Las declaraciones a cuentagotas de Ana Obregón desde Estados Unidos, donde ha comprado una niña por el método conocido como vientre de alquiler, están suponiendo todo un órdago legal y moral en nuestro país. En una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!, Obregón reconoce que biológicamente es la abuela de la niña, pero asegura que legalmente es su madre y que ha sido engendrada con el esperma de su hijo, fallecido de cáncer hace ahora tres años. Unas declaraciones que han vuelto a levantar un torbellino mediático y que han sido calificadas por diversos comentaristas como una auténtica distopía. 

Las consecuencias legales de sus actuaciones son difíciles de predecir. En Estados Unidos, donde la práctica del alquiler de mujeres para gestar está legalizada en algunos estados como el de Florida, podría tramitar un pasaporte legal para la niña reconociendo a Obregón su tutela o maternidad, tal como afirma ella en la entrevista.

Sin embargo, la legislación española prohíbe taxativamente esta práctica, aunque se realice en un país en el que ésta sea permitida, y considera ilegal cualquier contrato que se firme al respecto. Nuestro ordenamiento jurídico establece la filiación por el parto y la recientemente aprobada reforma de la ley del aborto establece que la práctica de utilizar a una mujer como gestante de los hijos de otros es una forma de violencia reproductiva.

Existe un resquicio legal, sin embargo, que permite la inscripción de estos nacimientos en el consulado español a quienes recurren a esta práctica en el extranjero. Se trata de una directiva de la Dirección General de Registro y Notariados, dependiente del Ministerio de Justicia, que permite las inscripciones de estos menores cuando se acredite que el niño o la niña es hijo biológico de quien la demande. Un subterfugio legal que puso en marcha el Gobierno del PSOE en el año 2010 para no dejar desprotegidos a los menores.

Sin embargo, tal como afirman diversos juristas, el caso de Obregón hace estallar todas las costuras legales en nuestro país. Por edad, Obregón no podría adoptar legalmente a la niña, puesto que las leyes establecen que no puede haber una diferencia de edad mayor de 45 años entre la madre y la menor. Y su inscripción en el registro civil como madre de esta niña es, tal como reconocen diversos juristas consultados, un total fraude de ley.

Pero por los datos que ha arrojado la propia actriz, estas no son las únicas ilegalidades que ha cometido en relación a la legislación española. Obregón afirmó que su hijo había expresado su última voluntad de tener descendencia mediante un testamento ológrafo, que fue verbal y que lo hizo delante de ella y de Alessandro Lequio (su padre).

Sin embargo, lo que relata no se ajusta a este tipo de testamentos, que deben obligatoriamente ser escritos (aunque sean manuscritos) y contener fecha y firma. Tampoco la ley española de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) permite realizar una fecundación tal como la que ha realizado Obregón en Florida. Por un lado, porque prohibe los vientres de alquiler y, por otro, porque, según ésta, sólo puede disponer del esperma de una persona fallecida su pareja estable y dentro de los 12 meses posteriores a la muerte. 

Un fraude de ley que la Fiscalía podría perseguir

Según ha declarado Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, en este caso hay "un fraude de ley", porque se trata de "un delito aquí, que se está cometiendo en otro país". Rosell explica que, si en España no se inscribe a la menor con el nombre de los padres, "la niña queda sin filiación y entra en el sistema de protección. Se trata de una solución para no premiar el fraude". "Desde Igualdad tenemos claro que se trata de una explotación reproductiva y de una violencia sobre las mujeres y no es sólo un alquiler de vientres, es un alquiler de mujeres, porque cualquiera que haya pasado un embarazo sabe que no te cambia solo el vientre", añade.

Según esta jurista, los pasos a seguir deberían ser buscar a la madre biológica y devolverle a la niña. En caso de que ésta no quisiera o pudiera asumir la maternidad, "entonces la menor debería entrar en el sistema de protección". En este caso, en la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias en esta materia. Rosell alerta sobre la posibilidad de que Ana Obregón "se vea envuelta en un proceso en el que puedan darse efectos que ella no calibró debidamente antes".

Para Olympe Abogados, un bufete especializado en derechos humanos, lo que está haciendo Ana Obregón no solo es ilegal, sino que supone un fraude de ley que le "puede pasar factura porque la Fiscalía se puede oponer a que registre a la niña" o, en el caso de que la inscriba, "puede recurrir dicha inscripción en el Registro Civil". En su opinión, en este caso sería necesario que se produzca esta actuación del Ministerio Fiscal, porque de lo contrario "crearía un precedente absolutamente bárbaro". Para este experto, la misma Ana Obregón confirma que está realizando "un fraude de ley al intentar inscribir a la menor como su hija adoptiva a través de una adopción internacional, cuando ella misma reconoce en la entrevista que la niña no es su hija sino su nieta".

La actuación y las declaraciones de la actriz no solo tienen implicaciones legales difíciles de calcular, sino que han reabierto un importante debate social y moral en nuestro país. Decenas de analistas, representantes políticos y organizaciones de la sociedad civil, además de un número importante de comentaristas aficionados e influencers de redes sociales, han criticado con dureza la actuación de Obregón. Se cuestionan la legalidad del proceso y la diferencia de edad entre la actriz y la bebé engendrada por encargo, así como la exposición mediática y la explotación comercial de una pequeña cuyo rostro está siendo mostrado en primer plano en todos los medios de comunicación masivos del país tras la venta de las correspondientes exclusivas a la revista ¡Hola!.

El PP cambia de rumbo

En la arena política, los partidos de izquierda han rechazado de plano la actuación de Obregón mientras que el Partido Popular ha abierto por primera vez la puerta a que esta práctica pueda ser legalizada en España. Hasta el momento, la legalización de los vientres de alquiler solo había sido defendida por Ciudadanos, partido que llevaba la aprobación de esta práctica en su programa electoral y que llegó a presentar una proposición de ley en el Congreso que finalmente no prosperó. Según Ciudadanos, esta práctica debería ser legal cuando se realice de manera "altruista". Es decir, que no se pague a la gestante (por lo general, mujeres pobres y en situación de vulnerabilidad) por gestar bebés para otros, que suelen ser personas en situación privilegiada y con elevados recursos económicos.

El Partido Popular, que siempre se ha mostrado contrario a esta práctica, parece haber cambiado de posición en este controvertido asunto tras saltar el caso de Ana Obregón a los medios de comunicación. Su secretario general, Alberto Nuñez Feijóo, ha manifestado que está dispuesto a abrir un debate "sosegado y serio", siempre que no exista "mercantilización" de la mujer, porque considera que esto es  "absolutamente execrable".

Apenas un día después, tras el malestar mostrado por sectores de la derecha y por la propia Iglesia católica, Feijóo replegó alas indicando que tal vez este no es el mejor momento para abordar este asunto. Pese a ello, parece claro que la derecha tradicional está girando progresivamente desde un rechazo frontal a los vientres de alquiler a una postura regulacionista.

Dinero y mercantilización del cuerpo de mujeres pobres

El dinero, la diferencia de clases y la mercantilización del cuerpo de mujeres pobres es precisamente lo que está en el fondo del debate sobre los vientres de alquiler. Algo que se hace más evidente en el caso de Obregón. La actriz afirma que alquiló a una mujer para cumplir "el último deseo de su hijo", un mensaje claramente diseñado para llegar al corazón y buscar la complicidad de muchas madres. Sin embargo, también reconoce que "nunca volverá a sentirse sola", una frase duramente criticada por quienes definen sus actos como un "capricho" que no tiene en cuenta la protección de la menor.

Lo hace, además, vendiendo exclusivas a una revista del corazón y exponiendo a la menor ante las cámaras, lo que supone un lucrativo negocio. Incluso va más allá, porque la actriz afirma en una entrevista plagada de estereotipos que deja abierta la puerta a que pueda engendrar otros bebés con el esperma de su hijo fallecido y reconoce que le hubiera gustado haber tenido un varón. 

No se trata de un caso cerrado. La estrategia de Obregón parece estar diseñada para abonar el camino hacia el reconocimiento de la menor como su hija o, cuanto menos, ser declarada la tutora legal de la niña. Un camino difícil tanto si esta reclamación es aceptada por las autoridades a modo de excepción como si la Fiscalía decide recurrir esta inscripción a la luz de las múltiples irregularidades que suponen un órdago a la grande.