A finales de los noventa en la Unión Europea que crecía gracias al Tratado de Maastricht se hablaba de un comisario de Agricultura y Pesca en guerra personal contra su propio sector. Era Franz Fischler, impulsor de una reforma de la Política Agraria Común (PAC) que afectó especialmente a Andalucía y Castilla-La Mancha por la reducción en el volumen de las subvenciones dedicadas a los extensos campos de olivares, sus labradores y las empresas de procesamiento del aceite.

En paralelo a su ambiciosa reforma, el austríaco reducía los cientos de miles de toneladas de leche o aceite que la Unión Europea permitiría producir. Un doble ataque contra el campo que durante muchos meses tuvo abrumados a labradores y ganaderos, empresarios agrícolas y pequeños y grandes propietarios. Para intentar convencer a este centroeuropeo de sus posiciones confundidas, a Fischler le invitaban a las explotaciones a que comprobara pie en tierra los beneficios de una cultura agraria centenaria, sostenible, pegada a las comunidades locales y responsable de miles de empleos en un sector en crisis desde había décadas. Él sonreía e incluso hubiera querido probar una oliva directamente del árbol. Pero toda esta diplomacia rural y gastronómica no movió sus posiciones y él tiró hacia delante con una política agraria europea orientada a subvencionar las técnicas sostenibles, los pagos por superficie de cultivo y no por volumen de producción y sin intervenciones en los mercados.

Si quieres seguir leyendo este artículo en gallego, pincha aquí.

Su reforma fue calificada como un disparate, y Fischler, puesto en la diana pública de los medios y contra el sector, acusado de entregarse a los ánimos del ecologismo radical y de ser un centroeuropeo ignorante del campo. Pocos años antes, ya Manuel Manquiña había chillado en aquella loca película La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos que solo venían de "Europa virus, insectos y drogas" por culpa de los "protestantes invertidos", una justificación del canibalismo en el que se había visto embarcada su familia por la pérdida de las vacas y el declive del rural en el mundo moderno.

Veinte años después se reproducen las críticas ante la política emprendida por otro comisario y también las invitaciones para que visite las comunidades locales. Ahora, el protagonista es el responsable europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, el enemigo número uno para las flotas pesqueras del continente. La mala relación ya viene de lejos, de cuando el político letón recibió de varias organizaciones ecologistas la petición ciudadana con más de 150.000 firmas contra la pesca de fondo, acompañada de un cómic en el que aparecía como salvador de los ecosistemas marinos junto a un vicepresidente de la Comisión Europea. Desde entonces, Sinkevičius carga con la penitencia de tener una "visión única ambientalista de la pesca" y este perjuicio se acrecientan por la nueva situación creada tras el Brexit, que obligó a reducir las capturas de los barcos europeos al tener que negociar y compartir caladeros comunes con los británicos. Cada mes de noviembre, la Comisión propone las cuotas pesqueras del año siguiente y, desde la marcha del Reino Unido, abundan los recortes en importantes especies como la merluza, el jurel o el lenguado mientras se mantienen vedas en otras, como la cigala. El sector culpa al comisario de ser el responsable directo de las cuentas, sin importar los análisis científicos en las que se basan o el trabajo de los equipos de funcionarios europeos.

En medio de este fuego cruzado se encuentran los gobiernos de España, Francia, Portugal e Irlanda, los países con las flotas pesqueras más importantes de la UE y las más afectadas por los recortes de las capturas, obligados a defender sus marineros por el miedo a las protestas en localidades y regiones concretas como Galicia o Bretaña, en las que el sector sigue teniendo importancia económica, social y cultural.

Esta guerra política de baja intensidad se llevaba calentando en los últimos meses bajo la amenaza de que la Comisión Europea estaba dispuesta a vetar las artes de la pesca de fondo en importantes caladeros de la costa atlántica continental. Y cuando llegó septiembre, si había algún puente de entendimiento entre las partes, explotó al ejecutar Bruselas la prohibición en 87 áreas marinas que van desde el norte de Irlanda hasta Gibraltar, en profundidades entre los 400 y los 800 metros, un total de 16.419 kilómetros cuadrados en los que hay 57 zonas con ecosistemas vulnerables y otras treinta donde también podrían existir. Desde entonces, el enfrentamiento que se vive en Bruselas es más propio de las habituales reyertas entre gobiernos europeos para obtener millonarios fondos comunitarios o gestionar de otro modo las crisis económicas, con la Comisión exprimiendo normas para imponer su visión y varias capitales abrumadas con ella mientras los lobbies empresariales, en este caso los armadores, juegan también su papel.

Un palangre no es una red de arrastre

El reglamento que aprobó la Comisión para vetar la pesca de fondo en 87zobas  tiene dos puntos principales de conflicto para los dos bandos: primero, la no diferenciación entre diferentes artes, fijas o móviles, de redes largas o cortas; y segundo, la catalogación de todas esas zonas marinas como protegidas.

Redes de arrastre, palangres de fondo o nasas quedaron prohibidos en esos caladeros, sin diferenciar su impacto en el fondo marino o el funcionamiento y capacidad que tiene cada arte. Un palangre, como instrumento artesanal, está formado por varias líneas de anzuelos de 2,5 metros de longitud unidas en una misma malla, mientras que las redes de arrastre van de los sesenta a los cien metros de largo formando una enorme malla que, durante varias horas, captura miles de pescados. Redes tan altas como un edificio de tres plantas y anchas como un campo de fútbol, que desbrozan a su paso todo el fondo marino. Bruselas incluye a todas estas artes dentro de la misma prohibición a pesar de las reiteradas protestas del sector.

"Todas las redes de fondo están vetadas en profundidades superiores a los cuatrocientos metros", insistió el jefe de la Dirección General de Mar de la Comisión en un intenso debate lleno de acusaciones cruzadas en el Parlamento Europeo. "No tenemos margen para diferenciar. La regulación afecta a todas, cualquier que sea su impacto", advirtió el funcionario comunitario, justificando la decisión según las recomendaciones de los informes del ICES, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, responsable de las evaluaciones científicas sobre el estado de los stocks y de los ecosistemas.

Esta versión es desmentida por el sector y por políticos como Francisco Millán Mon, eurodiputado gallego del PP y miembro del Comité de Pesca de la Eurocámara. "La Comisión hizo una respuesta perezosa, con una aplicación indiscriminada porque el informe científico de Copenhague [el del ICES] sí puede distinguir entre artes", asegura el portavoz popular.

A las críticas se suma la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. "Se meten tipos de artes como el palangre y sin ningún plan para paliar los efectos de una decisión así, es un golpe de la burocracia y de la ignorancia", afirma la nacionalista. Y el socialista Nicolás González Casares, también eurodiputado, amplía el abanico de los reproches al considerar que "es inaceptable que sin ningún tipo de valoración, sin un contraste científico, sin un estudio de impacto socio-económico se permita tomar este tipo de decisiones".

Tradicionalmente enfrentados en el Parlamento Europeo, los tres representantes gallegos en Bruselas hacen frente común en la defensa de los intereses de la flota pesquera y critican el veto a las artes de fondo en esas 87 áreas marinas como una decisión "totalmente arbitraria" que genera "muchas dudas e incertidumbres" y afecta a 1.000 barcos expulsados de esas aguas, 200 de ellos gallegos.

"Es una ruina para la flota gallega, una decisión unilateral que cuestiona el derecho a producir, nuestra soberanía alimenticia como nación", lamenta Miranda, señalando el aspecto social de la decisión, otra de las críticas que se le hacen a la Comisión por no haber incorporado un estudio de impacto socioeconómico como suele hacerse en cualquier legislación comunitaria. "Por mucho que se diga que esos espacios son pequeños, a nosotros nos parecen inmensos y suficientes cómo para que muchos barcos y muchas familias dejen de tener un trabajo", advierte González Casares. Con este veto, las pérdidas anuales para Galicia se calculan en 800 millones de euros e impacto sobre cerca de 4.400 puestos de trabajo.

Los tres políticos gallegos participaron en un debate parlamentario específico sobre la pesca de fondo junto a otros colegas vascos, andaluces, irlandeses y portugueses y con los representantes de la Comisión Europea, en el que se escucharon críticas directas a España y su gestión pesquera. Si hay zonas vedadas que no deberían estarlo, si faltan las pruebas de que en ellas no existen ecosistemas marinos vulnerables, es por culpa de la lentitud del Gobierno español, vino a decir el representante de Sinkevičius. "Vamos cuatro años tarde para sacar esta legislación y los datos del ICES del 2018 y 2019 fueron revisados, pero hubo un problema con los españoles y estuvimos esperando por ellos", criticó el jefe de la Dirección General de Mar. Una acusación pública delante de las cámaras nada habitual en los debates comunitarios, donde se suelen guardar las formas cuando representantes de las diferentes instituciones se sientan en la misma mesa. Una acusación que cayó como el demonio entre los diplomáticos españoles responsables de los temas pesqueros. Uno de ellos presenciaba en directo el debate y a su final señaló directamente como mentirosos a los representantes de la Comisión.

En la superficie brotan algo más que 87 zonas

Los puentes volaron y la denuncia del Estado español en el Tribunal de Justicia Europeo contra todo este reglamento enloda aún más unas relaciones necesarias para la primavera, cuando la Comisión decida si lo revisa, aunque sea parcialmente.

Bruselas, y no los Gobiernos ni la Eurocámara, tiene la autoridad para modificar o retirar, algo que parece imposible, su prohibición a la pesca de fondo cuando reciba antes de fin de año nuevas evaluaciones sobre la situación de los ecosistemas marinos y de las artes de pesca, comenzando luego un proceso de consultas con las capitales, el Parlamento Europeo y, finalmente, las flotas pesqueras. Solo entonces podría terminar con el veto de alguna de las zonas.

Ahora mismo son 87 áreas de las costas atlánticas de España, Portugal, Francia e Irlanda. Conformarían una línea marina varias docenas de millas mar adentro que iría bordeando la costa desde Gibraltar hasta el Atlántico Norte, frente a las aguas irlandesas de Derry. En ellas se encuentra el Mar Céltico y el Talud del Golfo de Gascoña, aguas frente a las costas de Bretaña, incluidas en la lista de las diez zonas marinas europeas más expuestas a la pesca con artes de fondo.

La patronal española del sector, Cepesca, critica el veto de estos 16.500 kilómetros cuadrados porque la legislación europea "tiene cerrados hoy en día todos los lugares del mundo donde existen ecosistemas vulnerables" a la pesca de fondo. Desde Oceana, una de las organizaciones ecologistas recibidas por el comisario Sinkevičius, contradicen al sector y denuncian que "las redes de arrastre son aún tan predominantes en Europa que [sus capturas] representan un 32% del total de pescado desembarcado", algo más de siete millones de toneladas de pescado. Según los cálculos de Oceana, la mitad de los fondos marinos de las aguas europeas, entre ellos las 87 zonas afectadas, sufren estas prácticas pesqueras.

Solo en el período que va del 2015 al 2019, los barcos que emplean las artes de fondo habrían tirado por la borda una tonelada de pescado por no ser de las especies deseadas. Las organizaciones ecologistas denuncian que este tipo de aparatos destruye los hábitats marinos matando accidentalmente organismos vivos de las profundidades, como los invertebrados, y causando daños físicos en los sedimentos. El tiempo que tardaría uno de estos ecosistemas en recuperarse después del paso de una red de arrastre de docenas de metros sería de siete a quince años.

Nicolas Fournier, responsable de campañas marinas de Oceana Europa, relaciona este problema de sobreexplotación del mar con el cambio climático que vive el planeta. "Abandonar este tipo de métodos de pesca destructivos es esencial para que Europa cumpla con los objetivos climáticos y de biodiversidad, teniendo en cuenta el alto consumo de fuel, así como su impacto en la vida marina y en el almacenaje de carbono en el fondo oceánico", explica Fournier. Las grandes praderas marinas, los manglares y los bosques de algas recogen anualmente una décima parte de todo el dióxido de carbono que absorben los océanos, formando ecosistemas capitales para la lucha contra el calentamiento global.

Europa está atrapada en una red de intereses económicos, presión social ante el¡ cambio climático y compromisos políticos en el interior y hacia el exterior mientras quiere situarse en cabeza de la carrera contrarreloj global por la sostenibilidad. En la próxima década convergerán sus agendas climáticas y de la biodiversidad, lo que implicará imponer estrictos límites de emisiones a las flotas pesqueras, además de trasladar de una manera definitiva el debate sobre la captura de CO2 a los ecosistemas marinos ante la necesidad de reducir las emisiones con efecto invernadero. La supervivencia de estos ecosistemas parece crucial y la Unión Europea tiene como mandato a protección del 30% de su área marina, obligatoriedad recogida en su Estrategia de Biodiversidad y en la Directiva para una Estrategia Marina.

Un mar en peligro

En los últimos setenta añosl a flota pesquera europea evolucionó y mermó de manera considerable. Durante las décadas de los cincuenta y setenta, el número de barcos activos registrados había aumentado rápidamente y superaba las 10.000 embarcaciones, pero desde mediados de esa última década el sector comenzó un lento declive. Hoy en día, el número total de barcos de pesca profesionales es semejante a lo que había cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, pero su diversidad en cuanto a aparatos cambió radicalmente.

Hace medio siglo la mayor parte de los barcos trabajaban con métodos como los palangres de fondo. Si bien estas artes tradicionales siguen como las más empleadas, su presencia ya no es mayoritaria y las redes de arrastre o las grandes de rodeo ganan importancia en embarcaciones que, hoy en día, emiten a la atmósfera tres veces más dióxido de carbono que las pequeñas y tradicionales.

Un informe de hace un año de la WWF, bajo el título Impactos socioeconómicos de la Política Común Pesquera (PCP) de la UE, exponía abiertamente que "hoy, el empleo de redes de pesca prohibidas y el fracaso al informar sobre las capturas son los problemas más significativos del no cumplimiento de la PCP en las aguas domésticas de los estados miembros". Las anguilas, ya en peligro de extinción y que representan un 10% de lo capturado con estas grandes artes de fondo y desembarcado en los puertos, el bacalao, la solla o el merlán son especies que acaban en estas redes sin pertenecer a las capturas procuradas inicialmente.

"La aplicación de la Política Pesquería Común está afrontando desafíos significativos", advierte la organización ecologista, "ya que numerosos caladeros quedan sobreexplotados y cientos de miles de especies marinas están amenazadas por prácticas insostenibles". Y más allá de las 87 vedadas del Atlántico Norte, el Mar Adriático y las aguas entre Reino Unido, Dinamarca y Noruega son las más afectadas.

Esto es lo que acontece en los propios caladeros de la Unión Europea, donde nuestros barcos van con GPS e instrumentos marinos de localización, existe un control exhaustivo de sus artes de pesca y las flotas deben informar al por menor de sus capturas al llegar a puerto, entre otros motivos para cumplir con las cuotas pesqueras anuales de cada país para las diferentes especies. A pesar de esta vigilancia, la denuncia sobre las irregularidades de las flotas es firme. Lejos de las aguas europeas, nuestras flotas no siempre trabajan con la misma responsabilidad. La mitad de los barcos europeos implicados en prácticas ilegales de pesca fuera de las fronteras comunitarias habrían empleado aparatos de arrastre y fondo prohibidos, "lo que ha devastado los ecosistemas marinos", denuncia WWF.

Abriendo el objetivo del análisis, la fotografía global del mar es preocupante, con un 60% de los caladeros del planeta explotados o completamente esquilmados, según cálculos de esa organización. Y la práctica de la pesca de fondo con las perjudiciales redes de arrastre está extendida. Las costas de Australia y Nueva Zelanda, de Argentina y Brasil o de África del Sur están entre las más afectadas. Allí, las mallas gigantes de tres pisos de alto y con un ancho de un campo de fútbol también arrasan los fondos marinos sin detenerse en las fronteras.

A pesar de las caricaturas, desprecios geográficos y la lucha política en la que gobiernos y lobbies van de la mano, Europa avanza en la vanguardia de la sostenibilidad marina, amenazada a largo plazo en las aguas del viejo continente y en las de todo el globo. El mar y los medios de vida de las poblaciones costeras están en riesgo, su futuro se juega en la burocrática Bruselas igual que el nuestra alimentación y nuestras salud.