"Las empresas europeas se convierten en cómplices necesarios de crímenes de guerra al explotar los recursos del Sáhara Occidental ocupado de forma ilegal, beneficiarse de negocios ilícitamente ejecutados por Marruecos y emplear o asociarse con población marroquí movilizada al territorio ocupado". Es la principal conclusión del informe Empresas europeas y vulneración del Derecho Internacional en el Sahara Occidental, elaborado y promovido por el grupo de La Izquierda en la Eurocámara y la fundación Mundubat, en vísperas de un viaje de varios eurodiputados a los campamentos del Sáhara Occidental.

Cuando se cumplen varios meses de la crisis ceutí, un año desde que Marruecos hizo saltar por los aires el alto al fuego en el conflicto del Gerguerat y 46 años después de la firma de los Acuerdos tripartitos de Madrid, las relaciones entre Bruselas y Rabat vuelven a encauzarse. Aunque momentos puntuales como el vivido en Ceuta hace unos meses elevó la tensión entre los dos vecinos, por norma general Marruecos es uno de los socios prioritarios y preferentes de la UE, que concede importantes fondos al país de Mohamed VI y a las firmas europeas que operan en el Sáhara Occidental.

"A pesar de la ruptura del alto el fuego, las empresas europeas han seguido expoliando los recursos del Sáhara ocupado, incurriendo en crímenes de guerra, porque entre otros motivos, se están beneficiando del paso fronterizo ilegal del Guerguerat para realizar sus operaciones; se benefician de negocios ilícitamente ejecutados por Marruecos; y fomentan la ocupación del territorio por parte de población no saharaui", afirma el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán, promotor del informe.

Las compañías francesas, españolas y alemanas son las más presentes en el territorio saharaui. Por sectores, los más populares son los destinados a energías renovables, recursos mineros, agrícolas y pesqueros y aquellas especializadas en construcción. La pesquisa señala directamente a la española Indra, a la multinacional Siemens Gamesa Renewable Energy, a la italiana Enel Green Power, a las francesas Engied y CMA CGM y a la alemana HeidelbergCement AG como responsables de invertir en "territorio ocupado vulnerando la legalidad internacional" a través de fondos de la Unión Europea para apoyar sus actividades. De las 28 empresas que invierten o han invertido en el Sahara Occidental ocupado, diez son españolas. Mientras las francesas centran su presencia en las áreas de agricultura y pesca, las españolas destacan por invertir en construcción.

El documento citado arguye que las empresas transnacionales que comercializan o invierten en este territorio no autónomo, pendiente de descolonización y ocupado ilegalmente por Marruecos tienen la obligación legal de respetar los derechos humanos. Y, sobre todo, de contar con el consentimiento expreso de la población saharaui y del Frente Polisario, el representante reconocido por la ONU, para explotar o gestionar sus recursos naturales. De lo contrario, estos "crímenes de colonización" serían contrarios al Derecho Internacional.

Por todo ello, el documento concluye que estas empresas son "cómplices de todas las violaciones de los derechos humanos cometidos por Marruecos", ya que "con su actuar están contribuyendo a la normalización y perpetuación de la ocupación ilegal" y a la obstaculización del proceso de paz auspiciado por la ONU.

Derechos humanos y comercio, el equilibrio casi imposible

La postura de las compañías en el Sáhara Occidental camina en paralelo con la que mantiene Bruselas. La Unión Europea establece un equilibrio casi imposible en su relación con Marruecos y con la excolonia española. Su defensa de las buenas relaciones con Rabat ha desquebrajado la coherencia del bloque comunitario. Por un lado, apoya el proceso de negociación auspiciado por Naciones Unidas y no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Y, por el otro, no adopta la terminología de "territorio ocupado", sino que se refiere a la excolonia española como un "territorio no autónomo de facto administrado por Marruecos".

Pero las grandes costuras europeas no saltan en las palabras, sino en los hechos. La UE y sus Estados miembros han primado las buenas relaciones con el reino alauí y sus enormes intereses comerciales y políticos sobre la coherencia con el Sáhara. Todo ello le ha supuesto sendos varapalos de la Justicia europea. Hace un mes, el Tribunal General de la UE (TGUE) falló en una histórica sentencia que los acuerdos de liberalización y de pesca que la UE mantiene con Marruecos son ilegales porque no cuentan con el beneplácito del Frente Polisario.

Este último veredicto se une a los varapalos previos que la Justicia europea dio a Marruecos y a las instituciones europeas en 2016 y en 2018 siguiendo la misma lógica: el Sáhara Occidental es un actor tercero y, como tal, debe dar su consentimiento explícito a los acuerdos que afectan a sus recursos. El Frente Polisario esgrime que los pactos en vigor contrarían el Derecho Internacional porque se aplican de forma colateral sin el consentimiento de un pueblo en proceso de descolonización. Y la Justicia europea le ha dado la razón.

Tras ello, las instituciones europeas han maniobrado a través de las ambigüedades de lo dictaminado por Luxemburgo para continuar aplicando los acuerdos con total normalidad. La cuestión clave es el estatus de quién representa al pueblo saharaui. Para Bruselas y las capitales, el Frente Polisario carece de los "criterios establecidos por la jurisprudencia europea" para reconocerle como el representante legítimo. Con este posicionamiento, la UE pidió permiso al pueblo saharaui a través de la sociedad civil representada por organizaciones terceras.

Además, los europeos se defienden argumentando que los acuerdos comerciales con Marruecos promueven el desarrollo del Sáhara Occidental otorgándole un beneficio proporcional y equitativo, mientras que los saharauis denuncian que les privan de explotar y beneficiarse de sus propios recursos. El telón de fondo que prevalece en la UE es salvar las relaciones con Rabat, socio al que los pasillos de Bruselas se refieren como "vital", "clave" o "privilegiado".

Desde 2007, Marruecos ha recibido más de 3.000 millones de euros procedentes de la UE en programas como el Instrumento Europeo de Vecindad o el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. A ello hay que sumarle la contraprestación que el reino alauí se lleva en el marco del acuerdo de pesca, que destina 52 millones de euros anuales. "Este hecho, convierte a la Unión Europea en financiador y cómplice de estas situaciones ilegales. Hay que romper con el silencio cómplice de la comunidad internacional y en este caso, de la Unión Europea. Basta de mirar a otro lado cuando se trata del saqueo de los recursos del pueblo saharaui", denuncia Urbán.

La UE deja en manos de la ONU la resolución del histórico y encasillado conflicto del Sáhara. Pero muchos expertos coinciden en que su acercamiento y protección a Marruecos –por cuestiones de necesidad política, de vecindad, migración o seguridad- obstruyen el camino hacia una solución duradera.