La Comisión Europea advirtió este martes que la planeada tasa digital en España podría no generar los ingresos previstos por Madrid, provocando dudas sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus propios objetivos de déficit para este año.

El Ejecutivo español aprobó unos presupuestos generales de 2019 en los que se recoge una tasa digital a grandes tecnológicas del 3% de los ingresos de algunos servicios online, con la que prevé obtener 1.200 millones de euros anuales. La tasa es una de las medidas que el Gobierno quiere aplicar este año para elevar los ingresos fiscales y reducir el déficit presupuestario hasta el 1,3% del PIB frente al 2,7% del año anterior.

La Comisión Europea, responsable de controlar los presupuestos de los países de la UE, dijo que la tasa podría no ser tan lucrativa como se espera. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, escribieron en una carta al Gobierno español que tenían "dudas sobre la capacidad estimada" de generación de ingresos de la tasa digital planeada.

En la carta, fechada el 28 de enero, los responsables europeos repitieron que había riesgos de que España no cumpla su objetivo de déficit. El Banco de España dijo el lunes que, teniendo en cuenta los planes de presupuestos de 2019, el déficit se situaría en torno al 2% del PIB este año, por encima del objetivo del Gobierno. Los ministerios españoles de Economía y Hacienda no han hecho comentarios este martes.

España sacó adelante la tasa digital tras el fracaso de su implantación a nivel europeo contra empresas como Google o Facebook, cuyos detractores dicen que pagan demasiado poco redirigiendo sus beneficios a países con bajos impuestos en el bloque.

Las conversaciones sobre el asunto previsiblemente se retomen a nivel europeo en las próximas semanas, aunque sobre una tasa con un alcance menor. Otros países de la UE, como Italia y Francia, que lideraron el impulso al impuesto en la UE durante meses, han introducido gravámenes nacionales que se pondrían en marcha si no se alcanza un acuerdo en Bruselas antes de verano.