Los países de la Unión Europea han alcanzado este viernes un acuerdo para fijar un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril. El pacto forma parte de las represalias contra Moscú acordadas junto al G7 por la guerra en Ucrania, han explicado fuentes diplomáticas a Efe.

El tope, no obstante, no afecta directamente al bloque comunitario, porque a partir del próximo lunes aplicará un embargo total al crudo que importa de Rusia, salvo el que compra Hungría por oleoducto. Ahora bien, prohibirá a las navieras europeas transportar el petróleo ruso a terceros países si se vende a un precio superior al fijado. El acuerdo político garantiza que, si el precio de mercado baja de 60 dólares el barril, el tope se actualizará de tal forma que al menos esté un 5% por debajo del que tenga en el mercado.

El acuerdo ha sido posibles después de que Polonia haya levantado el veto que ha mantenido en los últimos diez días, ya que pretendía que el tope pactado entre los Veintisiete fuese bastante inferior a los 65 dólares que acordó el G7. En cambio, Grecia, Malta y Chipre pretendían que el precio fuese superior, para no dañar el negocio de sus navieras, que transportan gran parte del crudo que Moscú envía fuera de sus fronteras.

Además, el tope al petróleo ruso supone prohibir el seguro y reaseguro, así como otros servicios financieros, sobre todos aquellos barcos que carguen crudo adquirido a un precio superior al del tope, lo que en la práctica dificultaría las propias compras o su posterior transporte. A cambio de desbloquear el acuerdo, Polonia ha logrado el compromiso de sus socios europeos para acelerar el noveno paquete de sanciones contra Moscú. El acuerdo alcanzado este viernes a nivel político tendrá que adoptarse formalmente en los próximos días.

Tope al precio del gas

Además del acuerdo sobre el petróleo ruso, varios países han planteado también este viernes establecer un límite al precio del gas bastante por debajo del tope de 275 euros por megavatio/hora (MWh) que puso sobre la mesa la Comisión Europea y que generó descontento entre prácticamente todas las capitales europeas.

La propuesta parte de Italia, Grecia, Bélgica y Polonia y cuenta con el apoyo de Eslovenia, Malta y Lituania. Este grupo de países propone establecer un tope dinámico o que este se active al llegar a los 160 euros MWh. La propuesta ha sido discutida este mismo viernes en una reunión de embajadores de los Veintisiete ante la UE. Sin embargo, los intercambios diplomáticos importantes se esperan los próximos días 7 y 10, cuando se prepare el consejo extraordinario de Energía del 13 de diciembre que los ministros consagrarán al tope al gas, controvertido dossier sobre el que aspiran a llegar a un acuerdo conjunto ese día.

De acuerdo al planteamiento, el tope de 160 euros MWh afectaría a partir del 1 de enero de 2023 a todos los tipos de contrato (físicos y financieros) con cualquier plazo de entrega (no solo a las entregas a un mes, como planteaba Bruselas) y que cubra también los mercados extrabursátiles (OTC, por sus siglas en inglés). El mecanismo se activaría por "decisión política" y contaría con unas "condiciones claras de suspensión": funcionaría a modo de semáforo con colores verde, amarillo y rojo en función de los riesgos y se suspendería si "en el futuro el nivel no resulta adecuado", según han explicado fuentes comunitarias a Efe.

A ello se sumaría una segunda opción que pasaría por establecer un límite "dinámico" que se definiría mensualmente o por trimestres y que estaría "parcialmente" vinculado con la evolución media de una serie de índices de referencia de gas natural licuado (GNL) a nivel mundial.

De acuerdo a fuentes europeas citadas por Efe, España no se ha sumado a la propuesta de este grupo de países, aunque sí se mantiene en el bloque mayoritario de Estados miembros que reclaman intervenir con algún tipo de techo en los mercados frente al grupo liderado por Alemania y Países Bajos que lo rechaza. El motivo es que España cuenta con presentar a los socios comunitarios su propia iniciativa, que también se basa en un "corredor dinámico" de precios, según estas fuentes.

España fue el país más crítico con la propuesta que planteó inicialmente la Comisión. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la calificó de "tomadura de pelo" y "broma de mal gusto" con "problemas serios" de diseño precio y condiciones.

Mientras tanto, la presidencia del Consejo que ostenta este semestre la República Checa, sigue trabajando en acercar posturas sobre la propuesta original de Bruselas. Propone rebajar de 14 a 5 días el período al que deben mantenerse los precios por encima del tope introducido, que sitúa ahora en 264 euros MWh.