Una preocupante deriva política ha conducido a Túnez a la mayor crisis desde las revueltas de 2011 llamadas primaveras árabes, colocando al país en una situación de la que no será fácil salir, aunque antes se había desencantado una buena parte de la población con una frustración que cuestiona las jóvenes estructuras democráticas.

Tan evidente como el descontento con el funcionamiento del sistema democrático, ha sido la injerencia de potencias extranjeras que han manipulado a la opinión pública hasta el punto de que parece difícil que pueda restaurarse el sistema democrático, una circunstancia que arroja serias dudas sobre el futuro de Túnez.

Entre las potencias que han impulsado el deterioro se encuentran Israel, cuya intervención se ha producido de dos maneras: directamente por medio de empresas relacionadas con los servicios de seguridad israelíes, e indirectamente mediante sus aliados árabes, es decir, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto, que públicamente han expresado su apoyo al golpe de estado.

La turbia intervención de allende las fronteras obedece al deseo de esos países de no permitir bajo ningún concepto ningún margen de juego democrático al llamado islam político, una aventura que ellos mismos frustraron hace unos años en Egipto, y que con lo sucedido en Túnez desde el 25 de julio queda claro que no van a tolerar en ninguna otra parte.

Si la intervención de esos países ha sido diáfana a la hora del desgaste, probablemente también ha habido potencias occidentales que han participado en una crisis que recuerda lo ocurrido hace treinta años en Argelia, cuando los islamistas estuvieron a punto de hacerse con el poder en las urnas y fueron apartados con el soporte de por lo menos Francia.

Pocas dudas caben de que el presidente Kais Saied ha dado el golpe sabiendo que contaba con respaldo internacional. Con ese respaldo, invocó el artículo 80 de la Constitución para congelar las actividades del parlamento, disolver el Gobierno y usurpar los poderes de la fiscalía, aludiendo a un "peligro inminente".

Sin embargo, la actuación del partido islamista Ennahda no fue todo lo correcta que podía desearse y sus acciones pusieron en solfa la transición democrática. Las protestas populares, aunque incitadas y excitadas desde el extranjero, reflejan la genuina frustración de muchos tunecinos que lícitamente observaban con preocupación la deriva del proceso democrático.

Estamos antes una crisis profunda que puede conducir al país, o de hecho quizás ya lo ha conducido, al gobierno de un líder fuerte y autocrático similar a los que hubo en el pasado, una solución que sería parecida a la de Egipto y que lógicamente satisfaría a los países que han fomentado el golpe.

Además de cerrar el parlamento, el presidente Saied ha destituido a ministros y embajadores, y sus medidas han contado con el explícito respaldo de una amplia parte de la ciudadanía que no oculta su disgusto con los políticos y los partidos políticos en general, así como su disgusto con el deficiente funcionamiento de las instituciones.

El golpe no ha llegado de la noche a la mañana, sino que es la consecuencia natural del prolongado desencanto de la sociedad, desde las clases trabajadoras a las clases medias, especialmente debido a la situación financiera y al general deterioro económico y social dominado por una corrupción ubicua.

Descontento de la población

Encuestas realizadas por la Universidad de Princeton confirman el descontento. Un sondeo de 2019 descubrió que más del 93 % de la población no espera una hipotética recuperación. Otro sondeo del año siguiente recogía unos resultados similares e insistía en la desconfianza de la población hacia el Gobierno y las instituciones, incluido el parlamento. Mientras que en 2011 el 62% de la población respaldaba a las instituciones, en 2019 menos del 20% seguía confiando en ellas.

A lo largo de los años, Ennahda fue perdiendo en el camino a los demás partidos que en algún momento colaboraron con los islamistas. En los últimos días numerosos de sus líderes han reconocido que cometieron graves errores, pero la cuestión en el aire es si Ennahda puede rehabilitarse o ya es demasiado tarde, y algo parecido puede decirse de los partidos de izquierda y derecha que confiaron en Ennahda.

La realidad es que Ennahda, que ocupa el 20% de los asientos parlamentarios, durante años ha sido acusado de una mala gestión del parlamento, de una actividad gubernamental muy pobre y de sospechas de corrupción. Distintas entidades han documentado la corrupción en el parlamento, en el Gobierno y en los ayuntamientos, con nombres y filiación política de los sospechosos. Una considerable parte de la población responsabiliza de todo a los islamistas.

El parlamento está polarizado y no legisla en interés del país. Las huelgas y las protestas, casi siempre justificadas, son recurrentes. Antes de que Saied diera el golpe, el porcentaje de los contagiados y muertos por el covid-19 era el más elevado del norte de África y solo el 8% de la población se había vacunado. De hecho, estos datos fueron alegados por Saied para justificar el golpe.

Ciertamente no se puede colgar toda la responsabilidad en las espaldas de Ennahda. El resto de los partidos ha contribuido en una medida considerable a la polarización. Por una parte Ennahda es en gran parte responsable de la situación, pero por otra parte nadie puede arrojar la primera piedra y la injerencia extranjera ha jugado un papel capital.

Estas circunstancias han contribuido a desprestigiar la democracia y ahora solo podemos esperar para ver cómo evoluciona la situación. La vuelta al estado previo al último 25 de julio parece muy difícil, puesto que lo que está sucediendo va en la dirección de un regreso al autoritarismo avalado por las potencias mediorientales citadas y por las potencias occidentales.