Las reacciones del mundo feminista en España no se han hecho esperar tras conocerse el pacto de Gobierno en la Junta de Castilla y León entre PP y Vox. Ante la denuncia de Público de la propuesta de una "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar", más de 200 asociaciones han firmado un manifiesto contra el "antifeminismo de Vox".

Promovido por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, un total de 248 asociaciones y colectivos de toda España han reclamado "que se extreme la diligencia debida institucional a la que obliga el artículo 5.2 del Convenio del Consejo de Europa de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul)".

De esta manera, piden que se impida "cualquier incumplimiento de las obligaciones específicas para la prevención, detección temprana, sensibilización, apoyo, reparación y protección frente a esta violencia establecidas el marco jurídico vigente".

Ataque al feminismo

Este movimiento ha comenzado, según asegura el propio manifiesto, tras conocerse "la atribución de responsabilidades de gobierno de una formación política que ha hecho bandera y seña de identidad del ataque al feminismo y a la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres". Además, asegura que mantendrán encendidas "todas las alarmas" y extremarán "la vigilancia ante cualquier disposición o acto que implique un retroceso en las obligaciones de prevención, detección temprana, apoyo psicológico, social, laboral y jurídico, protección de mujeres y menores expuestos y reparación del daño ante cualquier manifestación de la violencia de las que son víctimas específicas las mujeres".

Si bien es cierto, como ya apuntó Público, que la Junta de Castilla y León no tiene poder para modificar la Ley contra la Violencia de Género estatal, ya que es una norma orgánica, sí que puede aprobar una norma que buscará "que todas las personas tengan el mismo tratamiento a nivel legal, sean huérfanos, hombres, mujeres, abuelos… a sabiendas de cuál es el ámbito competencial de la Junta, que no puede derogar una ley orgánica, sino proteger a las víctimas", como aseguró públicamente el cabeza de lista de Vox en Castilla y León y futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo.

Vox levanta ampollas

La propuesta de Vox de generar una "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar", como condición para aceptar el pacto de gobierno con el PP en Castilla y León levantó ampollas desde el primer momento entre todos los ámbitos del feminismo tanto en la comunidad autónoma como en el Gobierno central. Así, las primeras voces críticas fueron las de la ministra de Igualdad, Irene Montero o del portavoz de Podemos en el Congreso y cabeza de lista de la formación morada en Castilla y León, Pablo Fernández. Pero también han llegado desde las organizaciones feministas o desde el propio Partido Socialista, con las declaraciones de Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE.

En el manifiesto, realizado este 21 de marzo, los colectivos y organizaciones firmantes aseguran que denunciarán "ante las instituciones competentes a nivel estatal o internacional cualquier medida ejecutiva o legislativa, o la omisión de obligaciones que les conciernen, que pueda impulsarse desde el gobierno de Castilla y León y que implique contravenir los derechos fundamentales de los que como personas son titulares las mujeres y la normativa que los ampara y desarrolla".

Por la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y por la igualdad real, el manifiesto pide "el apoyo y diligencia debida que les concierne" tanto a diputados, senadores y procuradores, como al Defensor del Pueblo o a la Comisión de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre otros.