Ningún país está libre de que la corrupción se cuele en sus instituciones y partidos políticos; la cuestión, y el grado de civilización y desarrollo de ese país, está en cómo se controla y hace frente a esa corrupción para evitar y frenar a delincuentes (presuntos) como Ignacio González y su familia, política y de todo tipo.

En esta vigilancia, los medios de comunicación y el respeto que tengan los poderes públicos al periodismo juegan un papel decisivo. La 'operación Lezo' ha desvelado, al menos, dos formas opuestas de abordar las informaciones sobre el cortijo que el expresidente de la Comunidad de Madrid y hombre fuerte de Aguirre en el PP regional junto a Francisco Granados (en la cárcel) montó en el Canal de Isabel II. La empresa pública, que en teoría está para garantizar el abastecimiento de agua a los madrileños, se convirtió en el banco de los negocios sucios de González y sus cómplices, primero como vicepresidente y después como presidente. Ancha es Madrid y generosos los bolsillos de los madrileños/as.

Público empezó a destapar los presuntos comportamientos delictivos y mafiosos de González, al menos, desde 2009, gracias al extraordinario trabajo de investigación, entre otros/as, de Manuel Rico, hoy director de Infolibre. Hace, pues y como mínimo, ocho años que Rajoy y Aguirre sabían con documentos, testimonios y pruebas tangibles que algo tétrico rodeaba a González y al Canal de los madrileños, pero lo obviaron e, incluso, no tuvieron pudor alguno para dar un golpe de dedo y hacer presidente en Madrid al reo, cuando Aguirre dio un medio-paso atrás como jefa del Ejecutivo regional, acuciada también por la corrupción.

Con un escrupuloso ejercicio de periodismo de investigación, Público levantó la ira macarra (y bien conocida) de González, que llevó a los tribunales toda la artillería antidemocrática de la que dispone, no poca, contra este periódico. El expresidente madrileño nos reclamó 600.000 euros por entender que su honor quedaba lesionado con la publicación de 15 artículos sobre sus trapicheos en el Canal (obras ilegales del campo de golf con su hermano, hoy detenido también; ayudas de la empresa pública Avalmadrid; una sospechosa adjudicación a Martinsa de una parcela en Arganda; el viaje a Cartagena de Indias, etc.) González ni se molestó en negar las informaciones incluidas en un dossier del que disponían Rajoy y Aguirre (es decir, interno del propio PP), al que había tenido acceso Público; simplemente, el entonces vicepresidente dijo que le estábamos acosando.

Los tribunales dieron la razón a Público hasta tres veces, en el juzgado de primera instancia, la audiencia provincial y el Tribunal Supremo; reconocieron la veracidad de las informaciones que seguían ignorando Rajoy y Aguirre; tumbaron la demanda de González, y le obligaron a pagarnos las costas. Mientras tanto, el presidente del PP y la mentora y jefa del vicepresidente madrileño siguieron en sus mundos de fantasía, donde la impunidad parecía infinita al Partido Popular.

La catadura moral de González, aunque sea anecdótico en medio de tanta basura, nos la ilustraron, además, sus intentos de que fueran los abogados de la Comunidad quienes ejercieran su defensa, algo que Público no aceptó, por lo que González tuvo que cambiar al letrado de la Administración regional por otro, que resultó ser del Partido Popular. Siempre con el silencio cómplice de Aguirre y Rajoy, Rajoy y Aguirre, que seguían nadando en su charca de Maravillas.

Hoy hemos sabido que la cara oculta del periodismo (¿?) también actuaba en paralelo a Público; que mientras nosotros denunciábamos la corrupción (presunta) de Ignacio González, mientras él nos acribillaba a demandas para impedir que cumpliéramos el derecho fundamental de informar a los ciudadanos, muchos medios callaban acariciados por jugosos contratos de publicidad firmados con el Canal de Isabel II (300.000 euros, medio millón, un millón...) y defendían al presunto mafioso como si les fuera la vida en ello. Quizás les iba, pero lo iremos contando.

La apuesta política que supone la 'operación Lezo' es más turbadora, incluso, que el terremoto regional por las detenciones e imputaciones sorpresa, como la del director de La Razón, Francisco Marhuenda, o su presidente, Mauricio Casals, por coaccionar a Cristina Cifuentes para que no denunciara a González. La presidenta de la Comunidad de Madrid, con un golpe judicial abierto 24 horas después de ser llamado Rajoy como testigo de Gürtel, lo ha apostado todo a una carta para ser la sucesora del hoy presidente del Gobierno: la renovación real del PP, caiga quien caiga, sean González, Aguirre o uno de los grandes amigos, excolaborador y defensor de Rajoy, Paco Marhuenda. De momento, Cifuentes tiene garantizado el apoyo de Ciudadanos y la continuidad de su mandato, aun sabiendo que la sombra de corrupción en el PP es muy alargada y puede cubrirle en cualquier momento. La apuesta es compleja y arriesgada, también legítima, y si es sincera, bienvenida sea. Pero veremos qué dice (o no dice) Mariano.