La raya de 3.200 kilómetros que separa México de Estados Unidos no estuvo bajo vigilancia hasta la creación de la Patrulla Fronteriza en 1924. Antes de esa fecha, cualquiera podía cruzar el río Bravo en una u otra dirección. Cien años después la situación es muy distinta. Decenas de miles de personas se agolpan desde hace días en las ciudades limítrofes de la frontera ante la inminente rescisión de una norma que permite a las autoridades estadounidenses las devoluciones en caliente. El presidente Joe Biden, que recibe a Pedro Sánchez este viernes en la Casa Blanca, ha reconocido que "habrá caos" durante algún tiempo.

Con la excusa de evitar contagios durante la pandemia de covid, el Gobierno de Donald Trump recurrió en marzo de 2020 a una norma sanitaria –el Título 42– para abrir el grifo de las devoluciones en caliente. Desde entonces se ha expulsado de manera expedita a más de  2,5 millones de personas. La medida expira en la medianoche de este jueves, una vez decretado el fin de la emergencia sanitaria. A partir del viernes los demandantes de asilo tendrán la oportunidad de que sus casos sean canalizados en el sistema judicial. Pero bajo la renovada aplicación de la antigua norma –el Título 8–, los migrantes que no cumplan estrictos requisitos para la apertura de un caso serán deportados y no podrán volver a pedir refugio durante cinco años, arriesgándose a penas de prisión si reinciden, algo que no sucede con la legislación del Título 42.

Alentados por las mafias del tráfico de personas y la desinformación, muchos migrantes han interpretado la caída del Título 42 como una relajación de las medidas para cruzar la frontera, cuando en realidad se endurecen las condiciones de acceso al país, como explicó el miércoles el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Pese a ello, cientos de migrantes ya han sorteado las alambradas y se hacinan en Laredo, El Paso, Brownsville y otras localidades estadounidenses próximas a México. Son los desheredados de la Tierra que huyen de la pobreza, la violencia o la persecución política en sus países de origen. A los miles que todavía aguardan en Matamoros, Tijuana o Ciudad Juárez, Mayorkas les conminó a no gastarse los ahorros de su vida en contratar coyotes para su incierto viaje. "La frontera no está abierta", advirtió.

Las autoridades estadounidenses calculan que más de 65.000 personas están desperdigadas por los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a la espera de que expire el Título 42 y puedan cruzar a Estados Unidos sin la espada de Damocles de una devolución exprés. Los centros de acogida de las principales ciudades de esos estados no dan abasto. Ya dan cobijo a unos 25.000 migrantes, principalmente venezolanos y colombianos, pero también muchos centroamericanos que llevan varias semanas recorriendo el continente para llegar a la meta volante del río Bravo.

La Casa Blanca prevé que a partir de este viernes se realicen unas 10.000 detenciones diarias. Para blindar la frontera, Biden ha ordenado el envío de 1.500 militares a la frontera sur que se suman a los 2.500 efectivos ya desplegados. Colaborarán en tareas logísticas y administrativas y aliviarán así el trabajo de los más de 20.000 agentes con los que Washington ha reforzado los pasos fronterizos más transitados.

La crisis es de tal calado que Biden y Andrés Manuel López Obrador hablaron esta semana durante una hora para aunar esfuerzos y coordinar acciones. El presidente mexicano mantiene una buena relación con su homólogo estadounidense, como dejó entrever en su cuenta de Twitter: "Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y, sobre todo, en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. Somos buenos vecinos y amigos". De momento, México opera como muro de contención en los planes de Estados Unidos. El Gobierno progresista de López Obrador ha aceptado hacerse cargo de 30.000 migrantes al mes.

Criminalización

Sin embargo, si hay algo que puede enturbiar las relaciones de vecindad entre países es una frontera. En su libro Violent Borders (2016) el investigador Reece Jones ya alertaba de la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos tras los atentados del 11 de Septiembre. La sinuosa raya que separa ambos países está plagada de cruces. Miles de migrantes han perdido la vida al tratar de alcanzar el sueño americano a través de rutas inseguras y desiertos intransitables. La violencia –recuerda Jones– es producto de la propia frontera y no del movimiento humano. La reciente muerte de 39 migrantes durante un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, no muy lejos de El Paso, Texas, es un fiel reflejo del fracaso de esa política enfocada casi exclusivamente en la criminalización de todo aquel que ejerce el derecho de migrar.

Biden no ha logrado despegarse mucho del legado de Trump en esta materia, más allá de su rechazo a amurallar la frontera. Prometió una mirada más humanitaria hacia el fenómeno migratorio pero en enero endureció los requisitos para la entrada al país. Los demócratas responsabilizan al Congreso de bloquear fondos y de impedir que salga adelante una reforma integral. Si el caos que augura Biden se prolonga, los republicanos aprovecharán la coyuntura para exigir todavía más mano dura contra los indocumentados, a los que tildan de "invasores". Para Trump, el viernes será "un día de la infamia en Estados Unidos".

Las normas restrictivas y las advertencias burocráticas no han frenado, sin embargo, la avalancha humana. El año pasado se registró el mayor número de detenciones de migrantes en tránsito por México en situación irregular (444.000, un 44% más que en 2021), según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Junto a los tradicionales países emisores (Honduras, Guatemala y El Salvador), el flujo migratorio aumentó de forma exponencial desde Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua y Haití.

Biden y Sánchez

Ese previsible caos fronterizo coincide con el encuentro que mantendrán este viernes en Washington Biden y Pedro Sánchez. El Gobierno español participará, junto a Canadá y México, en un proyecto de la Casa Blanca para "impulsar la migración regular, ordenada y segura", según anunció el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a finales de abril. España recibirá migrantes y refugiados latinoamericanos procedentes de centros de tramitación que Estados Unidos abrirá en Colombia, Guatemala y otros países de la región.

Los centros estarán gestionados en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la OIM. "España colaborará con este proyecto identificando y asesorando a personas que puedan ser elegibles para alguna de las vías de migración regular hacia nuestro país", indicó el ministerio en un comunicado.