La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Chema Dávila a un año de cárcel por un delito de abuso sexual contra una exmilitante socialista y extrabajadora del partido, según han informado fuentes jurídicas y ha confirmado el condenado, que recurrirá la sentencia.

Los hechos juzgados tuvieron lugar hace dos años y medio, antes del cambio legislativo por el que todos los abusos se convirtieron en agresiones sexuales. La mujer, de 27 años, denunció a Dávila, edil socialista madrileño desde 2015 hasta 2019 y ahora fuera del partido, por unos supuestos tocamientos durante un encuentro entre ambos. La Fiscalía de Madrid solicitó un año y medio de prisión.

La condena, adelantada por el diario The Objective, incluye, además de un año de prisión, una pena de inhabilitación especial por un periodo de cuatro años y una indemnización a la demandante por un importe de 8.000 euros en concepto de reparación de daños morales.

Chema Dávila ha confirmado el fallo judicial, pero ha subrayado que lo recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), confiando en que el caso se aclare en esta instancia lo antes posible "e impere el sentido común". El exedil ha negado en todo momento los hechos y apunta a las contradicciones y diferentes versiones de la víctima sobre lo ocurrido.

Denuncia de la misma persona sobre otro socialista

La denunciante es la misma persona que denunció también hace tiempo al actual diputado socialista en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual en relación a una supuesta agresión sexual. El caso fue archivado esta primavera por la Audiencia Provincial de Madrid.

Los magistrados exponen que no existe "un testimonio consistente de la denunciante", que no cuenta con corroboración y que no existen datos para poder concluir que tuviera "afectada su capacidad de conocimiento y decisión por la supuesta ingesta de pastillas".

La denuncia contra Javier Guardiola parte de esta militante socialista por unos hechos que se habrían producido la madrugada del 4 de septiembre de 2021. Tras la condena favorable al parlamentario, esta joven ya no trabaja para el partido.

Al parecer, la denuncia se interpuso año y medio después de los hechos tras hablar la supuesta víctima con una educadora y contarle que pasaron "cositas" con el investigado. La denunciante pensaba que, como había ingerido pastillas, "no podía haber consentido un acto o una relación sexual".

En el marco de la instrucción, la jueza dictó un auto de inhibición al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al tratarse el investigado entonces de un diputado autonómico con condición de aforado. En la resolución acordaba elevar exposición razonada, junto con el texto íntegro de las actuaciones, por si "los hechos podrían constituir un delito contra la libertad sexual".

En septiembre de 2023, el TSJM ordenó al magistrado investigar al exparlamentario madrileño por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual tras rechazar la inhibición planteada.