El Tribunal Superior de Kenia rechazó hoy despenalizar la mutilación genital femenina (MGF) en el país, en respuesta a la petición de una doctora que había cuestionado la constitucionalidad de la prohibición de esa práctica tradicional.

La demandante, Tatu Kamau, quería que el tribunal permitiera que las mujeres mayores de 18 años pudieran practicar la circuncisión, alegando que tienen derecho a elegir qué hacer con su cuerpo a esa edad.

Kamau, que ha ejercido la medicina durante más de tres décadas e interpuso la demanda en 2017, había argumentado que la mutilación genital femenina en África tiene como objetivo reducir la promiscuidad y el deseo sexual entre las mujeres.

La doctora también había defendido que ninguna cultura es superior a otra, que se han violado los derechos de las mujeres voluntarias de comunidades que practican el rito de la circuncisión femenina, y que su consentimiento ha sido ignorado.

Sin embargo, el panel de tres jueces encargado del caso, integrado por dos mujeres y un hombre, desestimó esos alegatos.

"La MGF no puede volverse lícita porque la persona sobre la que se realizó el acto lo consintió. Ninguna persona puede autorizar a otra para que cometa un delito", subrayaron los magistrados.

"No estamos convencidos de que uno pueda optar por someterse a una práctica nociva", explicaron los jueces, que creen que "limitar este derecho es razonable en una sociedad abierta y democrática basada en la dignidad de la mujer".

Los magistrados también esgrimieron que la cultura es dinámica y no estática y, como tal, no se puede decir que la prohibición de la MGF constituya una violación de la cultura.

"La Constitución otorga la libertad de ejercer la propia cultura. Sin embargo, esa libertad debe ejercerse de acuerdo con las demás disposiciones constitucionales (...). Por tanto, lo que está limitado es cualquier expresión que cause daño a una persona o por una persona a otra. La mutilación/ablación genital femenina entra en la última categoría", zanjaron los jueces, según medios locales.

Kenia criminalizó la MGF en 2011. Es, por tanto, un delito que conlleva una pena de tres años de prisión y una multa de 200.000 chelines (unos 1.520 euros), pero la práctica continúa porque algunas comunidades la consideran necesaria para la aceptación social y el aumento de las perspectivas de matrimonio de sus hijas.

Según la ONU, la mutilación genital femenina se practica en cerca de una treintena de países de África, Oriente Medio y Asia meridional y persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.