La defensa del Adrián Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad del presidente fallecido Hugo Chávez, recurrirá ante la Audiencia Nacional la decisión de este tribunal de extraditarle a Venezuela, como ya hizo su mujer, que fue enfermera de Chávez y también está pendiente de entrega a su país.

Según ha explicado el abogado de Velásquez, Ismael Oliver, recurrirán la decisión ayer de la sección segunda de la Audiencia Nacional, que afirmó que no será represaliado por el régimen de Nicolás Maduro porque no se le puede considerar opositor.

Lo hará con un recurso de súplica ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el mismo que ha presentado su mujer, Claudia Patricia Díaz Guillén, después de que este tribunal también accediera a entregarla a su país.

Venezuela reclama a este matrimonio (que fue detenido en Madrid el pasado abril) por delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito a raíz de la publicación de los "papeles de Panamá", en los que aparecen empresas relacionadas con Velásquez con las que, según las autoridades venezolanas, lavaron dinero que sustrajeron de las arcas públicas.

En el caso de Velásquez, el tribunal ha decidido extraditarle al entender que no puede estar siendo perseguido políticamente porque no es un opositor del régimen.

Recuerdan los magistrados de la sección segunda que Velásquez ocupó cargos relevantes como miembro de la Guardia de Honor de Chávez y estuvo en puestos "muy cercanos al más alto poder ejecutivo de la nación" y que, poco después de cesar en estos cargos en 2012 (Chávez murió en marzo de 2013), abandonó el país y lo dejó definitivamente en 2015.

"Todo ello nos pone de manifiesto que el señor Velásquez no ha sufrido personalmente ninguna clase de persecución política, ni tampoco se presume que pueda sufrirla por el hecho de haber formado parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de la Guardia de Honor Presidencial", afirman.

Sin embargo, su abogado, que entiende que los jueces de la Audiencia hayan querido estar "alineados" en su decisión con sus compañeros de la sección tercera (los que accedieron a extraditar a la enfermera), cree que no se cumplen los requisitos para entregar a Velásquez dada la situación de violación de derechos humanos que se sufre en el país sudamericano.

Recuerda que la orden de detención contra él la firmaron el fiscal general y el presidente del Supremo de Venezuela, Tarek Saab y Maikel Moreno, dos personas que han sido sancionadas por la UE por conculcar los derechos humanos y no pueden pisar territorio comunitario.

En caso de que la Audiencia Nacional no atienda a su recurso, el letrado añade que agotará todas las vías posibles, tanto ante el Tribunal Supremo, como ante el Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La mujer de Velásquez, que fue enfermera personal de Chávez y luego, de 2011 a 2013, responsable del Tesoro de la nación, está pendiente del recurso y ha anunciado que pedirá asilo en España.

"Me van a torturar para que confiese delitos que no he hecho", afirmó en una entrevista en la que negó haber sustraído dinero de las arcas del Tesoro venezolano.