Agentes de la Policía Nacional han liberado en la provincia de Málaga a 29 mujeres explotadas sexualmente por una trama criminal cuyos integrantes las sometían a un férreo control en clubes de alterne.

La investigación se inició a partir de unas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo organizado que captaba mujeres de diferentes países en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboral y sexualmente en la comarca malagueña del Valle del Guadalhorce.

Según las pesquisas, el entramado obligaba a las víctimas a prostituirse en condiciones abusivas, sometiéndolas a un sistema de sanciones económicas muy riguroso ante supuestos incumplimientos de las condiciones internas sobre horarios o citas en los prostíbulos, y las forzaba a vender droga entre los clientes.

La organización rotaba a las mujeres entre los distintos prostíbulos para "evitar, especialmente, situaciones de confianza entre las trabajadoras y de estas con los clientes habituales", según ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

Detenidas 37 personas

La operación Vagary se ha saldado con la detención de 37 personas por su presunta implicación en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, entre otros.

Entre los arrestados se encuentran desde los encargados de tareas contables y gestión de los prostíbulos hasta una amplia red de colaboradores y consortes.

Los agentes han llevado a cabo siete registros en prostíbulos y domicilios de los principales investigados en las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Pizarra y Málaga.

Fraude a la Seguridad Social

En los diferentes registros, han intervenido 261.560 euros en efectivo, 30 gramos de MDMA, 15 gramos de cocaína, 114 dosis de vigorizantes sexuales, cinco vehículos de alga gama y una cartera de criptomonedas por valor de unos 100.000 euros. Además, han bloqueado cuentas bancarias y propiedades por valor de 2.500.000 euros.

Los responsables de la organización utilizaban un complejo entramado societario a partir del cual defraudaban dinero a las arcas públicas, no pagando, en algunos casos, la cuota de los trabajadores a la Seguridad Social o en otros, creando altas ficticias.

De este modo, las diferentes compañías habrían alcanzado una deuda con la Seguridad Social que rondaría el millón de euros.