Esta semana, el Ministerio de Igualdad hacía alusión a la trata de mujeres y niñas, una de las múltiples formas en que se manifiesta la explotación sexual, como "la esclavitud moderna", que "usa a las personas más vulnerables como mercancía". Lejos de considerarse una práctica cada día más residual y a pesar de los avances atesorados en los últimos años en materia de derechos feministas, esta realidad sigue golpeando duramente a miles de mujeres en España.

Por ello, este lunes se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, visibilizándose así un crimen que pone en grave riesgo la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres y niñas en todo el mundo de forma silenciosa pero atroz.

Mujeres que recorren cientos de kilómetros huyendo de contextos de violencia o pobreza extremas con falsas promesas de futuro terminan convertidas en la mercancía de industrias millonarias que hacen de sus cuerpos objetos destinados a satisfacer el deseo masculino. En España, donde el 39% de los hombres ha pagado alguna vez por acceder a servicios sexuales (nuestro país es el primer consumidor de prostitución en Europa), el comercio de mujeres con fines de explotación sexual continúa siendo un negocio altamente lucrativo.  

Según el departamento de Ana Redondo, se calcula que en España hay 114.576 mujeres en situación de prostitución, de las cuales el 80%, es decir, unas 92.000 mujeres, se encuentran en riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual. Los datos permiten trazar una cartografía más o menos precisa del perfil de las víctimas: mujeres en situaciones de precariedad y exclusión social, migrantes en situación administrativa irregular (el 96% de las supervivientes atendidas por Cruz Roja en 2023 lo eran) y procedentes en su mayoría de Latinoamérica, especialmente de Colombia, Paraguay, Brasil y Venezuela.

La profunda opacidad que rodea todavía a esta realidad y la falta de interés general, según muchas organizaciones, de cara a poner coto a los proxenetas y traficantes, se explica precisamente por este perfil concreto de las víctimas. "La trata afecta a mujeres pobres y de otros países, por lo que tenemos el concepto de que no nos está pasando directamente a nosotras, no lo llegamos a interiorizar como un problema nuestro", explica a Público Natalia Masse, miembro de la Fundación Apip-Acam, que brinda apoyo social y jurídico a víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

Pero el desconocimiento de esta violencia no implica que no se haya extendido con creces en los últimos meses. De hecho, la detección de numerosas mafias en toda la geografía española en los últimos meses ha puesto de manifiesto la magnitud de esta realidad. A finales del pasado mes de julio, 26 personas (nueve en Madrid, 12 en Toledo y cinco en Málaga) fueron detenidas en el marco de una operación policial contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

Las autoridades policiales estimaron que tal red habría llegado a explotar sexualmente en torno a 600 mujeres a lo largo de 2024, en su mayoría jóvenes nacidas en Colombia y Venezuela, que eran obligadas a estar disponibles para ejercer la prostitución 24 horas al día. Ese mismo día, la Guardia Civil liberó paralelamente a otras a 11 mujeres en la misma situación en Lanzarote.

En ambos casos, y como ocurre en la mayoría, las víctimas habían sido engañadas con la promesa de un empleo bien remunerado y con condiciones laborales óptimas. Sin embargo, al llegar a España se vieron envueltas en deudas que superaban los 4.000 euros y que debían saldar vendiendo su cuerpo y poniendo en riesgo su salud física y mental.  

Semanas después, otras 24 mujeres fueron liberadas tras haber estado sometidas a ejercer servicios sexuales en condiciones de salubridad infrahumanas, sufriendo todo tipo de agresiones físicas y obligadas a consumir sustancias estupefacientes en varios clubes de alterne si así lo demandaban los clientes. A pesar de todas estas redadas que han permitido la desarticulación de redes proxenetas, la trata sigue estando infradetectada en España, tal y como advierten los expertos en atención a las supervivientes.

El Grupo de Expertos en lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa (GRETA) se muestra igualmente preocupado por el escaso número de procesos y de condenas derivadas de este tipo de delitos. La ausencia de sentencias efectivas acordes con el inmenso número de redes que operan actualmente en toda Europa, sostienen en su último informe, "engendra una cultura de la impunidad" y, en última instancia, "los casos se acaban recalificando como otros delitos que conllevan penas más leves y que privan a las víctimas de trata del acceso a ciertos derechos".  

Las redes sociales, nuevas aliadas de los "tratantes"

Este déficit de detenciones contra los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, tanto proxenetas como consumidores o puteros está íntimamente relacionado con las nuevas formas, más perversas y sofisticadas, de captar a las víctimas. El nuevo perfil del tratante, es decir, quien se lucra mercadeando con los cuerpos de las mujeres, ha cambiado sustancialmente en los últimos años.

"Hace 20 años, ibas por los clubes interviniendo y te encontrabas con traficantes como los que pueden aparecer en las películas de terror, que iban con un cuadernito donde llevan las fotos de las mujeres que se 'vendían' y se 'compraban'", explican fuentes de Cruz Roja. Sin embargo, añaden, "ahora muchas veces estos proxenetas se sirven de las nuevas tecnologías para captar a sus víctimas", cuentan.

Los traficantes han sabido beneficiarse y sacar pleno provecho del poder que ofrecen las redes sociales para contactar con mujeres en situaciones de extrema necesidad en todo el mundo. A través del entorno virtual obtienen a su vez el necesario anonimato para cometer estos crímenes con total impunidad. Según Igualdad, "las nuevas tecnologías proporcionan medios innovadores para prevenir y abordar el fenómeno de la trata, pero también para la captación y el control de las víctimas".

Además, añaden fuentes de este departamento, "las oleadas migratorias y el desplazamiento forzado de personas por los conflictos armados son un caldo de cultivo para la trata". Las plataformas en línea, aplicaciones móviles y la dark web, también denominada deep web o internet oscuro, constituyen herramientas eficaces no solo en aras de captar a las víctimas sino también para alquilar apartamentos y locales donde retenerlas. 

Actualmente el delito de explotación sexual se regula a partir de la ley de extranjería, en concreto a través del artículo 59 bis. Esta ley permite la identificación de las víctimas, un proceso que pasa necesariamente por la denuncia policial. Pero relatar sus experiencias ante las autoridades resulta algo casi utópico tratándose de mujeres que se encuentran atrapadas y controladas a todas horas por sus explotadores en clubes o viviendas aisladas, sin posibilidad de comunicarse con personas ajenas a sus espacios de "trabajo". 

Asimismo, la mayoría de ellas dependen de sus traficantes y explotadores para disponer de un alojamiento. Por tanto, subraya Masse, "esta necesidad de contar lo ocurrido a la Policía deja fuera a todas aquellas víctimas que no quieran o no puedan hablar", siendo en su mayoría mujeres que no tienen una situación legal regular o incluso desconocen el idioma, lo que condiciona totalmente la decisión de denunciar su situación.  

Recursos insuficientes y falta de coordinación territorial

Incluso aquellas mujeres que finalmente se atreven a contar su historia acaban muchas veces dándose de bruces con el abandono institucional: aunque la ley les concede el derecho de interpretación al comunicarse con las autoridades, los traductores no siempre están sensibilizados con la trata de seres humanos. Además, se requieren más abogados formados y especializados en representar a víctimas de trata, mientras que los recursos públicos destinados a garantizar su inclusión y emancipación son, a ojos de las entidades humanitarias, insuficientes. 

"Tenemos unas necesidades sociales muy fuertes a las que hay que garantizar una cobertura y un seguimiento, pero a veces el modelo actual de subvenciones anuales no es suficiente. Las entidades especializadas precisamos de más recursos públicos, que sean constantes en el tiempo, para poder sostener los planes de trabajo y de reparación de las víctimas de estos delitos", señala Masse. 

Otro gran escollo con el que se chocan a menudo las víctimas, pero también las asociaciones que les brindan protección, es la diversidad de interpretaciones sobre la definición de trata en función de la provincia española en la que se detecten los casos. En otras palabras, y como describe a este medio Miguel Ángel del Olmo, coordinador nacional de In género (ONG de apoyo a víctimas de trata), falta unificación de criterios a nivel interterritorial.

"Lo que para un policía de Sabadell es explotación para otro es otra cosa. Para Andalucía, a lo mejor, el delito de trata tiene que llevar unos componentes determinados y lo que nosotros trabajamos en Madrid resulta que en otra provincia no lo reconocen y necesitamos dotar de más pruebas para que pueda calificarse de trata", sostiene Del Olmo.

La asociación cuenta con una aplicación móvil denominada Nosotras, que aporta recursos sociales, jurídicos, sanitarios y psicológicos geolocalizados a mujeres víctimas de trata en toda España. "Sabiendo de la movilidad de las personas que ejercen la prostitución y las víctimas de trata, como fluctúan a través del país, podemos ofrecerles hasta 13.000 recursos que están actualmente registrados en la aplicación", apunta del Olmo.  

En lucha por una ley integral contra la trata

Pero la asistencia real y efectiva hacia las supervivientes no puede depender exclusivamente de las iniciativas de las entidades no gubernamentales. Hace falta, destacan estas organizaciones, una ley estatal, específica e integral contra la trata. En marzo de este año, Unidas Podemos presentó una proposición de ley orgánica contra este delito, a través de la cual se permitía a las víctimas obtener permiso de residencia y trabajo sin necesidad de denunciar. A día de hoy, esta legislación sigue sin materializarse.

La demanda más generalizada entre las asociaciones es que las políticas de prevención y sensibilización que contempla el anteproyecto actual se pongan en marcha desde los países de origen "para abordar bien desde el principio que las personas, antes de emigrar, conocen sus derechos", reivindican desde In Género. 

Por su parte, el Movimiento Feminista de la Comunidad de Madrid defiende que las supervivientes puedan recibir reparación integral y salidas reales y efectivas por parte del Estado, con independencia de su origen o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En un comunicado reciente, ponen el acento en las restricciones al consumo y reclaman "sanciones para puteros, proxenetas y la prohibición de la tercería locativa, con el fin de desincentivar tanto la demanda como la oferta".

Para hacer llegar a las instituciones estas reclamaciones, han convocado este lunes a las 19.00 horas una manifestación feminista en la Puerta del Sol "en contra de una de las formas más extremas y normalizadas de violencia machista: la explotación sexual". Fomentar una educación sexual feminista desde la niñez, añaden, es igualmente fundamental para cambiar el rumbo de esta realidad de cara al futuro.

"Debemos cuestionar nuestros modelos de educación sexual y afectiva desde el colegio, desde los patrones de comportamiento y desde cómo gestionamos la sexualidad con nuestros niños y con nuestros jóvenes", sostienen desde In Género en consonancia con las apuestas del Movimiento Feminista.