Alberto Gil
Periodista
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Hasta 1.200 millones de euros volatilizados en apenas cuatro años; dietas millonarias pagadas a los más altos cargos de la Administración; falta de control por parte de las instituciones; inversiones de riesgo a favor de empresas de consejeros; sueldos astronómicos; prejubilaciones inexplicables; aperturas de oficinas sin mercado ni licencia; preferentes ruinosas; salida a bolsa judicializada; supuestas operaciones de blanqueo de capital; dispendios; megalomanía y miles de ciudadanos empobrecidos… ¿Hablamos de Bankia? No, hablamos de Caja Navarra, uno de los ejemplos más escandalosos, gráficos y silenciados del sistema político corrupto que creó y utilizó las cajas de ahorros como instrumento para enriquecerse.

¿Imaginen que Rodrigo Rato, Miguel Blesa y compañía salgan impunes tras el escándalo de las tarjetas black? ¿Y qué ocurriría si se demostrara que los beneficiarios de esas tarjetas no fueron sólo ellos sino también Esperanza Aguirre, Ignacio González, Ana Botella o Alberto Ruiz Gallardón? Este supuesto, en el caso de la expresidenta, el presidente o los exalcaldes de Madrid, no ha quedado demostrado (aún), pero si equiparamos los dispendios secretos permitidos en Bankia a través de las infames tarjetas con las dietas opacas que se pagaron en Caja Navarra, habremos de concluir que, en la Comunidad Foral y respecto al expolio de su caja, la implicación de sus más importantes cargos públicos, sí quedó acreditada... Los dos últimos presidentes de Navarra, Miguel Sanz y Yolanda Barcina, el exconsejero de Economía, Álvaro Miranda, y el alcalde de la capital navarra, Enrique Maya, todos ellos de UPN, la marca electoral de la derecha foralista, cobraron dietas millonarias por reuniones de apenas media hora, sin contenido real, en un órgano sin sustento legal y en sesiones dobles y triples. Estatutariamente, eran ellos, como máximos responsables de las instituciones navarras, los encargados de velar por la viabilidad de la caja, cuestión de la que hicieron dejación con el resultado de la desaparición de la CAN, absorbida por la Caixa, tras una operación de auténtico saqueo que relata con pelos y señales el libro El Banquete, expolio y desaparición de la CAN (Txalaparta, 2013).

Pero lo que hace este caso aún más escandaloso si cabe es que el Tribunal Supremo, en un auto fechado el 24 de julio de 2013, exculpaba a los citados políticos, imputados por un delito de cohecho impropio por una juez de instrucción de Pamplona, no sólo de toda responsabilidad penal por el cobro de las dietas opacas, sino también por la dejación de su obligación de control. En una decisión sin precedentes, el Alto Tribunal, que sí cuestionaba la condición “ética” de esos pagos, dejaba impunes los comportamientos y decisiones políticas que dejaron a los navarros sin el principal instrumento de su autonomía financiera, con el peregrino argumento de que los imputados no cobraron por su condición de cargos públicos, sino por su pertenencia a un órgano interno de la caja que, paradójicamente, no tenía sustento legal. Un absurdo que sólo se explica por una razón: imputar a quienes han sustentado el régimen navarro durante más de 40 años suponía poner en peligro ese mismo régimen que ha garantizado el statu quo de la Comunidad Foral como freno para el soberanismo vasco. Es lo que en aquellos lares se resume con una elocuente máxima: Navarra es cuestión de Estado… aún por encima de los navarros.

Pero el caso Caja Navarra también es ejemplo de otra realidad, la que define la resistencia de un pueblo a asumir el saqueo que ha sufrido. A través de una asociación de consumidores, usuarios y contribuyentes, denominada Kontuz, los navarros han sido capaces de arrojar luz sobre lo sucedido, de mantener abierta la vía judicial, de movilizar a la ciudadanía en demanda de la verdad y de poner contra las cuerdas a aquellas fuerzas políticas que han sustentado el paraguas de la impunidad. Imaginen una manifestación a la que, convocados por una asociación de consumidores, acudieran 600.000 de los 3,2 millones de habitantes de Madrid para exigir que la justicia no mire para otro lado. Eso es lo que, comparativamente, consiguió Kontuz: que en tiempos de zozobra casi la quinta parte de los vecinos de Pamplona saliera a la calle a exigir responsabilidades políticas por lo sucedido, a exigir saber la verdad caiga quien caiga.