MADRID.- La fecha lleva tiempo cerrada, pero el momento en que se produce la votación, en mitad de la crisis abierta por la publicación de los papeles de Panamá, no podría ser más oportuno. El Parlamento Europeo se pronunciará el próximo 14 de abril sobre la nueva directiva de secretos comerciales, que servirá como marco para el desarrollo de nuevas normativas nacionales en los 28.

Teóricamente pretende proteger a las corporaciones frente a las filtraciones y el robo de información confidencial, pero organizaciones sociales, partidos políticos y agrupaciones de periodistas de distintos países europeos ven este texto como un nuevo golpe a la libertad de expresión que otorga nuevos poderes a las empresas, en detrimento de los ‘whistleblowers’ –alertadores de secretos- y periodistas que filtran secretos corporativos por su relevancia e interés público.

“Los derechos de propiedad están adecuadamente protegidos en la UE, los riesgos de esta directiva pesan mucho más que las potenciales ventajas”, asegura a Público Fabio de Masi, eurodiputado del partido alemán Die Linke. Su formación se integra en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea GUE/NGL, que, como ocurre en el grupo de Los Verdes, experimenta un aumento del número de voces contrarias a la ‘Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas’, la denominación técnica de esta normativa.

“Los derechos de propiedad están adecuadamente protegidos en la UE, los riesgos de esta directiva pesan mucho más que las potenciales ventajas”, asegura Fabio de Masi, eurodiputado del partido alemán Die Linke

De Masi asegura que esta regulación “no es necesaria”, y que las únicas beneficiarias de su aplicación serán las grandes corporaciones, las mismas que han impulsado su tramitación desde el primer momento. “Tienen los medios financieros y operacionales para entrar en costosas disputas legales contra terceras partes que critiquen sus prácticas empresariales, y esto silenciaría a los últimos. Aún cuando, tras casos de juicios, quede probado que no violaron secretos comerciales”, apunta.

Y ese es otro de los aspectos más criticados del texto: su vaguedad a la hora de delimitar el concepto de “secretos comerciales”, que contrasta con su exhaustiva defensa de las empresas ante filtraciones. “La vaga definición de secretos comerciales es de hecho uno de los mayores problemas de esta directiva, ya que abre la vía a un número incalculable de cambios legales, que podrían silenciar por completo a las voces críticas”.
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El europarlamentario recuerda cómo el ‘whistleblower’ del caso Luxleaks, Antoine Deltour, y el periodista Edouard Perrin, cuentan con un nivel de protección “absolutamente insuficiente”, tras sacar a la luz el escándalo de los acuerdos entre más de 300 multinacionales y el Gobierno de Luxemburgo para pagar menos impuestos. De Masi critica su persecución, cuando “deberían ser honrados por su contribución a la sociedad”, y denuncia que la Comisión Europea “cercena” su libertad con esta directiva, en lugar de desarrollar un marco de protección “fuerte y consistente” para los ‘whistleblowers’.

En esta línea, y cuestionado por cómo podría haber influido la aprobación de la directiva en el caso concreto de los ‘papeles de Panamá’, sacados a la luz por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de Masi recuerda que la fuente que filtró estos textos permanece en el anonimato, pero también subraya que el despacho de abogados involucrado, Mossack Fonseca, ya ha anunciado que tomará acciones legales, “incluso sin que exista una directiva de secretos comerciales” como la que previsiblemente aprobará la UE. El texto será debatido en la Eurocámara el miércoles 13, para posteriormente ser sometido a votación el día 14.

El precedente francés

La directiva de la UE reconoce el derecho a revelar informaciones que cuadren con una amplia definición de secretos comerciales, si tienen " el propósito de proteger el interés general público y cuando revelan una mala conducta o una actividad ilegal”

Formalmente la directiva reconoce el derecho a revelar informaciones que cuadren con esta amplia definición de secretos comerciales, si tienen " el propósito de proteger el interés general público y cuando revelan una mala conducta o una actividad ilegal”. Los críticos con esta directiva advierten de que aún en el caso de que los informadores logren probar que no han incurrido en la revelación de secretos comerciales, o el interés público de las informaciones que saquen a la luz, esto puede tener lugar tras años de costosos litigios judiciales.

Organizaciones sociales opuestas a esta directiva reconocen que el primer texto presentado por la Comisión Europea a finales de 2013 aún les generaba menos simpatías, pero las sucesivas modificaciones que ha experimentado siguen sin convencerles. En lo que respecta a las sanciones por revelar informaciones que cuadren con su definición de “secretos comerciales”, el texto exhorta a que sean “efectivas, proporcionadas y disuasorias”.

Al inicio de 2015, en Francia, la presión social forzó al Gobierno de Francois Hollande a dar marcha atrás en su afán por introducir una regulación en concordancia con las líneas maestras de esta directiva. El texto contemplaba penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 375.000 euros a quienes destaparan secretos comerciales, y duplicaba estas penas en caso de que estas revelaciones afectaran a los “intereses nacionales”.

Vínculos entre la directiva y el TTIP

Masi: “No hay un vínculo directo y explícito con el TTIP, pero hay un proyecto similar curiosamente lanzado al mismo tiempo en EEUU”

Alfonso Sánchez, miembro de Xnet, clave en la filtración del caso de las tarjetas black, explica a este diario que el Senado de EEUU aprobó este lunes una normativa de secreto comercial en línea con esta directiva europea. El texto debe hacerse también con el respaldo del Congreso norteamericano, y Sánchez advierte de que su aprobación puede allanar el camino para cerrar el TTIP, el acuerdo de libre comercio que Washington y Bruselas negocian con sigilo, y que podría sentar las bases para incluir en el texto final un apartado específico sobre secretos comerciales. “No hay un vínculo directo y explícito con el TTIP, pero hay un proyecto similar curiosamente lanzado al mismo tiempo en EEUU”, sostiene de Masi, que reconoce en ambas iniciativas el sello de las multinacionales, que quieren mantener sus “intereses a expensas de la sociedad”.

Como avanzaba recientemente La Marea y como subraya Sánchez, un centenar de organizaciones de toda Europa, entre ellas Xnet, Attac o Corporate Europe Observatory (CEO) han pedido a los europarlamentarios que voten contra esta normativa. Ya han recogido cerca de 104.700 firmas contra la directiva, que previsiblemente será aprobada el próximo jueves si los grupos mayoritarios de la Eurocámara no cambian el sentido de su voto.