¿Significa la celebración de elecciones parlamentarias en Tailandia que el país regresa a la democracia?

Los militares que derrocaron en 2006 al primer ministro, Thaksin Shinawatra, han cumplido su promesa de devolver el poder a un Gobierno civil, celebrando los comicios antes de 2008. Han confirmado además que aceptarán los resultados. Pero analistas políticos y organizaciones de derechos humanos insisten en que la transición democrática en marcha mantiene algunos claroscuros.

'La ley marcial sigue vigente en 31 provincias (casi un tercio del país)', denunció ayer Human Rights Watch . 'Bajo la ley marcial pueden prohibir
reuniones, censurar a los medios de comunicación y detener a cualquiera sin cargos', añade la ONG.

Las provincias bajo la ley marcial están situadas al norte y noroeste del país, las áreas rurales consideradas bastiones políticos de Thaksin. Tras la prohibición de su formación política, Thai Rak Thai, los aliados del ex primer ministro han creado una versión 2.0 del partido, renombrado Partido del Poder Popular (PPP).

Las encuestas señalan como favorito al PPP no sólo en las áreas rurales mencionadas, sino en el conjunto de Tailandia. Le sigue de cerca el Partido Democrático, liderado por Abhisit Vejajiva.

Las previsiones descartan que alguno de los dos partidos obtenga la mayoría absoluta, por lo que deberán formar un Gobierno de coalición.

La necesidad de negociar con otras fuerzas políticas hace temer un periodo de inestabilidad política parecida al que vivió el país en la década de los noventa. Además, despierta dudas sobre las grandilocuentes promesas electorales.

'Lo triste de esta campaña electoral es que los partidos políticos y los candidatos están haciendo promesas que saben que no podrán cumplir', señaló el diario The Bangkok Post en un editorial reciente.

Thaksin fue depuesto en un golpe militar tras meses de protestas. La venta de acciones de Shin Corp, la compañía de telecomunicaciones de Thaksin, a inversores singapureños indignó al país.

Miles de tailandeses exigieron sudimisión al difundirse que la familia del ex ministro había intentado evadir impuestos tras la venta de acciones, valorada en casi 2.000 millones de dólares.

Pese al escándalo político, las clases populares confían en su regreso si el PPP gana las elecciones.