientos de actividades económicas y no de trabajo personal.

La diputada del PP Ana Mato dimitió recientemente de su cargo de ministra de Sanidad, después de que el juez instructor del caso Gürtel la señalara por el mismo beneficio del que ahora la Abogacía señala a la infanta: ser 'partícipe a título lucrativo'. En el caso de Mato se benefició por valor de 36.688 euros, muy lejos de los 168.571 euros que cifra la Abogacía de beneficio a favor de la infanta Cristina.

Esta figura está contemplada en el artículo 122 del Código Penal, que establece que el beneficiario civil está obligado a restituir el dinero con el que se lucró o a resarcir el daño causado. Esto es, la persona declarada 'partícipe a título lucrativo' responde solidariamente por el dinero defrauda por el condenado.

Lo habitual es que la persona señalada como partícipe a título lucrativo se siente en el banquillo cuando se abra juicio oral. Al menos, en las cuestiones previas que se exponen en la primera sesión del juicio oral.

Existe un precedente en un juicio por información privilegiada, celebrado hace escasos días por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, donde la persona con responsabilidad civil se sentó en el banquillo. Además, los herederos del padre del cerebro de Gescartera, Antonio Camacho, se sentaron en el banquillo, al igual que ocurrió con responsables civiles en el juicio de Caixa Penedés celebrado en mayo pasado en la Audiencia Nacional.