La Unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla envió de oficio a diversos juzgados de España informes sobre una supuesta investigación que esa unidad estaba llevando a cabo sobre la organización Infancia Libre. Público ha podido acceder a varios faxes a través de los cuales la Policía informaba a juzgados de familia y de lo civil (donde se dirimían divorcios y custodias de los hijos) de que la mujer en cuestión estaba siendo investigada por pertenecer a una organización criminal.

Las comunicaciones enviadas por la Policía a los juzgados (firmadas por el inspector jefe, Pedro Agudo, o por el subinspector de dicha unidad) no ahorraban detalles sobre las investigaciones y actuaciones que había emprendido dicha unidad policial contra diversas madres.

Muchos de estos escritos se enviaron de oficio, es decir, sin que hubiera sido solicitado por ninguna de las partes, y detallaban las detenciones de tres de las madres con nombres y apellidos y también nombraban a dos abogados, una pediatra, una psicóloga y un psiquiatra de la sanidad pública, a los que acusaban de realizar informes falsos y de formar parte de una organización ilegal. 

La mayoría de los faxes enviados por la Policía a distintos juzgados (de Granada, Madrid y Catalunya) a los que ha tenido acceso Público tienen fechas comprendidas entre junio y noviembre de 2019. 

Una "barbaridad jurídica"

Diversas juezas y juristas consultadas por este periódico afirman que esta actuación es una "auténtica barbaridad" jurídica y que supone una actuación irregular por parte de la Policía, pero también por parte del juzgado si admite el escrito. Tal como comenta Cira García, magistrada del juzgado de violencia de género de Albacete, este modo de actuar es ilegal, puesto que la Policía puede actuar de oficio en causas penales, pero no en juzgados de lo civil. "Esto es muy serio", comenta García ante la constatación por parte de este medio de que muchos oficios policiales no fueron aportados por las partes ni habían sido solicitados por el juzgado. 

García explica que los únicos que están capacitados para adjuntar documentos en los procedimientos civiles son las partes interesadas, pero no terceras personas. "¿Qué finalidad tiene que la Policía envíe de oficio un escrito al juzgado?", se pregunta esta jurista, y se responde: "Influir en el proceso judicial y poner en cuestión la capacidad de la mujer para ser madre. Es una criminalización y estigmatización de la mujer que no solo no está condenada, sino que se basa en una investigación que no ha tenido el respaldo de la Justicia".

Tanto García, como la jueza Helena Gil, magistrada y profesora de la escuela judicial, resaltan que la Policía podría haber incurrido en graves delitos contra la ley de protección de datos, delitos contra la intimidad y revelación de secretos. "No es legal incluir en un procedimiento civil datos de otros procedimientos", advierte Gil. 

Otra de las preguntas recurrentes de las juristas consultadas por este diario fue cómo supo la Policía que existían causas abiertas de estas madres en juzgados de lo civil. Tal como relatan, no existe forma de que la Policía conozca estos datos, a menos que hubieran sido sus exparejas las que hubieran aportado esta información a la Policía judicial. 

Envío de un oficio a Catalunya

Si bien la mayoría de las madres contenidas en el informe de la Policía Judicial son de Madrid y Granada, Silvia A. estaba inmersa en un proceso por divorcio y por la custodia de sus hijos en Catalunya. El 5 de noviembre de 2019 la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla envió al juzgado de primera instancia número 18 de Barcelona un escrito de cuatro páginas. En él se redacta que se envía "a los efectos que se estime oportunos" y se advierte de que el proceso de divorcio de Silvia A. había sido incluido en el informe policial por coincidir con el modus operandi de diversas mujeres.

La abogada de Silvia A., Antonia Ortiz, afirma a Público que se puso en contacto con la unidad de la Policía Judicial del Plaza de Castilla tras la recepción de dicho escrito en el juzgado. Quería saber cómo la Policía había tenido conocimiento del proceso civil en el que su representada y su expareja estaban inmersos. También preguntó sobre quién había ordenado a esta unidad enviar un escrito que no había sido aportado por la parte contraria ni solicitado por la jueza.

Tal como relata Ortiz, la respuesta que obtuvo por parte del portavoz (no pudo determinar si fue el inspector jefe o el subinspector), fue que "no tenía porqué darme explicaciones ni los motivos por los que lo había hecho, ni quién se lo había requerido". Fue "un trato denigrante que no aclaró nada", añade.

En febrero de 2020 el juzgado retiró la custodia de sus hijos a Silvia A. Según la abogada de esta madre, es difícil saber hasta qué punto influyó la comunicación de la Policía y el tremendo ruido mediático que se había organizado sobre la vinculación de diversas madres a Infancia Libre. Reconoce que la jueza no incluyó comentarios sobre la investigación policial en sus decisiones judiciales, pero afirma que el informe vino a empeorar un caso ya de por sí complicado, en el que la madre estaba siendo acusada de ejercer sobre sus hijos el Síndrome de Alienación Parental (de cuya existencia no hay evidencia científica y cuyo uso como argumento jurídico no está permitido en la legislación española).

La decisión de la jueza fue brutal: le cedió la custodia del menor de los hijos al padre y ordenó que la hija (de 7 años) fuera institucionalizada por la Dirección General de la Infancia (DGAIA) por su negativa a irse con el padre. Ahora la madre se encuentra a la espera de juicio por una supuesta sustracción de sus hijos denunciada por el padre. La vista estaba fijada para el pasado 11 de abril, pero fue pospuesta por la gran cantidad de documentación que se aportó en la vista. Entre los documentos aportados por la parte contraria figura el fax enviado por la Policía en 2019.

El de Silvia A. no fue el único caso en el que la Policía judicial actuó de oficio. Algunas madres de Granada inmersas en procesos civiles de divorcios y custodias vieron también cómo la Policía enviaba estos escritos a los juzgados. La mayoría no quieren dar su nombre, con temor todavía a hablar por la criminalización sufrida y que siguen sufriendo por el informe policial y el ruido mediático y social azuzado por la unidad de la Policía Judicial y diversos medios de comunicación.

Cuatro años después de que saltaran a la luz las actuaciones policiales y más de tres años después de que la Fiscalía Provincial de Madrid diera carpetazo al informe por no encontrar ningún indicio de criminalidad ni de la existencia de asociación ilícita, la mayoría de las mujeres implicadas por la Policía en esta falsa trama no quieren hablar públicamente del asunto ni que su nombre salga a la palestra. Muchos casos continúan judicializados aún y el señalamiento mediático ha provocado terror e indefensión, confiesan.

Querella contra la Policía

Vicente Tovar, abogado de algunas de estas mujeres que fueron incluidas en la causa policial, confirma que en Granada varios juzgados recibieron un oficio policial sin haberlo solicitado las partes. Es más, en algunas ocasiones, en los procesos civiles de algunas de estas madres se ha incorporado información de otras mujeres acusadas por la Policía de pertenecer a la supuesta trama.

En enero de 2021 Tovar representó a dos madres de Granada que presentaron una denuncia contra el inspector jefe de la Policía Judicial, Pedro Agudo, y contra la unidad que elaboró el informe. Denunciaban que los agentes habían incurrido en falsedad documental y en revelación de secretos y afirmaban que el escrito policial no estaba basado en ninguna investigación, sino en los testimonios de varios padres que no habían sido siquiera contrastados. En un principio el juzgado de instrucción número 15 de Madrid admitió la queja e inició una investigación. Sin embargo, poco después la archivó.

Hace un par de semanas, Vicente Tovar volvió a activar la denuncia. Esta vez adjuntando documentación adicional; entre otra, la investigación realizada por este periódico, que desveló la connivencia entre Pedro Agudo y un alto cargo del Partido Popular para hacer de la investigación policial un caso contra Unidas Podemos. Tovar está a la espera para ver si el juzgado acepta reabrir el caso ante las nuevas revelaciones.

¿Cómo se fabricó el caso Infancia Libre?

Entre mayo y julio de 2019, el entonces jefe de la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, Pedro Agudo, elaboró una supuesta investigación con el fin demostrar que un grupo de madres, abogados y profesionales de la sanidad pública se habían asociado en una organización criminal bajo el nombre de Infancia Libre. Según dicho informe (al que ha tenido acceso este diario), el objetivo de banda era el de denunciar falsamente a sus exparejas de abusar sexualmente de sus hijos para quitarles la custodia a los padres y quedárselas ella en exclusiva.

Infancia Libre había sido creada en 2015 para dar apoyo a madres y familiares de menores víctimas de abuso sexual intrafamiliar, tras constatar diversas mujeres la falta de credibilidad del relato de los menores y sus madres cuando denuncian dichos hechos ante la Justicia. 

El germen del informe policial fue la detención de María Sevilla, presidenta de la organización, el 30 de marzo de 2019, en una finca de Cuenca. Sevilla llevaba más de año y medio en paradero desconocido para no entregar a su hijo mayor a su expareja, después de que el juzgado archivara la denuncia de abusos sexuales y le diera la custodia del menor al progenitor.

La foto que ilustraba las informaciones de su detención era una en la que se veía a Sevilla con otras tres mujeres junto a diputadas de Unidas Podemos. En las semanas siguientes otras dos de las mujeres de esa foto (Patricia González y Ana Bayo) fueron detenidas con un gran despliegue mediático. En ambos casos la prensa ya estaba apostada en la puerta de los juzgados para conseguir una imagen.

Desde el inicio de las detenciones, Pedro Agudo participó en programas de televisión y en otros medios de comunicación. En diversas entrevistas calificó la actuación de estas madres de "modus operandi" para referirse a una serie de supuestas similitudes en todos los casos y afirmó en diversas ocasiones que las mujeres habían puesto denuncias falsas, un extremo que la fiscalía demostró meses más tarde que era incierto. Aunque no hubieran prosperado o se archivaran, ninguna de las denuncias fueron consideradas como falsas. 

Tal como desveló una reciente investigación de Público, el caso de Infancia Libre tuvo su origen en una colaboración policial y mediática que involucró a políticos del PP y uno de cuyos objetivos era el de debilitar a Podemos ante las elecciones generales y autonómicas que estaban en ciernes. Los whatsapps intercambiados entre el entonces jefe de la unidad policial, Pedro Agudo, y el ex número dos de Interior del Partido Popular, Francisco Martínez, incorporados a la causa Kitchen ponen negro sobre blanco la voluntad del político y del policía de vincular el caso de Infancia Libre con miembros de Unidas Podemos en plena campaña electoral. 

Pero las actuaciones policiales fueron mucho más allá de las tres detenciones iniciales. En los tres meses siguientes a la detención de María Sevilla, la unidad de la Policía Judicial, con su responsable a la cabeza, comenzó a recopilar denuncias de distintos hombres, principalmente de Granada, Madrid y Catalunya, que afirmaban que sus exparejas usaban el mismo modus operandi que las que aparecían en los medios de comunicación.

A partir de las entrevistas con los padres, la Policía Judicial elaboró un informe en el que involucró a un total de 18 mujeres que estaban inmersas en procesos judiciales por haber denunciado agresiones sexuales o violencia de sus parejas hacia sus hijos e hijas o violencia de género hacia ellas mismas. Además, incluyó a dos abogados y a otros tres profesionales de la sanidad pública expertos en la detección de violencia en la infancia.

A todos se les acusó de ser parte de una supuesta trama criminal, sin tener en cuenta que en muchos casos sus denuncias y sus juicios comenzaron años antes de la creación de la organización Infancia Libre. Una simple coincidencia bastaba para estar en el listado: haber utilizado la misma pediatra o psicóloga de Granada, haber compartido abogada o simplemente haber denunciado violencia sexual hacia sus hijos o estar inmersa en procesos de violencia de género. 

A pesar de que la Fiscalía no vio indicio de veracidad en el informe de la Policía, las consecuencias de estas actuaciones policiales siguen teniendo un tremendo efecto sobre las mujeres incluidas en él.

Este periódico solicitó en reiteradas ocasiones a la Policía Nacional poder hablar con algún responsable de la Unidad adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla o con algún portavoz que aclarara si el envío de información no requerida a juzgados de lo civil es una práctica habitual o quién autorizó estas comunicaciones. Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta.