Las férreas exigencias de EEUU para contener la inmigración pasan factura a su política de ayuda al desarrollo en una de las potencias que primero concibió este mecanismo de cooperación con las naciones en desarrollo como un instrumento eficiente de su estrategia diplomática. Durante las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando se instauró como fondos presupuestarios específicos en los programas económicos de cada ejercicio fiscal. Obviamente, a cargo de la Secretaría de Estado.

Nunca, en sus años de existencia, ninguna administración de EEUU, fuese demócrata o republicana, se ha atrevido a aplicar como vara de medir el grado de generosidad de estos recursos la capacidad de las naciones destinatarias para contener los flujos de emigración que parten de sus territorios. Pero Donald Trump se ha atrevido. Y lo pregona a los cuatro vientos por sus redes diplomáticas internacionales.

En los primeros seis meses de este año, su gobierno ha paralizado el envío de más de 700 millones de dólares de programas con el cartel de ayuda al desarrollo alrededor del planeta. Inyecciones monetarias que podrían aliviar los nuevos brotes de ébola en África Central o acelerar los trabajos para erradicar las minas que aún infectan amplios territorios de varias naciones del Sudeste Asiático donde se han prodigado contiendas bélicas en el pasado reciente. Una cuestión que, además, parece enraizar con una confabulación familiar.

Robbie Gramer asegura en Foreign Policy que la idea de vincular la ayuda al desarrollo con la eficacia en los controles migratorios surgió, paradójica y curiosamente, con la publicación, en el diario Washington Post, de una tribuna de opinión de Ivanka Trump, la hija del presidente, su asesora en la Casa Blanca y esposa de Jared Kushner, el polémico empresario que ha aparecido en casi todos los asuntos turbios del líder republicano.

Un ejemplo es su conexión con la trama rusa, investigada por el fiscal especial Robert Mueller, en torno a la supuesta intercesión del Kremlin en la campaña electoral que llevó a Trump a la Casa Blanca, y que sigue suscitando dudas sobre la responsabilidad real del presidente y su relación con Vladimir Putin. Una cuestión que llega a ser el gran argumento de quienes desean lanzar -un cada vez mayor número de congresistas demócratas y algún republicano- un procedimiento de destitución o impeachment contra el actual inquilino del Despacho Oval.

Otro son los turbios nexos de negocios que mantiene con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán (MbS), con quien el dirigente americano cerró su primer -y el más cuantioso- acuerdo de venta de armas. Por un valor superior a los 100.000 millones de dólares. Kushner acompañó a su suegro en ese viaje oficial, con el que inauguró su periplo presidencial en el exterior, en plena campaña bélica en Yemen, bajo auspicio y financiación saudí.

Palabra de Ivanka

En su texto en el emblemático periódico estadounidense, que apareció el 29 de noviembre de 2018, Ivanka enfatizaba la necesidad de tomar “acciones audaces y atrevidas” para combatir, en el origen, el tráfico de inmigrantes, limitando -escribía- la ayuda al desarrollo a los países que “no hacen lo suficiente” en este terreno.

Idea que pareció inspirar también la subida arancelaria a México de su padre, durante varias semanas de la pasada primavera, hasta que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pareció contentar los deseos de su homólogo del norte. Y que, en el ámbito de la cooperación, se emprendió apenas un mes más tarde, con el comienzo del nuevo año. Porque la Casa Blanca ha reconocido en un memorándum que, desde entonces, ha restringido los recursos humanitarios a casi una veintena de países que no han superado el listón de exigencia estadounidense en sus límites fronterizos.

“Todo el mundo vio esa tribuna, nadie [en el Departamento de Estado] era ajeno a su contenido; incluso los empleados [que trabajan en este ministerio federal] que no la leyeron, y hasta entonces no había directrices”, explica un responsable de la ayuda al desarrollo que declinó revelar su identidad, informa Foreign Policy en su reportaje. “Durante meses, hubo un silencio de radio”, interminable, sobre los programas que el Departamento de Estado recortaría o no, asegura un asesor de congresista.

Pero la Ley llamada de Protección de las Víctimas del Tráfico (TVPA), aprobada en 2000 y confirmada por los dos antecesores de Trump y por el actual inquilino de la Casa Blanca, ha seguido los dictados de Ivanka. Proyectos y recursos como los que deberían combatir la pandemia del ébola en la República Democrática del Congo, que acaba de manifestarse de nuevo en varias ciudades del país centroafricano en las últimas semanas, se encuentran en un limbo y sus partidas, sin liberar.

El corte en las ayudas podría afectar en la lucha contra el ébola en países como en el Congo. / Reuters

La crisis del ébola en el Congo se considera la mayor epidemia sanitaria de la historia reciente. Ha matado a más de 1.500 personas y no muestra signos de superación. Sin embargo, el Congo no ha sido el único enclave que ha sufrido los efectos de la interpretación rigurosa de la TVPA por parte de la Administración Trump. Pese a los riesgos de que se expanda por más latitudes del continente africano, especialmente, las naciones limítrofes del epicentro de la pandemia. Y a pesar de que la negligencia -de asistencia médica, sanitaria y financiera- resulta más desastrosa e inaceptable, según alertan las ONG’s.

La Agencia para el Desarrollo estadounidense, la USAID, ha generado incertidumbre. “Desinflar los programas que protegen los derechos humanos de las personas más vulnerables y sus necesidades básicas no es un argumento sensato para frenar el tráfico de personas”, recalca Shawna Bader-Blau, directora ejecutiva de Solidarity Center, una organización que vela por los derechos de los trabajadores en todo el mundo y que opera en más de 60 países. Bader-Blau precisa que la labor de su institución en Myanmar “no iba a poder prolongarse mucho tiempo” y que la USAID le había “notificado informalmente” que sus planes oficiales en otros dos países podrían verse afectados.

El informe anual sobre tráfico de personas del Departamento de Estado establece tres categorías de naciones en función de sus esfuerzos en controles migratorios. El Tier 1, los que logran los niveles mínimos de contención, el Tier 2, los que no logran frenar los flujos, pero hacen esfuerzos para perfeccionarlos y que se desglosa en una versión adicional, la Watch List o lista bajo vigilancia -países que o no hacen lo suficiente o han aumentado sus tasas de emigración, y la Tier 3, los estados donde el tránsito de personas es constante y no contienen sus vías migratorias. En este último eslabón identifica al Congo, a Myanmar y a Sudán del Sur.

Bajo las anteriores administraciones, los programas de las naciones incluidas en el eslabón Tier 3 relacionados con la asistencia directa a personas necesitadas, educación infantil o formación de clínicas sanitarias nunca fueron interrumpidos. Pero en el Gobierno Trump las exenciones al envío de fondos se han incrementado. “Los procesos de desarrollo de la política exterior de la Administración Trump es manifiestamente disfuncional. Así que, a menudo, es difícil discernir si una obstrucción a las ayudas es una característica impuesta desde el Despacho Oval o una irregularidad”, enfatiza Rob Berschinski, un ex alto cargo del Departamento de Estado a la revista especializada en asuntos internacionales. Y lo hace en el nombre de los controles migratorios.

El brazo estadounidense de cooperación

La ayuda oficial al desarrollo de EEUU para el actual ejercicio fiscal asciende a 28.500 millones de dólares. Según el Servicio de Investigación del Congreso, hay cinco categorías de recursos: la asistencia económica, fondos humanitarios, contribuciones financieras multilaterales, ayuda al desarrollo bilateral y de índole militar. Todos en una línea claramente descendente desde el año en el que Trump tomó posesión del cargo.

En 2017, EEUU destinó más de 50.000 millones a esta partida, el 1% de su presupuesto federal. E involucra a decenas de agencias gubernamentales que se adscriben a varios departamentos: el de Estado, el del Tesoro, el de Energía, el de Defensa y el de los Cuerpos de Pacificación. En el programa económico que heredó Trump, el de 2016, los grandes beneficiaros fueron Irak y Afganistán, con 5.000 millones de dólares cada uno, a los que siguieron Israel -nación de dudosa catalogación como país en desarrollo, aunque el destino real fueran los asentamientos palestinos, ahora ninguneados por Trump-, con 3.000 millones, Egipto y Jordania, con 1.000 millones cada uno.

En un contexto de caída generalizada de fondos de asistencia entre las potencias industrializadas. La propia OCDE, el club de las naciones más avanzadas en el libre mercado, admite que, en 2018, el conjunto de donaciones de sus 30 países asociados cayó un 2,7%, hasta totalizar 153.000 millones de dólares. EEUU sigue siendo, en todo caso, el mayor donante de ayuda al desarrollo. Nada menos que 10.000 millones anuales más que Alemania, el segundo emisor de fondos asistenciales. Aunque este ejercicio sólo ha asignado 9.700 millones, según las agencias de cooperación americanas.

Trump tampoco ha ocultado sus intenciones sobre la forma que tiene de entender estos fondos de cooperación. En septiembre de 2018 no tuvo reparos en explicar cómo iba a reestructurar la ayuda oficial americana siguiendo los designios de la doctrina America, First, que rige el destino de su administración desde su toma de posesión.

“En adelante, sólo daremos fondos a los países que nos respeten y que, con franqueza, sean nuestros amigos”, dijo antes de explicar a líderes internacionales que le escuchaban que “muy pocas naciones nos dan algo a cambio, así que se van a revisar y endurecer la asistencia estadounidense en el exterior”.

También señaló a su particular triada de países centroamericanos a los que acusa de promover la caravana de inmigrantes que se agolpan a lo largo de la frontera entre México y EEUU: “Guatemala, Honduras y El Salvador no están siendo capaces de hacer bien su trabajo de interrumpir el tránsito de personas que dejan sus países y llegan ilegalmente a EEUU”, puso en un tweet un mes después.

“Cortaremos substancialmente la masiva ayuda al Desarrollo que les concedemos rutinariamente”. Fue tan sólo un mes antes de que su hija escribiera la tribuna en Washington Post. Según HowMuch.net el 82% de los fondos americanos los reciben 30 países, mientras que 121 perciben menos de 100 millones cada uno.