La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que siga manteniendo al exjugador del Barcelona, Dani Alves, en prisión, argumentando que existen varios indicios que lo incriminan, como las pruebas de ADN en el cuerpo de la víctima y en sus pertenencias. Mientras tanto, la defensa de Alves ha vuelto a poner en duda la versión de la supuesta víctima.

Este jueves, la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona está llevando a cabo la audiencia para revisar el recurso presentado por la defensa de Alves contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión sin fianza. Se acusa a Alves de violar a una joven en un baño de una discoteca de la capital catalana la noche del 30 de diciembre del año pasado.

Según han explicado fuentes jurídicas, en la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada para proteger la intimidad de la víctima, la defensa de Alves se ha remitido al recurso que presentó para pedir su excarcelación y, tras insistir en que el futbolista tiene arraigo suficiente en España para garantizar que no huirá, ha vuelto a cuestionar la versión de la denunciante, entre otros aspectos porque no presenta lesiones vaginales.

Los indicios que incriminan a Alves han centrado buena parte de la vista: la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima se han apoyado en los resultados de los análisis de ADN, así como de las huellas dactilares y otros restos hallados en la escena de los hechos, para recalcar que son numerosos los elementos que lo inculpan.

Las contradicciones de la defensa

Por su parte, la defensa del deportista brasileño, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, ha insistido en que las relaciones sexuales fueron consentidas, como lo demuestra el hecho de que la víctima no presentaba lesiones vaginales y que las grabaciones de las cámaras de seguridad la muestran bailando, en actitud distendida, instantes antes de que sucedieran los hechos.

La defensa ha asumido, de esa forma, que la denunciante fue penetrada vaginalmente por Alves, un extremo que este negó en su declaración ante la jueza instructora pero que han desmentido las pruebas biológicas, que revelan que la víctima presentaba restos de semen en sus partes íntimas.

Para rebatir la versión del futbolista de que las relaciones fueron consentidas, la acusación particular se ha remitido también a las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran a Alves saliendo de la discoteca a menos de un centímetro de la víctima, sin interesarse por ella pese a que en ese momento estaba llorando desconsolada y explicando la agresión sexual a los vigilantes.

La acusación cree que Alves podría huir en avión privado

El debate sobre el riesgo de huida de Alves si queda en libertad es otras de las cuestiones que han centrado la vista de la Audiencia, en la que su defensa ha esgrimido el certificado de empadronamiento histórico del futbolista y la vivienda que posee en Esplugues de Llobregat (Barcelona) para tratar de demostrar su arraigo en España.

También ha alegado Martell que el futbolista administra dos sociedades en España y que la quincena de empresas que tiene en Brasil -en las que la acusación particular se basó para probar que dispone de elevados recursos económicos- tienen un capital mínimo, prácticamente simbólico.

La acusación particular, que ejerce la abogada Ester Garcia, ha rebatido sus argumentos al recordar que las empresas de Alves en España tienen un capital cercano al millón de euros y que comparte la titularidad de su casa de Esplugues con su exmujer, por lo que cree que no garantiza su arraigo.

Para la acusación particular, la elevada capacidad económica del investigado hace incluso imaginable que si queda en libertad trate de huir de España en un avión no comercial, un razonamiento que ya esgrimió en la vista del 20 de enero pasado tras la que la jueza lo envió a prisión y que hoy ha vuelto a poner sobre la mesa, ante la incredulidad que ha mostrado la defensa sobre esa cuestión.

En los próximos días, la Audiencia de Barcelona debe decidir si estima el recurso de Alves y lo deja en libertad provisional, a la espera del eventual juicio, y si le fija las medidas cautelares que propone su defensa: pulsera telemática, retirada de pasaporte, la fianza que sea necesaria y comparecencias incluso diarias ante el juzgado.