El Congreso de los Diputados asiste este martes por primera vez desde que se reinstauró la democracia a un debate en profundidad en el Pleno sobre la necesidad de una ley que prohíba la prostitución. La proposición de ley presentada por el Partido Socialista en solitario el pasado 19 de mayo abre una caja de Pandora que lleva años de tensiones y enfrentamientos dentro del feminismo y de los que no son ajenos los partidos políticos.

No se trata de un debate nuevo en el movimiento, donde existen posturas enfrentadas desde hace décadas entre las que se consideran regulacionistas o se autodeniminan pro-derechos y las feministas radicales (es decir, aquellas que van a la raíz del problema de la discriminación hacia las mujeres), que consideran que la prostitución debería ser prohibida en todas sus formas.

Los desacuerdos entre los socialistas y el resto de las fuerzas parlamentarias en la Comisión de Igualdad del Congreso el pasado 18 de mayo, a colación de la ley sobre libertad sexual, llevó al PSOE a retirar una enmienda que pretendía endurecer los dos preceptos destinados a prohibir la prostitución incluidos en el texto inicial remitido por el Gobierno y rechazados por la mayoría de los grupos: el proxenetismo no coactivo (no violento) y la tercería locativa (multar a los propietarios de pisos o locales en donde se ejerciera la prostitución).

En aras de facilitar un acuerdo y tras más de "20 borradores distintos sobre la redacción de ambos elementos", Igualdad planteó retirar estos conceptos de la ley, una propuesta a la que el PSOE se sumó casi in extremis "por responsabilidad", pues si se mantenían en sus trece, dificultaba la aprobación del texto en la comisión y, por tanto, su votación posterior en el Pleno. Finalmente salió adelante y el texto de ley ya se encuentra en el Senado para continuar su tramitación.

Los socios de legislatura

ERC, PNV y EH Bildu, aliados parlamentarios del Ejecutivo, y otras fuerzas políticas, como Cs, Junts o la CUP, se oponían tanto a endurecer las medidas contra la prostitución en la ley de libertad sexual como a incluir en la misma la tercería locativa. Asimismo, muchos de ellos apuestan por una regulación de la prostitución en lugar de imponer medidas más drásticas y "punitivas".

Desde el espacio confederal de Unidas Podemos, Irene Montero se ha declarado en diversas ocasiones abolicionista, pero dejando claro que ésta no es la línea de todo el grupo morado, ya que desde En Comú Podem tienen una postura pro derechos muy clara y firme que está aplicando en Barcelona. Por este motivo, fuentes parlamentarias de la marca morada catalana aseguran que aún no tienen decidido el sentido de su voto en la proposición que se debate este martes, al contrario de Podemos e IU, que han garantizado el sí a la proposición del PSOE para debatir profundamente sobre el contenido de la ley, con vistas a lograr un amplio consenso.

Por otro lado, en el interior de algunos partidos políticos ni siquiera hay una postura clara sobre el tema o incluso existen discrepancias dentro de sus filas. Con estos mimbres, EH Bildu y el PNV reconocen no haber cerrado una postura consensuada dentro de sus formaciones.

También será importante la posición del PP en esta cuestión, formación que ya se mostró a favor de endurecer las penas al proxenetismo en la ley del "solo sí es sí" y que en 2019 apoyó una PNL de los socialistas que versaba sobre este mismo objetivo.

Ante este primer paso que tiene que afrontar la proposición de ley en el Congreso, como es su toma en consideración, sin que estén claros todavía los apoyos con los que contará el texto del PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha descartado hacer cambios en su texto para "contentar" a otros grupos, y sólo se ha abierto a introducir modificaciones que supongan una "mejora".

"¿Pero vamos a renunciar a algunos de nuestros planteamientos para contentar a alguien? No, con la libertad de las mujeres no se negocia. Puede hacer mejoras de todo tipo, pero sobre la libertad de las mujeres no se negocia", ha señalado Lastra este lunes en rueda de prensa.

Acabar con el proxenetismo a toda costa

El PSOE está decidido erradicar la prostitución a toda costa. En los últimos días, desde que presentaran la propuesta de ley, diversas diputadas y ministras han realizado, tanto en redes sociales como a la prensa, declaraciones en la línea de que ésta será una semana decisiva y que no están dispuestas a dar un paso atrás.

Si bien abolir la prostitución fue una promesa del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 40 congreso del PSOE, llama la atención esta súbita escalada del discurso socialista porque desde octubre no se había avanzado en esta promesa. La negativa de los grupos políticos a incluir medidas más duras contra el proxenetismo en la ley del "sólo sí es sí", aparentemente espoleó esta reacción.

Algunas fuentes parlamentarias apuntan a que la cercanía de las elecciones en Andalucía, donde dos ex altos cargos del partido fueron acusados de desviar dinero a un prostíbulo, podrían estar en la base de esta carrera. Otras, por su parte hacen hincapié en la necesidad de recuperar un voto tradicional de los socialistas, como es el del feminismo, descontento por las dilaciones o los retrasos en cumplir con este compromiso.

En este sentido, cabe recordar que el Partido Socialista gobernó durante varios años con mayoría absoluta tanto en la época de Felipe González, como en la de Rodríguez Zapatero, pero no llego a formalizar ninguna norma que prohibiera la prostitución. 

Hace pocos meses, algunas feministas radicales han dicho basta y han creado la formación política Feministas al Congreso, para avanzar precisamente en la abolición de la prostitución, entre otros temas.

¿Qué se debate?

Las socialistas tienen claro que no darán ni un paso atrás. Su propuesta no es en la actualidad un cuerpo de ley, sino una serie de modificaciones de calado en el Código Penal. Plantean modificar el artículo 187 con un párrafo que afirma que "se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".

También vuelve a instaurar la tercería locativa con penas de prisión de dos a cuatro años e incluye multas para todos aquellos que utilicen "la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico". El texto también criminaliza a los consumidores afirmando que "participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos. Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución. Por tanto, esta iniciativa contempla el reproche penal de este tipo de conductas".

La propuesta no hace distinciones entre la prostitución voluntaria o forzada, prohibiendo todo tipo de proxenetismo, por lo que consideran tanto la trata de mujeres con fines de explotación sexual como a las que voluntariamente decidan ejercer la prostitución. 

Un largo y viejo debate

En el feminismo existen tres posturas clave sobre cómo tratar el tema de la prostitución. Las feministas radicales y abolicionistas entienden que la prostitución tiene su origen en la discriminación histórica que vive la mujer en la sociedad y que la mayoría se ejerce de forma coactiva, por lo que supone una explotación sexual de las mujeres. Si bien no existen datos oficiales, la mayor parte de la prostitución no se ejerce de forma voluntaria, por lo que responder a las demandas de la minoría, sería "tomar la parte por el todo". Según esta postura, la prostitución no tiene que ver con el sexo, sino con las estructuras de poder, por lo que es necesario erradicarla, porque no se trata de un trabajo, sino de una opresión.

Para las feministas regulacionistas o pro-derechos de las prostitutas, la ecuación es muy diferente. Consideran que el foco de atención debería ponerse en la voluntad de las mujeres más que en el sistema prostitucional y distinguen claramente entre la trata y la prostitución voluntaria. Afirman que prohibir esta última trata a las mujeres como incapaces de decidir por sí mismas y que sus derechos laborales deberían ser respetados para no estigmatizarlas y dotarlas de derechos laborales. 

Por último existe quienes opinan que la práctica de la prostitución debe ser criminalizada en todo caso, incluyendo la penalización de las prostitutas. Esta medida es rechazada por los principales partidos en nuestro país. 

Donde hay consenso es en el hecho de que la trata con fines de explotación sexual, de las que según la OIT en un 90% está formada por mujeres y niñas, es una violación de los derechos humanos que debe ser castigado y perseguido.

También existe claridad sobre que las medidas a adoptar no pueden estar sólo en el Código Penal, sino que precisa de una serie de medidas que den una respuesta integral al problema. Por ejemplo, una cambio en la ley de extranjería, que considera a las víctimas de trata como instrumentos para la lucha contra el crimen, en lugar de proteger sus derechos humanos.

El debate de este martes en el Congreso sacará a la luz estas distintas posturas y existen ciertas dudas sobre los apoyos que conseguirá la propuesta del PSOE. Tanto Partido Popular, como Unidas Podemos (así lo ha manifestado este lunes la secretaria de estado de Igualdad) apoyarán la tramitación de una ley sobre lo que consideran una "violencia machista" y para la que piden que se combata con un pacto de Estado.