Un grupo de 40 organizaciones feministas expertas en la lucha contra la violencia de género han firmado un manifiesto, que han presentado este miércoles en una rueda de prensa, para expresar su máxima repulsa hacia los asesinatos de mujeres en las últimas semanas y para exigir a las instituciones una mayor y mejor coordinación, así como "reforzar los mecanismos de protección policial de las víctimas de la violencia de género". Así lo ha expresado Elena Valenciano, presidenta de Fundación Mujeres en nombre de las organizaciones firmantes.

Las organizaciones lamentan que los poderes públicos no hayan contado con la experiencia de decenas de organizaciones que llevan décadas trabajando contra esta violencia, a pesar de haber sido clave para implementar y planificar políticas públicas para erradicarla. 

"Creemos que la concentración de asesinatos y agresiones graves que se están produciendo en las últimas semanas constituyen una situación de alarma que exige de las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y de toda la sociedad, un esfuerzo adicional en la puesta en marcha de medidas para la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres. En especial en lo referido a la protección de las víctimas", afirman en el manifiesto. En este sentido expresan no entender que las instituciones no hayan contado con su experiencia hasta la fecha para el análisis y el diseño de las medidas necesarias de respuesta ante esta situación.

Consideran "difícil tener éxito en esta lucha sin contar con la capilaridad de las organizaciones especializadas en luchar contra la violencia de género", ha expresado Valenciano en nombre de todas. Ellas son, en un alto número de casos, la puerta de entrada de estas mujeres que necesitan apoyo, asesoramiento y en muchos casos medidas de protección, como casas seguras.

Cifras demoledoras

Las cifras son demoledoras. Durante el pasado mes de diciembre fueron asesinadas 11 mujeres y se investiga al menos otro caso. En el arranque de enero, otras cuatro han sido asesinadas. En la mitad de los casos había existido denuncia por parte de las mujeres, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. En ningún momento desde que se registran datos (2003) había existido un número tan alto de mujeres asesinadas tras comunicar a las instituciones su maltrato. Por ello, a finales de diciembre se convocó un comité de crisis para valorar los fallos y examinar las medidas necesarias para corregirlos. El Ministerio de Interior convocó dos días de trabajo con todos los responsables para buscar los agujeros y poner soluciones. 

Lo alarmante, afirman las organizaciones feministas, es que en un alto número las mujeres asesinadas en las últimas semanas habían denunciado a sus maltratadores. Por ello denuncian que "este mecanismo no puede fallar. El riesgo de una mujer víctima de violencia de género protegida por el Estado debería ser cero" y piden que se ponga el foco en las mujeres que hay pedido ayuda y que han acabado asesinadas. 

Las organizaciones reclaman "un cumplimiento estricto de las medidas de vigilancia y control, incluyendo la evaluación continua del Sistema de seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), la necesidad de reformar la coordinación entre Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado, y la adopción de medidas especializadas para las víctimas con especial vulnerabilidad. Entre las asesinadas en diciembre hay mujeres de avanzada edad (dos de ellas tenían más de 80 años), así como mujeres con discapacidad o mujeres migrantes.

También solicitaron una medida ya contenida en la ley contra la violencia de género y también en el pacto de Estado contra la violencia de género, como que cada comunidad autónoma cuente con una dotación suficiente de unidades de Valoración Forense Integral, que deberían hacer una valoración del riesgo de los agresores y asesorar a los juzgados con información más específica sobre cada caso. En la actualidad, aún son pocas las comunidades que cuentan con estas unidades, y menos los jueces que recurren a este servicio clave. 

Valenciano instó a los políticos y a las instituciones a volver a colocar la violencia machista en lo alto de la agenda y a "no hacerlo solo cuando hay alarma social como ahora. Hay que hacer un trabajo diario, una lluvia fina, menos brillante, que consiste en mejorar por ejemplo los seguimientos de los maltratadores, el trabajo que se hacen en los juzgados de violencia sobre la mujer".

Falta de medios y de fondos

Las organizaciones reclaman, también, más medios y mejor formación en perspectiva de género de todos los operadores que trabajan con las víctimas, entre ellos los policiales, judiciales y sanitarios, claves en la valoración y detección de la violencia. "Es necesario actuar a medio y largo plazo. No sirve actuar solo en momentos puntuales y las medidas que se adopten deben ser de consenso", añadió Ángela Alemany, miembro de la junta de gobierno de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, una de las firmantes. "El sistema ha fallado alarmantemente en los últimos meses, porque las mujeres habían denunciado y no fueron protegidas".

También resaltaron la precariedad en la que están trabajando muchas de las organizaciones que llevan décadas dedicadas a apoyar a las víctimas de la violencia de género y la bajada o no renovación de los fondos que reciben. De hecho, la falta de seguridad y constancia en la recepción de esos recursos ha provocado el cierre de programas enteros que son claves para las víctimas, entre ellas las casas de acogida para situaciones de urgencia o el asesoramiento y acompañamiento jurídico que prestan asociaciones como Themis. En este sentido reclaman que la subcomisión para la renovación del Pacto de Estado que se conformará la semana próxima, incorpore un mecanismo de financiación estable para las organizaciones de la sociedad civil, así como su participación en ella. 

A pesar de que la ministra de Igualdad afirmó este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser que colabora constantemente con estas organizaciones, la realidad es que no han sido convocadas ni en en el comité de crisis que tuvo lugar a finales de diciembre, ni hasta la fecha a ninguna reunión para la conformación de la subcomisión que decidirá el futuro del pacto de Estado, un documento que se aprobó por el Parlamento en 2017 por un espacio de cinco años y con una financiación inicial de 1.000 millones, pero del que no conocen su futuro, ni una valoración de su eficacia.