Perú sigue exigiendo el cierre del Congreso y la destitución de la presidenta, Dina Boluarte. Este lunes, diversas organizaciones sociales, regionales y políticas han continuado con la protesta nacional para exigir su destitución, así como el adelanto de elecciones y un referéndum para consultar un cambio de Constitución.

Después de que Boluarte asumiera la presidencia por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, organizaciones sociales de diferentes regiones del país salieron a las calles, donde han muerto 28 personas a consecuencia de la represión policial y militar. Perú se declaró en estado de emergencia el día 14 de ese mismo mes durante 30 jornadas.

Durante las primeras horas del reinicio de las protestas se han desarrollado bloqueos de carreteras en las principales ciudades del país. Además, las compañías de trenes y autobuses se encuentran paralizadas desde este martes.

Cientos de personas decidieron viajar ante este posible cierre de carreteras, registrándose una gran afluencia de pasajeros en algunos distritos de Lima, además de en la zona norte del país, según publica La República.

Es precisamente en esta región donde varios grupos campesinos han organizado una movilización programada para el 12 de enero, la cual ha sido denominada "la toma de Lima". Portavoces de los grupos campesinos han precisado que la demanda principal es el adelanto de elecciones generales para este año.

Representantes de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), además de gremios campesinos, universitarios y transportistas, acordaron reanudar las manifestaciones de manera indefinida.

Reacciones del Gobierno

La Defensoría del Pueblo informó de que se había reunido con la Policía de Lima y una división de servicios especiales de la Policía Nacional, con el fin de salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía durante las movilizaciones convocadas.

El nuevo comandante general de la Cuarta Brigada de Montaña de Puno, Manuel Fernando Alarcón Elera, señaló que no se autorizará el uso de hondas, tirachinas ni canicas de vidrio para reprimir a los manifestantes.

El Gobierno ha asegurado que apoyará económicamente a las familias de las 28 víctimas fallecidas en las manifestaciones. Además, el ministro de Justicia, José Tello, añadía en la televisión de Perú que "esta medida va de la mano de una debida investigación y determinación de responsabilidad". 

Boluarte dijo que se encuentra en un proceso de diálogo con el pueblo, en el que el Ejecutivo "no solo va a escuchar, sino a atender las necesidades" de la población.