Hay muchas razones por las que no recurrir al argumento ad hominen, es decir, descalificar a la persona con la que se debate. Una de ellas es que los datos e ideas que ofrece el que ha hecho uso de él se pierden en la algarabía que se forma tras la ofensa. Es exactamente lo que le ocurrió este miércoles a Gabriel Rufián, diputado de ERC, en un debate con el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido en el Congreso.

El "miserable" que Rufián lanzó al sustituto de Jorge Fernández Díaz eclipsó el motivo real de su interpelación, que no era otro que recordarle que los Mossos D'Esquadra necesitan con urgencia medio millar de agentes más. El diputado trataba de afear a Zoido que utilice la seguridad como arma política siguiendo la táctica de su antecesor, que congeló la ampliación del cuerpo policial catalán.

Según un acuerdo de 2006 entre el Gobierno central y la Generalitat, los Mossos D'Esquadra deberían contar hoy con 18.267 agentes, 1.500 más de los 16.783 actuales. Teniendo en cuenta el escenario de alerta cuatro antiterrorista, la consecución de ataques yihadistas en los principales países europeos y el hecho de que en Catalunya (donde se concentra un 16% de la población española) se hayan producido el 37% de las detenciones totales de extremistas islámicos, el exabrupto de Rufián puede resultar comprensible. 

Sin embargo, la preocupación de los dirigentes catalanes por la falla de seguridad que está provocando la actitud del Gobierno va mucho más allá de un rifirrafe parlamentario entre Zoido y el portavoz de ERC. Según ha podido saber Público, la semana pasada el conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, cenó con un alto cargo del equipo de Mariano Rajoy para trasladarle la preocupación y desconcierto de la Generalitat por el bloqueo que, consideran, están recibiendo por parte del Ministerio del Interior en planificación antiterrorista.

Jané se mostró visiblemente turbado durante la reunión por la actitud del Gobierno, debido a la especial incidencia del extremismo islámico en territorio catalán, ha explicado la misma fuente a este medio. "Estoy obsesionado por garantizar la seguridad en Catalunya. Tengo la obligación de defender los Mossos y de apartarlos del debate político", declaró Jané a la prensa la misma semana en la que se produjo la reunión con el alto cargo del Gobierno.

Sin Junta de Seguridad ni acceso a la Interpol

El bloqueo al que se refieren las autoridades catalanas va mucho más allá de la decisión de Hacienda de autorizar a la Generalitat a contratar 50 mossos cuando se solicitan de forma urgente diez veces más. Al contrario, está más relacionado con el veto del Gobierno central al trasvase de información entre la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la policía catalana. Dirigentes del cuerpo consideran vital acceder a esos datos para minimizar lo máximo posible el riesgo de ataques yihadistas.

La denegación de acceso a los datos de Interpol no es el único veto informativo que sufren los Mossos. Los dirigentes del cuerpo también reprochan que hayan pasado ocho años desde la última celebración de la Junta de Seguridad de Catalunya, en la que participan el ministro de Interior y el conseller del ramo de la Generalitat y que sirve para coordinar la acción de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos D'Esquadra. Es en este organismo donde se organiza también el intercambio de información con los cuerpos policiales de otros países. 

El conseller de Interior, Jordi Jané saluda al ex president de la Generalitat, Artur Mas, tras la remodelación del gobierno catalán que le aupó a la Conselleria. EFE/ Andreu Dalmau

Los Mossos creen que se les está "usando como arma política", según ha declarado a Público la portavoz del sindicato mayoritario del cuerpo (SAP-Fepol), Imma Viudes. La asociación considera que la negativa del Gobierno a contratar a los 500 agentes necesarios debe entenderse como una "clara represalia" contra la Generalitat por el anuncio de un referéndum sobre la independencia para el 1 de Octubre. Añaden que esta falta de efectivos hace que los Mossos no puedan cumplir con el número de horas de servicio que se requieren en materia de lucha antiterrorista. "No podemos garantizar la seguridad", asevera.

La portavoz sindical precisa que la falta de diálogo se ciñe exclusivamente a las administraciones, porque la cooperación con el resto de cuerpos policiales "es buena". No obstante, considera que la seguridad de los ciudadanos debería estar "por encima" de la lucha política.

La nueva relación PP-PNV y la Ertzaintza

Desde la Generalitat se ha criticado que Rajoy haya dado orden de permitir que la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, tenga acceso a los archivos policiales estatales y las bases de datos de la Interpol, mientras sigue dejando al margen a los Mossos. Lo consideran una prueba más de que el Gobierno usa la seguridad de los catalanes como arma política, máxime cuando la decisión sobre la Ertzaintza ha llegado en el contexto del apoyo del PNV a los presupuestos de Rajoy.

La Junta de Seguridad vasca, que llevaba cinco años sin reunirse, lo hizo el pasado 13 de junio. En cambio, para la Junta catalana existe un importante rifirrafe. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont -que también preside el organismo-, optó por convocarla para el 3 de julio, aun sin acuerdo con el Gobierno central, como medida de presión. El ejecutivo catalán argumenta que ha estado intentando pactar la reunión desde antes de la llegada de Zoido al Ministerio, y que este no ha respondido a los requerimientos que se le han hecho desde la Conselleria durante este mes.

El ministro respondió por carta al conseller este miércoles, manifestándole que no consideraba "conveniente" una "convocatoria unilateral" de la Junta de Seguridad. Añadía que, en todo caso, no podría haber acudido a la cita del 3 de julio, por motivos de agenda. Y consideraba "imprescindible lograr ya un entendimiento definitivo".