24 de octubre de 2016: son las siete de la mañana y decenas de refugiados recogen sus maletas o mochilas y se dirigen hacia la entrada de la Jungla de Calais. Allí les esperan trabajadores de los servicios sociales franceses que los llevarán con autobuses hacia centros de acogida del resto de Francia. Mientras tanto, las excavadoras empiezan a derruir el campamento. Así empezó hace un año el desmantelamiento de la Jungla de Calais, el mayor campo improvisado de inmigrantes de Europa.

Durante tres días, esa “operación humanitaria” permitió evacuar 7.400 personas, entre las cuales había cerca de 2.000 menores. Un año después de su desalojo, el 42% de los refugiados que vivían en la Jungla han conseguido el asilo y el 46% de ellos todavía espera una respuesta definitiva. Entre los menores, 515 consiguieron ser aceptados por el Reino Unido. Pero 709 de ellos abandonaron los centros de acogida, cansados de esperar que el gobierno británico cumpliera con su promesa de acogerlos.

Aunque casi la mitad de los refugiados de la Jungla han obtenido el asilo, la situación en Calais apenas ha mejorado durante este último año. Alrededor de 700 inmigrantes —afganos, sudaneses y eritreos, la mayoría de ellos— malviven en esta localidad del norte de Francia a la espera de cruzar el Canal de la Mancha y llegar al Reino Unido. Con la única ayuda de las asociaciones humanitarias, que reparten 2.000 comidas al día en Calais, estos suelen dormir en los descampados en las afueras de la ciudad, donde sufren las acciones represivas de la policía francesa, cuyo objetivo es evitar la construcción de un nuevo campamento.

Imagen de octubre de 2016. Varios inmigrantes que vivían en la Jungla de Calais observan el desmantelamiento del campamento. - AFP

“Los agentes de policía acostumbran a llevarse las tiendas de campaña y las prendas de ropa de los inmigrantes. Además, suelen gasear su comida y agua”, denuncia a Público Gaël Manzi, el coordinador en Calais de Utopia 56, una asociación bretona fundada en enero de 2016 que no recibe subvenciones públicas y que se financia sólo con donaciones privadas. “Un año después del desmantelamiento de la Jungla, la situación de los refugiados se ha degradado”, asegura a este diario Jean-Claude Mas, el secretario general de la Cimade, una asociación defensora de los derechos de los inmigrantes.

Después de que el Consejo de Estado —la máxima autoridad judicial en Francia— condenara la actitud de la administración y considerara que las condiciones de los refugiados eran “inhumanas y degradantes”, el gobierno francés aceptó a finales de julio la instalación de retretes y puntos de abastecimiento de agua potable. Una veintena de duchas serán instaladas durante las próximas semanas. Tras la publicación el 26 de julio de un informe de la ONG Human Rights Watch sobre la brutalidad policial, titulado “Es como vivir en el infierno”, los abusos de las fuerzas del orden han disminuido. “La presión policial que sufren los voluntarios de las asociaciones se ha reducido. Pero los refugiados padecen los mismos abusos”, explica Manzi.

Además, el gobierno francés abrió en agosto dos nuevos centros de acogida en el norte de Francia. “Trabajadores de France terre d’asile (un organismo estatal) vienen a menudo a Calais para convencer a los refugiados para que se instalen en estos centros, que ya están casi saturados”, explica Manzi. Sin embargo, el coordinador de Utopia56 denuncia que “el gran problema de Calais es que muchos de los inmigrantes que viven allí, ya han visto como rechazaban su petición de asilo”. Muchos de ellos son los famosos refugiados “dublineses”. Es decir, aquellos que ya dejaron sus huellas dactilares en otro país miembro de la Unión Europea. Y de acuerdo con la Convención de Dublín, sólo pueden pedir el asilo en ese primer estado.

El doble discurso de Macron

Ante la situación crítica de los refugiados en Francia, el presidente Emmanuel Macron defiende que la acogida de refugiados es un “deber moral y político en el que Francia debe tener su rol”. Para hacer realidad su objetivo “de que no haya ningún inmigrante más en la calle”, pretende reducir de un año a seis meses el tiempo necesario para tratar las peticiones de asilo. Según anunció el joven dirigente el 9 de octubre, se compromete a crear 10.000 plazas para acoger refugiados procedentes de Turquía, el Líbano, Jordania, el Níger y el Chad. El expresidente François Hollande hizo en 2015 una promesa parecida, pero la incumplió. Francia sólo ha acogido 5.000 de los 30.000 demandantes de asilo que le correspondería según el plan de realojamiento de la UE.

Manifestación ante el Parlamento británico. - REUTERS

El discurso favorable a la acogida de refugiados de Macron contrasta con las políticas de su gobierno. Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el 3 de octubre una nueva ley antiterrorista. Esta permitirá levantar el estado de emergencia a partir del 1 noviembre, pero a cambio introducirá en el derecho ordinario numerosas competencias de este dispositivo de seguridad excepcional, como las detenciones a domicilio y las inspecciones administrativas sin la necesidad de una orden judicial. La nueva legislación antiterrorista también facilitará el restablecimiento de controles de identidad en franjas de veinte kilómetros alrededor de los puntos fronterizos y en el interior de 373 puertos, aeropuertos y estaciones de trenes internacionales.

“La mayoría de estos controles se harán en función de los rasgos faciales. Cuando una persona extranjera sea controlada y no tenga los papeles, esta será encerrada en un centro de detención administrativa (el equivalente de los CIE en Francia)”, lamenta Mas. “Existe una amalgama entre la lucha contra el terrorismo y la lucha contra la inmigración, que es inaceptable”, critica el secretario general de la Cimade.

Además, el gobierno francés está elaborando una nueva ley migratoria, con el objetivo de acelerar las expulsiones y endurecer las condiciones de detención de los inmigrantes. Según el anteproyecto de este texto, el periodo máximo de detención en los CIE franceses será prolongado de 45 a 90 días. La nueva ley también prevé que los refugiados “dublineses” puedan ser detenidos a partir del momento en que la administración francesa haya pedido su extradición, sin esperar que esta sea aceptada, como sucede ahora.

“El gobierno francés distingue entre los buenos (los refugiados a quienes se concede el asilo) y los malos inmigrantes (los “dublineses” y las personas que emigran por motivos económicos)”, asegura Mas. Un año después del desmantelamiento de la Jungla de Calais, la mayoría de los refugiados no son bienvenidos en Francia.