El Gobierno de Ecuador confirmó este jueves su decisión de recuperar el control de las cárceles del país, ahora sometidas a bandas delictivas, en el marco de una estrategia integral de seguridad y paz que busca también hacer frente a la oleada de violencia en las calles de varias ciudades del país, según indica EFE.

Entre el lunes y el martes se registraron una serie de atentados en el país que dejaron cinco policías muertos. El presidente, Guillermo Lasso, declaró el pasado miércoles un estado de excepción en las provincias de Guayas (cuya capital es la ciudad costera de Guayaquil, suroeste) y Esmeraldas, afectadas por los atentados. El secretario de Estado los calificó como actos de "sabotaje y terrorismo". El estado de excepción ha sido extendido a la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los hechos violentos coincidieron con el traslado de reos de la Cárcel Guayas Número 1, en Guayaquil, al promover acciones contra el hacinamiento y mejora de las infraestructuras. Esto generó la reacción de grupos de encarcelados que se oponían a estos traslados, atacando a los agentes y dejando al menos nueve policías y dos militares heridos, además de dos reclusos fallecidos y seis que resultaron heridos.

Unos 1.300 policías e igual número de militares realizaron un operativo para recuperar el control de esta institución, siendo esta uno de los focos de la crisis penitenciaria que azota a Ecuador desde hace cuatro años. Lasso ha confirmado este jueves que se ha recuperado el control de la cárcel.

Este jueves ha tenido lugar una reunión entre Lasso y las máximas autoridades del país (Cosepe) en Guayaquil. El secretario de Seguridad Pública del Gobierno, Diego Ordóñez, ha publicado un informe de la sesión en el que relata "la estrategia integral de seguridad y paz" impulsada por el Gobierno, que busca enfrentar de forma "estructural" la violencia generada por el crimen organizado y el narcotráfico.

Los incidentes ocurren también en el marco de un puente vacacional de cuatro días por la celebración del Día de difuntos (2 de noviembre) y la Independencia colonial de la ciudad andina de Cuenca (el día 3). Según varios medios de comunicación, la situación de violencia en varias provincias ha disminuido el esperado flujo de turistas que se tenía previsto. También se ha anunciado la suspensión de ciertas actividades por la conmemoración de la Independencia de Cuenca.

El ambiente de violencia y preocupación que cundió en el país provocó la reacción de grupos de la oposición política que sugirieron la posibilidad de aplicar un mecanismo constitucional conocido como "muerte cruzada", por la cual la Asamblea Nacional (Parlamento de mayoría opositora) destituiría al mandatario, la Cámara también se disolvería y se convocarían elecciones anticipadas.