Al margen de discursos y acusaciones cruzadas, lo que está en juego en estas semanas, con el debate sobre Cataluña como trasfondo, es el núcleo fundamental de la naturaleza y calidad de nuestra democracia: el derecho a elegir democráticamente, a decidir libre y directamente como ciudadanos, como sociedad y como país, nuestro presente y nuestro futuro.

El agitado debate transpira una confrontación directa entre dos modelos políticos antagónicos: por un lado, quienes anteponemos las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía a cualquier otra consideración; por el otro, quienes instrumentalizan las instituciones del Estado en función de sus propios intereses partidistas, poniendo en riesgo el normal fundamento democrático. Y en esta pugna de modelos, la escalada represiva del gobierno del PP en Cataluña deja una evidencia: el Gobierno del PP es el principal factor de riesgo para nuestra democracia.

En un escenario tan abierto como incierto es imposible predecir qué pasará el 1-O. Pero sí es posible analizar lo ya pasado, y lo que está pasando, para saber lo que no queremos que pase.

Sabemos que las elites dirigentes ya no son capaces de captar y articular el sentido común de época, de esta “segunda Transición” que sigue caminando en busca de su propio relato. La impotencia de las elites dominantes para presentar un proyecto de país capaz de generar los consensos sociales necesarios para gobernar bien, y gobernar para todos, les ha empujado a renunciar progresivamente al ejercicio de la política como herramienta de búsqueda de soluciones.

Atrincheradas en los aparatos del Estado y la Administración, cuando no buceando directamente por sus cloacas, intentan mantener el control de la situación sacrificando incluso los más elementales principios y procedimientos democráticos. Bunkerizados en un proyecto ideológico completamente superado, los dirigentes políticos de la vieja elite se devoran entre sí mediante sumarios e imputaciones judiciales cruzadas, en una suerte de orgía caníbal que cuestiona la viabilidad del propio ecosistema de partidos surgido del Régimen del 78. 

En plena decadencia de ese conglomerado de poder político, económico, mediático, etc., el terremoto general del cambio político producido en 2015 vive ahora sus réplicas en los diferentes territorios del Estado. Pero la debilidad del actual bloque dominante es peligrosa porque, en la autopercepción de su pérdida de dominio, los sectores más reaccionarios pueden sentirse tentados a practicar una política de tierra quemada de consecuencias imprevisibles.

Por ello, la prioridad de todas las fuerzas del bloque democrático pasa por desalojar a las fuerzas de la reacción antidemocrática de las instituciones de Gobierno. No podemos arriesgarnos a padecer nuevas oleadas de coacción de las libertades civiles y recortes de los derechos sociales.

Hay que encontrar una solución política para Cataluña. El éxito o el fracaso de una política de gobierno se valora mediante su efectividad para idear y poner en práctica vías de solución concreta a problemas o conflictos que, generalmente, no se limitan a la gestión de las cosas, sino que tocan a los imaginarios de pertenencia, las identidades y los propios modos de acción política.

Por ello hemos afirmado, hasta la afonía, que las garantías del actual procés catalán nos parecen insuficientes. Respetamos y comprendemos la movilización democrática del pueblo catalán, pero no podemos asumir el resultado del referéndum que, tal y como se ha convocado, no soluciona el problema sino que abre uno nuevo.

Por lo mismo, trabajamos para encontrar mecanismos de participación que den voz a los pueblos (en Cataluña y en Castilla-La Mancha) para expresarse democrática y libremente sobre su presente y su futuro. Frente a la espiral de represión de las libertades civiles y los derechos fundamentales perpetrada por el gobierno central, y estimulada desde diferentes segmentos ultras del españolismo preconstitucional más aborrecible, nosotros y nosotras creemos en una salida negociada y consensuada entre legitimidades.

La persecución judicial de las instituciones, los medios de comunicación, los funcionarios y alcaldes catalanes, o la utilización política y partidista del instrumental jurídico en un estado de derecho, forzando la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad para impedir una votación popular, revelan los espasmos de un Gobierno del PP empeñado en construir y alimentar un falso problema de Estado que oculte -al menos parcialmente- la corrupción sistémica que amenaza su propia supervivencia.

Quienes hoy juegan a emular una especie de Sanjurjada jurídica, soñando con un auto-golpe de Estado que les reviva políticamente a costa de la convivencia social, sólo pretenden ganar tiempo. Son zombis parlamentarios que intentan alimentarse del miedo de otras fuerzas políticas sin pararse a pensar que el tiempo y la realidad juegan en su contra, y que tras el uno de octubre llegará el dos.

Frente al gobierno del PP -que no sólo ha demostrado ser una amenaza para los derechos sociales y laborales de la ciudadanía, sino que se revela también como un riesgo para la propia democracia- en Podemos apostamos por una solución política integral, negociada y pactada entre legitimidades democráticas. Urge establecer las bases de un nuevo pacto o contrato social que contemple entre sus prioridades la reformulación de las relaciones entre las naciones que conforman el Estado español.

El momento requiere de la acción política y de líderes que afrontan los problemas, no de políticos que se esconden tras singulares interpretaciones de la Constitución para evitar ver la realidad. Necesitamos estadistas, hombres y mujeres de Estado, con mirada larga y altura de miras, no gestores del desastre que miran al pasado cuando son incapaces de imaginar y construir futuro.

La tarea política del presente es construir, entre todas las fuerzas del cambio, un proceso social y político amplio, con horizonte constituyente, en el que el derecho a decidir aparezca como eje articulador de la construcción de un nuevo modelo de cohesión social y solidaridad entre los pueblos. Es posible pensar y acordar una España que, desde la diversidad y la diferencia, no avance en la desintegración del proyecto social común de convivencia, sino en la dirección de reintegrar en un marco de convivencia constitucional a las diferentes naciones de un Estado plurinacional.

Pero caminar hacia ese nuevo escenario constituyente implica, primero e inevitablemente, una fase destituyente de las fuerzas de la reacción anti-democratizadora de las instituciones de gobierno. Porque mientras el PP mantenga el Gobierno de España resultará muy difícil avanzar hacia la cohesión social necesaria para la cohesión territorial.

El bloque de las fuerzas democráticas no puede perder la oportunidad de avanzar posiciones y acabar con los despropósitos del actual desgobierno del PP. Continúa existiendo una mayoría parlamentaria suficiente para recuperar la iniciativa política y avanzar hacia un nuevo proyecto de país para sus gentes. Sólo es cuestión de voluntad, de coraje y de una altura de miras democrática que consiga aquella hazaña que hace décadas imaginó un presidente español y republicano; a saber, que la libertad de Cataluña sea la misma que la libertad de toda España.

* José García Molina es el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha

* Francis Gil es miembro del Instituto 25M