El Gobierno de India ha alertado este lunes de que en 2016 el trata de personas se incrementó un 20% con respecto al año anterior, aunque los grupos defensores de Derechos Humanos han denunciado que estos datos no reflejan la magnitud total del problema.

La Agencia Nacional de Registros Criminales (NCRB) ha asegurado que en 2016 se registraron un total de 8.132 casos de trata de personas, frente a los 6.877 que se contabilizaron en 2015. La cifra más elevada corresponde al estado de Bengala Occidental, seguido por el estado de Rayastán.

Los activistas han recalcado la mayor concienciación pública que hay en el país, así como los esfuerzos que ha realizado la Policía y que han supuesto un mayor fortalecimiento de las leyes contra el trata de personas.

Sin embargo, han señalado que existe un número indeterminado de casos que se desconocen porque no han sido denunciados ya que muchas personas ni siquiera son conscientes de ser víctimas de un delito o no son conscientes para pedir ayuda a la Policía.

Una responsable de la ONG contra la esclavitud The Freedom Project, Anita Kanaiya, ha alertado de que "la tendencia que están reflejando los datos es bastante precisa" y ha advertido de que ese incremento de los casos de trata de personas "debería ser motivo de preocupación".

Kanaiya ha denunciado que "los números por sí mismos están lejos de la realidad" y ha asegurado que la verdadera cifra es mucho mayor de lo que muestra el informe presentado por el Gobierno.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ONG Walk Free Foundation han destacado que hace un año unos 40 millones de personas eran víctimas de la esclavitud moderna, obligadas a aceptar matrimonios o trabajos forzosos.
El sudeste de Asia, con India a la cabeza, es una de las regiones del mundo donde se produce un mayor crecimiento de los casos de trata de personas. Muchas de las víctimas, residentes en zonas pobres de las áreas rurales, son atraídas por las promesas de acceso a un trabajo digno que les hacen los traficantes.

Sin embargo, muchas de estas personas se ven obligadas, y sus hijos también, a realizar trabajos forzosos en el campo o en fábricas de ladrillos, pero también hay quienes sufren esclavitud moderna como empleadas del hogar o son vendidas a prostíbulos.

Leyes integrales y tribunales especiales

Los datos presentados por el NCRB han demostrado que un 60% de las 23.117 víctimas recatadas eran niños, mientras que las mujeres y las niñas representaban un 55%.

Un 45% de estas personas sufrieron trata de personas con el fin de ser sometidos a trabajos forzosos y un 33% fueron víctimas de explotación sexual y pornografía infantil, aunque estas personas también han tenido que mendigar, se ha traficado con sus órganos o han tenido que vender drogas.

Los defensores de las leyes antitrata de personas han sostenido que estos datos respaldan los que ya sabían: que las jóvenes son las que más riesgo corren, especialmente de ser esclavas sexuales.

Un responsable de la ONG Justice and Care, Adrian Phillips, ha subrayado que existe un elevado número de adolescentes de entre 15 y 18 años que son víctimas de trata de personas. "Son jóvenes y por eso están expuestas a una mayor demanda en la industria comercial del sexo", ha explicado Phillips.

Los grupos defensores de Derechos Humanos han señalado que aunque en los últimos años el Gobierno ha mejorado en su lucha contra el trata de personas, tanto la Justicia como las medidas emprendidas por las autoridades siguen ignorando a muchas de las víctimas, especialmente a los menores.

El Ejecutivo indio ha puesto en marcha una plataforma online dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos, ha firmado acuerdos bilaterales con países como Bahréin o Bangladesh para hacer frente a esta amenaza y las autoridades ya están trabajando con diversas ONG para instruir a sus responsables en este tipo de cuestiones.

El Ejecutivo del primer ministro, Narendra Modi, también ha anunciado que planea aprobar la primera ley integral de India en materia de trata de personas, que unificará las leyes existentes, priorizará las necesidades de las víctimas y establecerá tribunales especiales para juzgar estos casos.