La Justicia tiene sus paradojas. Un hombre, que cumplió cinco años y medio de condena por abusar de la hija de su mujer cuando menor tenía diez años, reclama ahora visitas regulares con su hijo, fruto de la relación con la madre de la niña. A pesar de haber cumplido la pena de prisión, sobre el hombre pesa aún una pena de "inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de ocho años y seis meses", tal como reza la misma sentencia que lo envió a la cárcel. 

Un juzgado de Gandía (València) no ha querido decidir aún sobre la petición hecha por el padre sobre un cambio de medidas, sin tener sobre la mesa un informe psicosocial del Instituto de Medicina Legal que valore al menor, a la madre de éste y al padre, antes de sopesar si estas visitas son viables y, en caso afirmativo, cómo se deben realizar. La valoración por parte del equipo de medicina legal del menor y de su madre tienen lugar este jueves.

Sandra, la madre, se pregunta desde hace meses cómo puede ser que un hombre sobre el que pesa aún una pena por la que no puede acercarse o tener contacto directo con menores de edad puede pedir visitas con su hijo, sin que el juzgado las rechace de plano. "Mi hijo es un menor de 11 años en la actualidad. ¿Cómo puede ser que el juzgado siquiera considere valorar un cambio de medidas?", se pregunta en una conversación con Público. Además de esta condena que sigue pesando sobre el hombre, ley contra la violencia en la Infancia aprobada hace ahora más de un año por parte del Parlamento, ya estipula que un maltratador o un abusador sexual no puede ser un buen padre y advierte a los jueces sobre la necesidad de negar estas visitas.

Durante los últimos meses, esta madre ha intentado impedir que la valoración psicosocial siguiera adelante. Ahora, ante la inminencia de esta prueba, exige que se desestime en el juzgado la petición de su expareja para tener visitas regulares con su hijo. Una petición abierta por la madre en la plataforma Change.org acumula hasta la fecha más de 125.000 firmas de apoyo.

Sandra asegura vivir con miedo desde que su expareja salió de prisión. "En la sentencia tenía impuestas, además de la pena de prisión, medidas que van desde el alejamiento de 300 metros de mi hija mayor por un período de diez años, libertad vigilada durante otros cuatro y la prohibición de tener contacto con menores durante ocho años y medio. Pensé que los años de libertad vigilada nos darían un respiro, pero éstas han consistido en nada". Afirma que, desde que en octubre del año pasado abandonó la prisión, "ni tiene que ir a firmar, ni tiene ninguna medida de vigilancia".

Delito continuado de abuso sexual

En 2017 el hombre fue condenado por un "delito continuado de abuso sexual" por la Audiencia Provincial de Valencia. Los hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, abundan en durísimos actos de carácter sexual del hombre que la menor tuvo que relatar en diversas ocasiones (ante la Policía judicial, el juez y fiscales y en el juicio), lo que le causó mucho estrés. Unos meses después, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por el abusador, por lo que la sentencia fue firme.

Según consta en los hechos probados de la sentencia, entre el verano de 2015 y la primavera de 2016 el hombre abusó de la hija de Sandra (fruto de una relación anterior) en diversas ocasiones. En abril de 2016 la menor, que entonces tenía diez años, relató a su madre lo que le sucedía tras una charla que la Guardia Civil realizó en su colegio sobre acoso sexual. "Tenía miedo de que no la creyese", afirma la madre, que abandonó la casa de su expareja e inmediatamente interpuso una denuncia contra él. Llevaban conviviendo juntos siete años, desde que la niña tenía tan sólo tres. Durante la relación, nació su hijo menor, sobre el que ahora el padre reclama las visitas.

En octubre del año pasado, nada más salir de prisión, su expareja presentó en el juzgado una petición de revisión de medidas en relación a las visitas con su hijo. Reclama tener derecho a estar con él dos días a la semana, fines de semana alternos y repartir las vacaciones. Durante el tiempo que ha estado en la cárcel había solicitado que el menor fuera a visitarlo, cosa a la que se opuso el juzgado, que sin embargo estableció que padre e hijo tuvieran conversaciones telefónicas dos veces a la semana. Posteriormente, el juzgado decretó que esas conversaciones fueran supervisadas por la madre. "En una de ellas le dijo al niño que estaba en la cárcel por mi culpa, porque yo no lo quería". Tal como relata Sandra a este diario, "él puede hablar con el crío por teléfono, pero desde hace tres años no lo llama".

Para la jurista Altamira Gonzalo, experta en violencia de género y miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, "no se deben dar visitas aunque el niño sea su hijo biológico. Él ha sido condenado por abusar sexualmente de la hija de su pareja. Por cautela y por protección, a ese niño, cuyo interés está por encima del interés del padre, no se le debe poner en riesgo. La jueza de Familia no debería acordar esas visitas. Otra razón de peso, si está no fuera suficiente, es que tiene prohibido trabajar con niños. Sabemos que los abusadores de menores no solo son varones, sino que además, mayoritariamente pertenecen al entorno familiar y que los abusos se llevan a cabo en el hogar. Ese niño tiene derecho a ser protegido y eso implica que no le obliguen a visitar a su padre condenado por abusa sexual de una menor, que es su hermana".

Motivos para la angustia

Sandra afirma tener motivos para estar preocupada y angustiada tras la salida de su expareja de prisión. Por un lado, porque en los cinco años y medio que ha estado recluido no ha tenido ningún permiso carcelario, lo que es muy raro. Sólo al final de la condena le concedieron uno, pero fue casi cuando salió". Por otro, porque él nunca ha reconocido los hechos ni se ha arrepentido.

"Él no me va a perdonar que lo denunciara y que permitiera que la niña fuera escuchada. Siempre me intentó presionar para que no la dejara hablar, diciendo que la niña mentía". Sandra tiene un informe que la reconoce como víctima de violencia de género emitido por el Centro de la Mujer de Denia, que advierte de un "maltrato psicológico grave por parte de su marido", aunque ella nunca lo denunció por ese motivo.

"​Tal vez me angustio y al final no le permitan tener visitas con mi hijo, pero son seis años sin poder pasar página y me pongo en lo peor. Tengo la sensación de que el juzgado finalmente le va a conceder las visitas. De hecho la Justicia apostó por mantener el vínculo de mi hijo con él mientras estaba en la cárcel. La jueza lo permitió". Su miedo, afirma, es que se decanten por aceptar las visitas en un punto de encuentro familiar, "lo que en muchos casos significa que en poco tiempo pueda tenerlas sin vigilancia". 

"Llevo meses intentando impedir que el juzgado se decante por pedir la prueba pericial. No le encuentro sentido. Si no puede trabajar con menores creo que no hay nada más que decir. Si es un peligro para otros menores, ¿Cómo no lo va a ser para mi hijo o para seguir haciéndonos daño?", concluye Sandra.​